El caso comenzó cuando, después de unas vacaciones de invierno, el padre de un niño notó algo extraño: la madre del menor no lo había llevado al colegio como había prometido.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, preocupado por la falta de respuestas y al descubrir que la madre había dejado su domicilio con maletas, el padre sospechó que su hijo había sido llevado a Bolivia sin su autorización.

El abuelo del niño, preocupado por la situación, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

A medida que avanzaba la investigación, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmó que la madre del niño había salido de Chile en abril de 2017 rumbo a Bolivia.

Sin embargo, no había registros de la salida del menor, lo que aumentaba las sospechas de que el niño había sido trasladado de manera irregular.

Conversaciones por WhatsApp entre el padre y la madre también revelaron que ambos se encontraban en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y la madre incluso solicitó dinero, que fue enviado por Western Union.

El 26 de septiembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió acoger el recurso de amparo presentado por el abuelo del niño.

La Corte concluyó que el menor había sido sacado del país sin la autorización de su padre, lo que representaba una grave amenaza a su libertad y seguridad.

Por este motivo, la Corte ordenó remitir todos los antecedentes al Ministerio Público y al Servicio Nacional de Protección a la Niñez para que investiguen el caso y tomen las medidas necesarias para proteger al menor.

Además, uno de los ministros sugirió la posibilidad de que la Policía de Investigaciones realice diligencias internacionales para ubicar al niño y asegurar su retorno a Chile.