La oligarquización de las sociedades es un fenómeno que se ha venido planteando a nivel global durante la última década. Jeffrey Winters actúa de punta de lanza en este debate, con su libro Oligarquía, en el que indica que hablar de “élites” o de “gobierno de los pocos” no estaba bastando para caracterizar adecuadamente a quienes tenían verdaderamente el poder.

Había que recuperar un término clásico, oligarquía, pues hay una clase dominante que para ser exactos debe caracterizársela como oligarcas, dado que se trata de actores que controlan grandes concentraciones de riqueza y que utilizan todos los recursos materiales de los que disponen, con la finalidad principal de defender su riqueza personal y las posiciones sociales exclusivas que poseen.

La oligarquización de las sociedades, el principal problema de nuestra época, se sostiene en una concentración de la riqueza que prácticamente no tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Al respecto Thomas Piketty indicaba el 2013 que los niveles de concentración de riqueza hoy eran similares a los de tiempos feudales, cuestión que en números ratifica un estudio de oxfam, que muestra que el 1% más rico del mundo tiene más riqueza que el 95% inferior de la población mundial.

Esta situación no es ajena a nuestro país, pues según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país. Esta cuestión se replica a nivel empresarial, pues el SII indicaba el año 2023 que el 1% de las empresas explica casi el 90% de las ventas.

Cuando una sociedad presenta tales niveles de concentración de la riqueza, es la sociedad completa la que termina estando amarrada de manos y pies, pues el poder real de las oligarquías logra mantener el devenir de los países atado a sus intereses, neutralizando la voluntad popular y dañando seriamente la democracia.

Mientras más riqueza acumulan este puñado de personas, más posibilidades tienen de actuar al margen de la ley, de chantajear o comprar parlamentarios, jueces, medios comunicacionales, etc. Se trata de un grupo que, en la práctica, termina viviendo por fuera de la ley, creyendo simplemente que la ley no está hecha para la gente rica.

En su sentido originario, toda la institucionalidad republicana fue pensada desde una lógica de los contrapesos, justamente para operar como dique de contención ante las amenazas oligárquicas. Eso es el Estado de Derecho: que nadie esté por sobre la ley.

Pero en condiciones neoliberales, claro está, lo anterior una entelequia, pues, como ha indicado Carlos Fernández Liria, estas sociedades no están en “estado de derecho”, sino que más bien el derecho está en estado de sociedad o, lo que es lo mismo, subordinado al orden neoliberal y, por lo tanto, la institucionalidad pública subordinada al poder económico y no al revés, como debería ser.

Lo anterior caracteriza bien lo que estamos viendo en vivo y en directo en nuestro país, pues lo ocurrido con el “caso audios” muestra de manera prístina la existencia de una élite, una verdadera casta, que transita entre la institucionalidad pública y los negocios y que, a través de mecanismos al margen de la ley, usa sistemáticamente todas las instituciones que tienen a su disposición para volcarlas al beneficio propio.

El gobierno de Sebastián Piñera fue el paroxismo de este uso oligárquico de las instituciones. Recordemos que siendo jefe de Estado llevó a sus hijos a viajes oficiales a cerrar negocios, aumentó su patrimonio a través de especular con los litigios limítrofes del país (diferendo marítimo con Perú) y estaba involucrado económicamente en el caso de la minera Dominga.

Y es que hay que entender algo: el escándalo del que nos enteramos esta semana, con los 17 millones de pesos que la Universidad San Sebastián le pagaba mensualmente a Marcela Cubillos para financiar su carrera política, no es un caso aislado. Pues lo de Cubillos es también lo de Chadwick y lo de Ward; es lo de Hermosilla, de los hermanos Jalaff, de Sauer y Topelberg; es lo de Orpis y Ponce Lerou; lo del “Choclo” Délano, Carlos Lavin y, por supuesto, lo de Sebastián Piñera.

Ninguno de estos fueron un caso aislado. Representan más bien un modo de vida; no un modus operandi, sino un modus vivendi, que articula la oligarquía y la democracia en esta “democracia oligárquica” que son Chile y los países neoliberales.

La sociedad chilena tiene derecho a defenderse. Para eso el rol que ha cumplido la prensa es fundamental. El ágora pública, la transparencia, permite el alumbramiento de la verdad. La visibilidad y el espacio público es la garantía de los sencillos. La respuesta institucional, que hasta ahora ha sido la adecuada, es también fundamental y en eso la transparencia vuelve a jugar un rol clave: si las sombras predominan entonces la corrupción triunfa y somos testigos de inmorales perdonazos y clases de ética para los corruptos.

En esa línea, es crucial desplegar un programa político y una agenda legislativa de fortalecimiento de las instituciones republicanas, estas son la única garantía de las mayorías para detener la corrosión oligárquica de nuestra sociedad, pues al final del día, mientras los ricos tienen herencias, los pobres tienen instituciones.

Las leyes anticorrupción, el levantamiento del secreto bancario, la reforma a la administración del poder judicial (que incluye el nombramiento de jueces, pero no se reduce a aquello) van en esta línea.

Pero, por último, y ante un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, es imperativo que quienes representan a esta camarilla oligárquica sean derrotados democráticamente. Y es que sorprende la sola desfachatez de sus candidaturas en medio de la trama de corrupción más grande de la que tengamos memoria.

Estos sectores deben ser derrotados para que una cuestión muy básica ocurra: que las instituciones funcionen, lo que con ellos en el poder ha quedado demostrado que no ocurría. Esta es la primera garantía para asegurar la democracia y el progreso de Chile.