El proyecto de ley que regula el consumo de drogas por parte de autoridades y refuerza la probidad en la función pública avanza con nuevas medidas para garantizar la transparencia en el ejercicio del poder.

La Comisión de Gobierno Interior ha enviado a la Sala una propuesta que combina dos iniciativas anteriores, enfocadas en el control del uso de sustancias ilícitas y en la persecución del narcotráfico dentro de la administración pública.

Uno de los puntos clave de la propuesta es que altos cargos del Estado, como el Presidente de la República, ministros, senadores y diputados, deberán someterse a exámenes de control de drogas de manera regular.

Esto es particularmente relevante, dado que Chile ha sido identificado en informes internacionales como uno de los países con mayores índices de consumo de drogas en la región.

El objetivo es asegurar que quienes ejercen funciones gubernamentales no presenten dependencia de sustancias ilegales, con la excepción de aquellos casos justificados por razones médicas.

El proyecto también incluye medidas para que los exámenes se realicen en laboratorios certificados y con estándares internacionales, y que los resultados sean públicos, accesibles a través de plataformas electrónicas oficiales.

Además, el control se realizará de forma periódica, al menos una vez al año, garantizando que las autoridades mantengan su compromiso con la probidad durante todo el tiempo que estén en el cargo.

El proyecto no solo busca mantener un control efectivo, sino también cerrar lagunas legales que en el pasado permitían que algunos altos funcionarios eludieran este tipo de controles, ya que la ley vigente solo exigía una declaración jurada al asumir el cargo, sin controles posteriores.

En esta línea, el texto también incorpora la obligatoriedad de que el Presidente de la República se someta a este tipo de controles, algo que no estaba contemplado en la normativa actual, pero que se considera crucial debido a la gran responsabilidad que conlleva el liderazgo del país.