Una mujer fue detenida el 13 de octubre de 1975 por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) durante la dictadura en Chile.
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En ese momento, ella era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La mujer fue llevada a varios centros de detención donde fue sometida a torturas físicas y abusos sexuales. Estas experiencias dejaron en ella secuelas graves tanto físicas como emocionales.
Durante casi un año, sufrió dolor constante, malos tratos y violencia que afectaron su salud de por vida.
Después de su liberación, en septiembre de 1976, aún era perseguida y vigilada por agentes del Estado, lo que la obligó a irse al exilio en Francia hasta 1989.
Tras años de sufrimiento, esta mujer decidió demandar al Estado por el daño moral causado por estas violaciones a sus derechos humanos.
Presentó pruebas de las secuelas que estas torturas dejaron en su cuerpo y su mente, como problemas articulares, sordera y un dolor crónico conocido como fibromialgia, además de los traumas psicológicos que la han acompañado desde entonces.
El tribunal de primera instancia le otorgó una indemnización de $50.000.000 por el daño moral que sufrió, pero la mujer apeló buscando una mayor compensación debido a la gravedad de los abusos.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y decidió aumentar la indemnización a $100.000.000, reconociendo que los crímenes que sufrió son de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben y deben ser reparados por el Estado.
"Se fija en la suma de cien millones de pesos la indemnización por concepto de daño moral que deberá pagar el Fisco de Chile a la demandante, debido a la gravedad de las torturas y abusos sufridos, y las secuelas físicas y psicológicas que han afectado a la víctima a lo largo de su vida", señalaron en el fallo judicial.