Marcelo Sánchez: “El costo de la delincuencia y el crimen organizado lo están pagando los niños”
Solo en 2023, 66 niños fueron asesinados. En cerca del 40% de los casos, según datos del Ministerio Público, los menores de edad asesinados estaban envueltos en un “contexto delictual”. La cifra, según explica Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, no tiene otra explicación que la extensión del crimen organizado en el territorio.
“En Chile sigue existiendo un alto nivel de exclusión social en ciertos territorios y es en esos lugares donde entra y se asienta con mayor facilidad el narcotráfico”, dice Sánchez sobre las causas de la crisis y apunta: “Eso tiene como inmediata consecuencia que en estos lugares el crimen organizado comienza a reclutar niños y jóvenes para sus actividades”.
—¿Qué tan grave resulta para la infancia el avance sostenido del crimen organizado?
Lo primero que hay que considerar es lo impactante de las cifras. La tasa de victimización de niños ha ido creciendo de manera sostenida durante estos últimos 5 años, periodo en que hemos debido lamentar el homicidio de 283 niños. Si solamente miramos la estadística de 2023, nos damos cuenta que los homicidios de menores de edad subieron de 54 a 66. Peor aún, mientras la tasa de homicidio descendió, la de niños aumentó un 22,4%. Ante ese panorama la conclusión no puede ser otra que hoy en día el costo de la delincuencia y el crimen organizado lo están pagando los niños.
—Como víctimas y victimarios.
Efectivamente, porque cuando tú miras la cifra de victimización, te vas a encontrar que 6 de cada 10 niños involucrados en estas situaciones estaban participando en acciones delictivas.
—¿Qué características tiene este fenómeno?
Lo primero es que este fenómeno está fuertemente arraigado en zonas urbanas. La mayor cantidad de homicidios de niños en 2023, se distribuyó principalmente entre las regiones Metropolitana, Valparaíso y del Biobío. Eso coincide en que es en las grandes ciudades donde suele asentarse el crimen organizado, sobre todo en aquellas comunas donde el Estado no está presente. Desde el lado de las cifras, vemos que el menos del 30% del territorio explica la delincuencia del otro 70%. Ahí lo que nos damos cuenta es que la variable de la exclusión social golpea mucho más fuerte a la niñez. Y eso tiene como inmediata consecuencia que en estos lugares el crimen organizado comienza a reclutar niños y jóvenes para sus actividades.
—¿Con qué propósito?
Yo diría que hay tres principales motivos. El primero es que se rompe la cohesión social. Cuando el crimen organizado recluta a niños busca impunidad social, romper las relaciones sociales que se desarrollan en el territorio. Porque cuando un menor de edad comienza a participar en estas organizaciones delictivas las familias se rompen y los vecinos comienzan a desconfiar de otras familias que pueden estar participando en bandas. En segundo lugar, el crimen organizado busca utilizar para su propio beneficio la protección legal de la cual gozan niños y jóvenes, que por cierto es necesaria. El sistema penal adolescente opera desde los 14 hasta los 18 años, y tiene como característica que las penas son menos severas en comparación al sistema penal adulto. Eso, una organización criminal lo entiende como un beneficio, porque utiliza a los niños y adolescentes en delitos más graves y violentos sin la consecuencia de las altas penas que se dictan para esos crímenes. Y el tercer elemento del porqué el crimen organizado utiliza a los niños, es porque la tendencia en los sistemas de percusión de Latinoamérica es de acortar los plazos de investigación cuando participan menores de edad en los delitos. Estas tres razones; el trasladar el costo punitivo, romper la cohesión social y dificultar la labor de investigación
—¿Diría que esto es un fenómeno más bien reciente?
Es algo relativamente nuevo en Chile, porque el reclutamiento de niños para efectos delictivos es una estrategia que se ha consolidado desde el narcotráfico internacional. En Chile, las bandas transnacionales operan con mayor fuerza desde hace cinco años.
—¿Entonces la importación del crimen internacional es la principal razón de que se haya extendido el reclutamiento de niños como “soldados”?
Por supuesto, y eso tiene su explicación en que el narcotráfico que había acá en Chile se relacionaba con micro traficantes o narcotraficantes locales. La droga y el modelo provenía básicamente de la marihuana que se internaba en el país desde Paraguay, país en donde la estructura criminal es bastante más aislada, no opera en consorcio como otros carteles internacionales. Ahora en cambio, desde la introducción de la marihuana cripy, mayormente desde Colombia, la situación ha empeorado. Además, hay una asociación estratégica con el narcotráfico mexicano que es especialista en la importación y exportación de armas de mayor calibre por su frontera con Estados Unidos. Y sin ir más lejos, sabemos que hoy en Chile operan cárteles como Los Jaliscos, los Pulpos o el más conocido que es el Tren de Aragua.
—O sea que la falta del control de armas también termina afectando a los niños
Así es, porque el mercado se ha extendido a tal punto que en algunos territorios se pueden encontrar armas modificadas incluso en ferias libres. En Antofagasta, por ejemplo, se decomisaron armas modificadas en las colas de las ferias. Y si uno mira la estadística se encuentra con que cerca del 20% de las armas decomisadas en esa región estuvieron en manos de niños. Eso es tremendamente grave porque también hay que considerar que estas armas modificadas tienen mayor poder de fuego.
—Además de la marihuana, hoy se ve que el tráfico y consumo de drogas sintéticas está mucho más extendido en el país, y por ende en los niños ¿de qué forma esta situación se relaciona con la situación de menores que se involucran en estructuras criminales?
Lo que ha estado empezando a pasar a nivel de droga es que hoy día los jóvenes, particularmente los adolescentes están accediendo a drogas mucho más adictivas y de más bajo precio, que son las drogas sintéticas. La PDI ha dado cuenta del desbaratamiento de varios laboratorios clandestinos en los que se ha visto que la droga “se patea”, como se dice en la jerga delictual, con componentes bastante nocivos. El “tusi”, por ejemplo, que se elabora en base a analgésicos de caballo, se mezcla con otras sustancias, incluso jugo en polvo. Y el otro factor que hay que observar con atención es el aumento de importación de maquinaria para moldear pastillas.O sea, esa idea de que Chile era solo un pasadizo de la droga murió hace bastante tiempo. Hoy lo que vemos es que el crimen organizado se vino a instalar a producir droga.
—Y por consecuencia llega más droga a los niños…
Claramente, hoy existe un mercado extendido y robusto de droga que es atractivo para niños y jóvenes. La distribución es mucho más simple, al punto de que el tudi está llegando a las salas de clases. El consumo de drogas es en gran parte el causante de los niveles de violencia que hoy se ven en el aula escolar. El nivel de conflicto ha crecido después de la pandemia sobre un 40%. Y por otro lado, los jóvenes hoy tienen un conocimiento mucho más amplio del uso de drogas.
—¿Y en cuanto al uso de drogas al momento de cometer crímenes? ¿Es algo que ha comenzado a ser más común?
Se da muchísimo. Por ejemplo, hoy vemos que los menores de edad combinan el consumo de alcohol con clonazepam lo que produce un efecto similar al de la cocaína. Eso te da un nivel de activación tal que no permite racionar, lo que da paso a que los niños que participan en crímenes sean más violentos. O sea, a ti te pueden asaltar y aunque cooperes puede ser que recibas un disparo o seas víctima de una golpiza porque la droga enajena a quienes cometen delitos en ese estado, sobre todo cuando hablamos de niños. Y por consecuencia, es más probable que un portonazo o una encerrona termine con víctimas fatales.
—Esta realidad que describe es bastante dramática y la conclusión lógica es que el Estado ha sido incapaz de frenar esta crisis ¿en qué se ha fallado para llegar a este punto?
Lo que yo observaría en primer lugar son las variables más estructurales. En Chile sigue existiendo un alto nivel de exclusión social en ciertos territorios y es en esos lugares donde entra y se asienta con mayor facilidad el narcotráfico. Seguimos viendo poblaciones en que los negocios cierran a las cinco de la tarde, donde no hay acceso a la salud pública, o que no hay transporte. Esas vulneraciones son aprovechadas por el crimen organizado, porque en cierto sentido lo que intentan las bandas es suplir la labor pública. Mientras no haya inversión privada en los territorios, empleo, escuelas, y en general seguridad social, el narco seguirá ganando terreno en el territorio.
—¿Y los programas de prevención y reinserción no cumplen ningún rol relevante para contener esta crisis?
Lo que pasa es que la oferta pública es muy débil y los programas que funcionan no tienen cobertura. Por ejemplo, la terapia multisistémica, que es uno de los mejores programas disponibles para atender el inicio temprano de trayectorias delictivas, solo tiene capacidad para recibir a un 10% de los niños que están en situación riesgosa. Porque de los 36 mil niños que son denunciados solo 2.900 pueden acceder a un cupo de este programa. O sea, ni siquiera está la capacidad para dar una cobertura mínima. Y ese niño que ha delinquido a los 12 años y que es enviado vivir con la familia, que en muchos casos puede adherir a modelos parentales antisociales, finalmente no recibe atención y después sigue en la trayectoria delictiva al punto de no retorno. Por otro lado, la mayoría de los programas de prevención están disponibles desde los 14 años en adelante, mientras que la evidencia muestra que donde se debe invertir es en la infancia temprana; trabajar con las familias, porque las familias tienen el vínculo que permite que los niños cambien y se prevengan su inserción en el mundo delictivo a través de la construcción de los lazos sociales. Los que somos padres sabemos que los niños nos hacen casos hasta cierta edad y después los cabros se bloquean mentalmente y salen a construir su identidad. Por eso hay que jugársela para establecer programas efectivos en la infancia temprana, fortaleciendo las familias, la escuela y la comunidad.
—Hoy no se ve que sea una prioridad otorgar más recursos para este tipo de programas…
Y es una lástima, porque ahí debería estar el centro de la discusión. Pero también hay que decir que seguimos en la inercia estatal de seguir aportando recursos a programas que no funcionan. Hoy la oferta es deficitaria. Por dar un ejemplo, se está instalando el sistema de protección integral para la niñez con las oficinas locales desde hace poco más de un año. El equipo ha instalado más de 190 oficinas locales, pero no tienen oferta, no cubre todos los perfiles etarios, no cubre el trabajo con las familias, con las escuelas, no tiene la calidad adecuada con un modelo de intervención eficiente. Entonces no se trata solo de dar más recursos, también hay que repensar en dónde y cómo se está gastando la plata.
—Este año el gobierno lanzó la nueva política nacional de niñez y adolescencia, ¿ve alguna esperanza en esta iniciativa?
Lo primero es que creo que no ha existido una evaluación real de cómo funcionó la política anterior. Y si queremos terminar con la crisis que hoy día tenemos, lo primero es cuestionarse por qué llegamos acá. Si tenemos cuatro veces la lista de espera en Mejor Niñez, si tenemos una implementación de un sistema de protección integral que no cuenta con la oferta en calidad y cantidad necesaria para poder hacer la pega preventiva, si seguimos teniendo estos índices catastróficos de deserción escolar, con cifras históricas, y con los niveles de consumo que vemos hoy en día, tenemos que reflexionar de por qué no funcionó la primera política nacional.
Hoy tenemos una situación de crisis en ciernes. Y por supuesto queremos ver que esta política se haga cargo de reducir esta situación de crisis. Pero qué respuesta se están dando a las preguntas fundamentales, ¿cómo van a reducir las listas de espera de mejor niñez? ¿Cómo se van a preocupar de implementar un sistema preventivo con oferta de calidad y cobertura adecuada a nivel local?
¿Cómo van a fortalecer a los municipios para ejercer la protección necesaria? Si tenemos una ley en marco que no tiene mecanismos de exigibilidad no vamos a obtener ningún resultado.