Esta semana, la empresa Colbún decidió desistir de un proyecto de US$ 1400 millones para desalinizar agua, generar y almacenar energía en Taltal. Esto luego de que la dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidiera terminar de forma anticipada el proyecto, por falta de información para evaluar su impacto ambiental.

Un día después del anuncio, desde el nivel central se solicitó la renuncia del director regional del SEA de Antofagasta, a cargo de tomar la decisión. “Hay funcionarios que a veces se les pasa un poco la mano”, comentó el ministro Mario Marcel en relación al tema.

Pero la salida del director regional generó preocupación en cierto sector del ambientalismo, y también despertó críticas desde el sindicato de trabajadores del servicio, y también desde comunidades indígenas que se oponían al proyecto en la comuna de Taltal.

Trabajadores

Desde la Dirección Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea), declararon apoyo al director y malestar por su salida, “la que se podría interpretar como presiones políticas y/o empresariales contrarias a los principios que el SEA debe ejercer”, declaran en un comunicado.  

Según el sindicato, la decisión de terminar el proyecto de forma anticipada se hizo de acuerdo a los lineamientos “del Memo 32 de la Dirección Ejecutiva”, donde se instruye que antes de resolver el término es necesario consultar a dicha dirección mediante una minuta.

Según declaran en el comunicado, dicha minuta fue enviada a la Dirección Ejecutiva el 1 de agosto, y el 6 de agosto se recibió la respuesta donde la dirección “valida y respalda los argumentos técnicos presentados por la dirección regional respecto al término anticipado del proyecto”.

Así, desde el sindicato contradicen una declaración de la dirección ejecutiva del SEA, donde se aclaraba que la decisión sobre el proyecto “se tomó exclusivamente en Antofagasta” y que como dirección ejecutiva seguirían trabajando para “uniformar criterios para que sean aplicados a nivel nacional, buscando de esta manera otorgar mayores certezas técnicas y jurídicas para todos los proyectos que ingresan al sistema”.

Los trabajadores también critican en su comunicado los dichos del ministro Marcel, que en su opinión “ponen en tela de juicio el trabajo desempeñado por este Servicio y todos sus funcionarios, dando argumentos espurios respecto de las razones por las que este proyecto salió del proceso de evaluación”.

Por último, recalcan que el director regional al que se le pidió la renuncia había recibido notas de mérito por parte de la dirección ejecutiva en mayo de este año, y que bajo su gestión se aprobaron 192 proyectos equivalentes a un monto de inversión de US$ 23 mil millones aproximadamente, por lo que rechazan la afirmación de que haya “obstaculizado el desarrollo de la inversión en el país”.

Ambientalistas

El hecho también generó consternación en el mundo ambiental. Es el caso del abogado ambiental y director de la ONG FIMA, Ezio Costa, quien declaro que “si el término anticipado del proyecto es la razón de la salida del director regional, es una pésima señal que da cuenta de una concomitancia con los titulares del proyecto, que a mi juicio no debiera existir al interior de la institucionalidad ambiental”.

Se suma a sus palabras el coordinador de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, Felipe Moreno, quien declaró que “es preocupante la presión indebida que se ejerce sobre la institucionalidad ambiental, y más aún que se exija la destitución de funcionarios que cumplen con su labor y con la ley”.

Para Costa, esta situación ilustra que la centralización en la toma de decisiones dentro del SEA “posibilita que haya más control político de las decisiones, lo que no es positivo para la evaluación ambiental”.

Esto también se critica en la reforma al servicio que se está tramitando en el Congreso. Más de 200 ONG, incluyendo FIMA, firmaron una carta contra la dirección que ha tomado el proyecto a raíz de sus indicaciones, que lo convertirían en un “traje a medida” para inversionistas, y más susceptible al control político del gobierno de turno.

Comunidad Changa

Desde la comunidad indígena Changa Elly Morales reiteraron su rechazo al proyecto de Colbún. “Este proyectono solo destruirá ecosistemas marinos únicos y frágiles, afectando la flora y fauna que nos rodea, sino que también trastocará profundamente nuestras tradiciones, las cuales están intrínsecamente ligadas a la protección y uso sustentable del mar y sus recursos”, declararon.