A cinco meses de la constitución de la Comisión Especial Investigadora que fue impulsada para fiscalizar los actos de gobierno y el Ejército en el denominado Caso Putre, la instancia votó el lunes de esta semana el informe y sus respectivas conclusiones que, entre otras cosas, apuntan a “vulneración de derechos humanos” y la responsabilidad de la institución castrense en la muerte del conscripto Franco Vargas. 

Respecto a la actuación del Ejército, el documento —que aún no ha sido pasado a Sala pero al que tuvo acceso este medio—, señala en su inicio que si bien la campaña de los conscriptos de Putre “se planificó, dispuso y ejecutó conforme las estipulaciones que rigen en la institución para este tipo de maniobras”, las exposiciones de los mandos dieron cuenta “de inconsistencias entre la versión inicial del Ejército y aquella que se terminó manifestando en las sesiones finales”.

“Aquello sólo puede ser atribuido a información errónea, incompleta o falsa aportada por los subordinados a los altos mandos, así como al poder civil, lo que supone, para el caso investigado, una grave y preocupante deficiencia en la cadena de mando de nuestro Ejército”, advierte el documento. 

Otro punto relevante que aborda el informe es la “vulneración de derechos” en que se habría incurrido y que tuvo como consecuencia la muerte de Franco Vargas y las complicaciones —en algunos casos graves— de conscriptos que participaron en la marcha. 

Sobre esto, el documento indica que “si bien no es competencia de esta comisión determinar de manera vinculante dicha calificación jurídica —vulneración de derechos—, a partir de lo expuesto por los distintos invitados y los antecedentes revisados, la comisión ha podido examinar evidencia acerca de malos tratos a los que habrían sido sometidos los conscriptos en los ejercicios militares de Pacollo, la falta de acceso a un bien humano básico como el agua potable, así como conductas negligentes graves en la reacción frente a la situación médica de urgencia que presentó el conscripto Franco Vargas, que terminó con su lamentable fallecimiento”.

En esa línea, la comisión apuntó a que “sin perjuicio de las responsabilidades que puedan determinar los tribunales de justicia, en esta comisión se ha constatado una vulneración de derechos producto de una negligencia grave por parte del Ejército y los mandos que tenían a su cargo la custodia de los jóvenes conscriptos, cuyas vidas se han visto negativamente afectadas en razón de estos acontecimientos, donde uno de ellos ha perdido la vida. Por lo tanto, se hace necesario recomendar la creación de un programa estatal de reparación integral, para el caso particular de los conscriptos, respecto de aquellos daños ocasionados”. 

“Esta comisión ha formado su convicción en torno a que parte de las falencias institucionales del Ejército de Chile, radican en la falta de protocolos de atención que permitan abordar de forma eficiente las crisis institucionales en tiempos de paz. Esto es palmario a la hora de evidenciarse que Franco Vargas llega al CESFAM de Putre sin signos vitales, restando médicamente los procesos de resucitación, que no fueron exitosos. De contarse con un protocolo más eficaz y rápido para estos casos, quizás el caso de Franco Vargas pudo tener un desenlace distinto”, añade el documento.

En cuanto a la fallida comunicación en los primeros días después de ocurrida la tragedia, el informe indica que “se pudo actuar rápidamente y de forma transparente, sin embargo, se prefirió restringir en un primer momento el acceso a la información y el diálogo con la autoridad militar, impidiendo también el contacto de los conscriptos con sus familias, cuestión que no se justifica en caso alguno. De este modo, además de adoptar protocolos especializados en atender urgencias médicas, se recomienda reformar los procesos de entrega de información con medidas que contribuyan a la transparencia de la institución militar y a su adecuada sujeción al poder civil”.

“En cuanto a la falta de transparencia, esta comisión reconoce que los mandos a cargo de la instrucción mintieron, tanto a sus superiores jerárquicos como a la opinión pública”, sentencia el informe.

Consultado por El Desconcierto, el presidente de la comisión, Luis Malla (PL), sostiene que “lo principal es que tuvimos una comisión en la que se aprobó un informe de manera transversal” y hace hincapié en que “las principales conclusiones de esta comisión son aquellas que tienen que ver con graves errores de comunicación con el alto mando del Ejército, inconsistencias, información errónea, información que probablemente sea falsa y que se le entregó al comandante en jefe y a los altos mandos”.

“Es evidente que eso se tiene que solucionar, nosotros hemos hecho las recomendaciones para que eso sea así”, añade el diputado quien también apunta a que lo que la comisión busca ahora es que se instale una instancia gubernamental encargada de la reparación para los familiares y víctimas de esta marcha fatal.

“Dicho programa debe contar con una comisión acreditadora encargada de calificar, de manera objetiva e imparcial, el perjuicio experimentado por cada conscripto. Una vez identificado y evaluado el daño, la reparación del Estado debe ser integral, incluyendo prestaciones de distinta naturaleza”, sostiene Malla. 

En esa línea, agrega que otro punto de recomendación relevante es que mejoren las condiciones en salud y en higiene. “Creemos que es grave que siendo un grupo de riesgo el Ejército no haya vacunado a los conscriptos y eso haya derivado en enfermedades virales. 

Por último, el diputado concluye que “si bien no es competencia de la comisión determinar de manera vinculante la calificación jurídica de vulneración de derechos humanos, pues ello es materia de exclusiva determinación judicial, sí resulta importante consignar que, a partir de lo expuesto por los distintos invitados y los antecedentes revisados, la comisión pudo examinar evidencia acerca de malos tratos a los que habrían sido sometidos los conscriptos en los ejercicios militares de Pacolla, la falta de acceso a un bien humano básico como el agua potable, así́ como conductas negligentes graves en la reacción frente a la situación médica de urgencia que presentó el conscripto Franco Vargas”.