A fines de septiembre, la empresa Colbún decidió desistir de un proyecto de US$ 1400 millones para desalinizar agua, generar y almacenar energía en Taltal. Esto luego de que la dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Antofagasta decidiera terminar de forma anticipada la evaluación ambiental del proyecto, por falta de información en el estudio presentado por la empresa, que impedía evaluar su impacto ambiental.

Un día después del anuncio de Colbún, desde el nivel central se solicitó la renuncia del director regional del SEA de Antofagasta, a cargo de tomar la decisión. “Hay funcionarios que a veces se les pasa un poco la mano”, comentó el ministro Mario Marcel en relación al tema.

La salida del director regional generó una serie de declaraciones cruzadas entre la dirección del servicio y los trabajadores, así como llamados de alerta por parte de organizaciones ambientales por posible “presión indebida” en “concomitancia” entre el poder central y la empresa, y pedidos de explicación por parte de diputados y senadores.

Declaraciones cruzadas  

Ahora, el ex director regional removido de su cargo, Ramón Guajardo, también se refirió a la polémica, declarando en el Diario Financiero que la dirección ejecutiva del SEA, que luego pidió su renuncia, había estado de acuerdo con las razones técnicas y jurídicas para dar término anticipado al proyecto de Colbún.

Esto coincide con el comunicado publicado por la Dirección Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea), donde se explica que los argumentos técnicos levantados por la dirección regional para dar término anticipado al proyecto fueron validados y respaldados por la Dirección Ejecutiva previo a la decisión.

Esta versión se contradice una declaración de la dirección ejecutiva del SEA, donde se aclaraba que la decisión sobre el proyecto “se tomó exclusivamente en Antofagasta” y que como dirección ejecutiva seguirían trabajando para “uniformar criterios para que sean aplicados a nivel nacional, buscando de esta manera otorgar mayores certezas técnicas y jurídicas para todos los proyectos que ingresan al sistema”.

Congresistas piden explicaciones

Congresistas de la Comisión de Medio Ambiente del Senado acordaron oficiar al Ministerio de Medio Ambiente para que la Directora Ejecutiva del SEA explique en mayor detalle la situación y las razones para pedir la renuncia del director.

A esto se sumó la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, que exigió explicaciones sobre la salida del director regional en la sala de la Cámara de Diputados. “No me gustaría pensar que fue la pataleta de la empresa en medios de comunicación y la presión de la oposición lo que motivó el actuar del Ejecutivo”, comentó.

Colbún y término anticipado

La renuncia involuntaria del director del servicio no hizo cambiar de opinión a la empresa titular del proyecto, desde donde el CEO José Ignacio Escobar declaró ante los medios que el proyecto seguiría suspendido de forma indefinida “hasta que no tengamos certeza respecto a los criterios de evaluación, y hasta una cierta certidumbre en los plazos que esto significaría”.

El término anticipado del proceso de evaluación ambiental al que se sometía el proyecto se dio porque la empresa presentó información deficiente, que no caracterizaba de forma completa las especies que se encuentran en la zona de influencia del proyecto ni el medio humano afectado, impidiendo evaluar de forma correcta los impactos ambientales.

Como se ha explicado desde el SEA en otras oportunidades, el término anticipado no implica un rechazo al proyecto sino un llamado a la empresa titular a recabar información completa para volver a iniciar el proceso de evaluación de forma que se pueda completar.