Valoro el rechazo de la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la Ministra Carolina Tohá. Sin duda, fue una acusación que nunca debió presentarse, pues de lo que tuvimos a la vista en la comisión revisora, de la que formé parte, así como en el propio hemiciclo, se deduce de forma clara y concisa la total ausencia de fundamentos y el incumplimiento de los requisitos para realizarla.

El trabajo maratónico que realizó la comisión revisora no fue en vano, como pretendieron instalar algunos de los acusadores. Por el contrario, tuvimos en consideración distintas miradas, todas entregadas por los invitados de la parte acusadora, cuyas intervenciones permitieron formarnos la total convicción sobre la falta de pertinencia de la acusación.

La declaración del ex General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, resume de forma ejemplificadora lo central de esta acusación: la grave crisis de seguridad se originó en el gobierno de Sebastian Piñera, mientras el gobierno de Gabriel Boric se ha dedicado a solucionar esta crisis.

“Quiero señalar públicamente que las autoridades, en este gobierno, se ocuparon de hacerse cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución”, señaló, junto con remarcar que siempre existió coordinación con la ministra del Interior y los subsecretarios Monsalve y Vergara. “La relación con el gobierno no es buena, es extraordinaria. Como nunca en la historia”.

La exposición de Yañez fue contundente respecto de la falta de responsabilidad constitucional de la ministra, así como dio cuenta de una correcta ejecución de las leyes, en particular respecto al fortalecimiento de Carabineros, actores principales en el combate a la delincuencia.

Sin ir más lejos, más allá de la importante inversión ya realizada en mejorar las condiciones de la institución, prontamente se repondrán más de 1.000 vehículos policiales y tendremos 1.300 carabineros más en la calle gracias al nuevo plan presupuestario. El financiamiento de Carabineros crecerá en un 12,5% entre 2022 y 2025.

Este gobierno ha podido impulsar herramientas legales con el objetivo de desbaratar estructuras criminales complejas. Recordemos que se han aprobado 55 proyectos de ley en materia de seguridad, más que los segundos gobiernos de la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera juntos.

Desde la reescritura que han intentado hacer sobre la revuelta popular, la derecha ha dicho en la comisión revisora “no podemos estar de acuerdo con quién te rompe la pierna y luego te compra la muleta”, como forma de responsabilizar al actual gobierno de los ataques sufridos por Carabineros en el estallido.

Ante esto último, yo diría que fueron por lana y salieron trasquilados, pensaron que el General avalaría esta acusación, pero lejos de eso, entregó un sólido y justo reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho este gobierno en materia de seguridad. Más allá de los muchos reparos que, personalmente, tengo hacia el ex director por su rol durante el estallido social, reconozco la contundencia de su apoyo a la gestión de este gobierno, gobierno que los sacó del abandono en que los tenía Piñera.

El texto acusatorio indica que la crisis de seguridad es un “infierno” que fue heredado por el ex presidente y en este sentido, impresiona la falta de lealtad que tiene Chile Vamos con su principal figura política. A la primera oportunidad que tienen de renegar del gobierno que sustentaron, lo hacen con una soltura de cuerpo que sorprende. Aprobar esta acusación constitucional ha sido para Chile Vamos un suicidio político y una bandera de rendición ante la extrema derecha, la que cada vez les achica más la cancha.

Aluden los acusadores a cálculos y proyecciones sin ninguna metodología validable; a informaciones de prensa sin citar la fuente y a imputaciones que consisten en apreciaciones de mérito, especulaciones que en muchos casos.

Solo a modo de ejemplo, la diputada Camila Flores señaló en el debate en sala que Chile tiene una de las tasas más altas de percepción de inseguridad, cuando la verdad es que la encuesta oficial en la materia en Chile, la ENUSC, preparada por el INE, muestra que en 2023 tuvo una disminución de 3 puntos porcentuales comparados con el año anterior.

El diputado republicano, Luis Sanchez, al referirse a los homicidios, menciona los datos STOP, siendo que el estándar para hablar de homicidios es los que trabaja el Observatorio de Homicidios de manera interinstitucional. Mienten como respiran.

Las cifras mañosas aludidas por la derecha extrema solo generan dudas; no me queda claro si cuando hablan de homicidios incluyen o no antecedentes asociados a crímenes de carácter interpersonal, ya que pueden existir homicidios que se dan dentro de la esfera de violencia intrafamiliar o de riñas, que no involucran a bandas criminales.

Los delitos que ocurren en contexto VIF, que por cierto son gravísimos, dicen relación más bien con la falta de educación emocional. Para combatir ese tipo de violencia, parte de la solución va más allá del equipamiento de las policías o las detenciones, sino que se deben adoptar medidas que apuesten a la educación, la prevención y, por cierto, las oportunidades.

Porque, cuando hablamos de seguridad, también tenemos que hablar de seguridad humana, de derechos básicos que deben garantizarse, de oportunidades, de trabajo y vivienda digna, de acceso a la salud, de calidad en la educación.

Todos temas de fondo sobre los cuales a la derecha chilena le cuesta hablar, porque les gusta enarbolar banderas de lucha respecto a la seguridad, que es el único tema con el que pueden conectar con la ciudadanía, amplificando sus justos temores, con el gentil auspicio de matinales y noticieros. En todo lo demás, están totalmente disociados de lo que la gente necesita.

En fin, no puedo dejar de lamentar la inmensa pérdida de tiempo y energía que ha significado para la Cámara de Diputadas y Diputados esta acusación constitucional, desacreditada por todos y cada uno de los invitados de la parte acusadora que fueron escuchados por la comisión revisora que me correspondió integrar.

Parece ser que la desesperación está llevando al sector más duro de la oposición a dar erráticos pasos a modo de improvisada cortina de humo, la que a su vez, intenta ocultar la guerra fratricida que atraviesa a la derecha chilena, a dos semanas de las elecciones. La ciudadanía juzgará.