El Crédito con Aval del Estado (CAE) es un sistema de financiamiento de la educación superior en Chile que fue implementado en 2005. Su objetivo fue democratizar el acceso a la educación, permitiendo que estudiantes de diversos orígenes socioeconómicos accedieran a instituciones de educación superior. Sin embargo, el CAE ha suscitado un amplio debate sobre su efectividad, el impacto en la calidad educativa y su rol en la privatización del sistema educacional terciario.

Hitos clave en la evolución del CAE

Implementación (2005): El CAE facilita el acceso a la educación superior mediante créditos garantizados por el Estado, lo que reduce el riesgo para las entidades financieras, lo que permite, a su vez, una mayor disponibilidad de fondos.

Crecimiento de la matrícula (2005-2023): Desde su implementación, la matrícula en educación superior ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, la Universidad San Sebastián (USS) pasó de 9.663 estudiantes en 2005 a 48.175 en 2023, un incremento del 398%. Este crecimiento ilustra el impacto del CAE en la expansión de instituciones privadas.

Concentración de recursos (2006-2023): Entre 2006 y 2023, el 68% de los recursos del CAE se concentraron en 20 instituciones, entre las cuales destacan conglomerados como:

• Grupo Laureate (actual Fundación Educación y Cultura): 20,5% de los recursos, matrícula aumentada de 56.489 a 190.818 (+237,8%).

• Grupo Santo Tomás: 11,6% de los recursos, matrícula de 31.294 a 91.662 (+192,9%).

• Grupo Pontificia Universidad Católica: 10,7% de los recursos, matrícula de 51.026 a 144.030 (+182,3%).

• Grupo INACAP: 7,5% de los recursos, matrícula de 38.269 a 97.958 (+156%).

Instituciones investigadas por lucro: Se destacan siete instituciones que han sido investigadas por lucro, principalmente debido a la existencia de sociedades espejo de propiedad de sus controladores, entre ellas se encuentran la USS, Universidad Autónoma, Universidad Central, SEK, del Desarrollo, del Alba, Internacional SEK y UNIACC. En conjunto, estas universidades tenían una matrícula de 36.583 estudiantes en 2005, la que aumentó a 132.434 en 2023 (+262%).

Recompra de créditos: Hasta la fecha, el Fisco ha recomprado aproximadamente el 58,9% de los créditos otorgados a través del CAE, con un sobreprecio del 25,3%, es decir, si la banca presta 10 créditos CAE por $1 millón, el Estado le recompra casi de inmediato 6 de esos créditos por un monto de $1,25 millones, independientemente de la situación de pago. En el caso de la USS, el Fisco ha recomprado el 67% de los créditos entregados con un sobreprecio del 27%.

Movilizaciones estudiantiles (desde 2011): Estas han exigido una educación pública de calidad y cuestionado el modelo de financiamiento. Esto llevó a la creación de políticas de gratuidad en 2016, que también benefician a instituciones privadas, generando debate sobre el uso de recursos públicos.

Efectos en las instituciones de educación superior

El CAE ha permitido un crecimiento significativo en el número de instituciones privadas, muchas de las cuales han visto un aumento desproporcionado en sus matrículas y utilidades. Los conglomerados educativos han obtenido utilidades millonarias gracias a los recursos del CAE, lo que plantea interrogantes sobre la relación entre educación y rentabilidad.

De hecho, las universidades privadas reportan márgenes de ganancia que oscilan entre el 20% y el 30%. Este fenómeno ha llevado a que la educación se convierta en un negocio, en vez de un servicio público.

Efectos en los estudiantes

Ha generado un endeudamiento significativo. Actualmente, más de 845.000 personas están endeudadas por el CAE, afectando su calidad de vida y oportunidades laborales.

Y aproximadamente el 30% de los graduados trabaja en ocupaciones no calificadas, lo que indica que muchos no logran recuperar su inversión educativa.

Implicaciones socioeconómicas

El sistema del CAE ha beneficiado principalmente a las instituciones privadas y a la banca, a expensas del Estado y los estudiantes. La falta de un financiamiento adecuado para la educación pública ha contribuido a la desigualdad en el acceso a la educación superior, dejando a muchos estudiantes en una situación precaria.

Chile presenta un sistema de educación superior predominantemente privado, donde solo el 15% de la matrícula corresponde a instituciones públicas. Esto refuerza la idea de que la educación es un bien comercial, más que un derecho fundamental.

Finalmente, urge repensar el financiamiento de la educación superior, buscando un modelo más equitativo que priorice la educación pública y responda a las necesidades de la sociedad y el mercado laboral.

La educación debe ser vista no solo como un derecho, sino como un bien público esencial para el desarrollo sostenible del país. Implementar políticas que aseguren un acceso equitativo y de calidad a la educación superior es fundamental para garantizar que el financiamiento público beneficie a todos y no solo a un selecto grupo de instituciones privadas.