El conflicto comenzó cuando una detective de la Policía de Investigaciones (PDI), que había sido formalizada por el delito de apremios ilegítimos en marzo de 2024, se encontró con que la institución le suspendió su sueldo.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, inicialmente, la detective estuvo bajo prisión preventiva, pero en abril, esta medida fue cambiada por arresto domiciliario total y, más tarde, en julio, por arresto domiciliario nocturno.

A pesar de que su situación legal le permitía trabajar durante el día, la PDI mantuvo la suspensión de su salario, lo que llevó a la funcionaria a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.

Tras ser formalizada por el incidente ocurrido durante un procedimiento policial en Colina, se le impuso inicialmente prisión preventiva.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esta medida fue modificada, lo que le permitió tener libertad durante el día y continuar trabajando en la institución.

A pesar de esto, la PDI argumentó que, al no estar en funciones efectivas, no tenía derecho a recibir su remuneración.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y determinó que, desde el 1 de julio de 2024, la detective estaba en condiciones de cumplir con sus labores durante el día, por lo que la suspensión de su sueldo no estaba justificada.

El tribunal señaló que, aunque la funcionaria estuvo bajo arresto nocturno, esto no le impedía trabajar en los turnos diurnos.

La decisión de mantener el sueldo suspendido se consideró arbitraria e ilegal, ya que no se ajustaba a las circunstancias actuales de la detective.