La crisis de seguridad en las comunas del sur de la Región Metropolitana no es solo una estadística fría; es una realidad que afecta profundamente la vida de miles de familias. Y para enfrentarla hay que considerar diversas medidas.

Una de ellas es la justicia territorial que busca, mediante la descentralización y la desconcentración, repartir recursos y decisiones de manera equitativa permitiendo que cada comuna tenga el poder de gestionar sus prioridades y necesidades reales.

Esto es especialmente crucial en comunas como San Bernardo, donde la inseguridad dejó de ser una preocupación abstracta y se convirtió en una amenaza constante para sus habitantes.

En 2021, junto con mi hija, decidimos dar refugio a un perro que vivía en la calle. Ella lo llamó Yuri. Aunque Yuri pasaba la mayor parte del tiempo fuera, hicimos la ilusión de que era nuestra mascota, llevándolo a pasear por el barrio. Cada día, Yuri solía pasar a saludar a una casa en calle Las Pircas, donde seguramente en algún momento le habían dado comida o refugio, tal como nosotros lo estábamos haciendo.

El lunes 19 de agosto, mientras veía el noticiario, me estremeció escuchar que un carabinero había sido baleado por la espalda durante un asalto en su propia casa en San Bernardo. El ataque ocurrió mientras el suboficial se encontraba junto a su hija de 16 años. Pero más sorpresivo aún fue, al observar las imágenes, darme cuenta que se trataba de la misma casa en calle Las Pircas que Yuri solía frecuentar. Aquella casa que, le habría ofrecido un refugio temporal, ahora era escenario de un hecho de violencia que evidencia la inseguridad que acecha nuestra vida cotidiana.

Y tristemente este es solo un reflejo más de la crisis que enfrentamos en nuestras comunas. Si bien San Bernardo ha visto una caída del 12% en delitos mayores desde 2021, otros problemas como la violencia intrafamiliar siguen afectando a más de dos mil familias al año, con todas las consecuencias que eso implica. Los robos con violencia, aunque han disminuido desde 2018, se mantienen altos, con cerca de dos mil casos registrados en 2023.

En comunas más pequeñas y rurales como Buin, Paine y Calera de Tango, los desafíos persisten, demostrando que sin una desconcentración adecuada y descentralización real, los problemas se agravan y la gestión local sigue siendo ineficiente.

En Paine, donde la dispersión geográfica y la limitada presencia policial resultan en un promedio de 30 minutos de respuesta ante emergencias, la situación se agrava.

Buin ha experimentado un aumento del 18% en delitos por consumo de drogas y alcohol en la vía pública este año.

En Calera de Tango, la violencia intrafamiliar sigue siendo un flagelo para el 20% de las familias, cifras que no pueden ser ignoradas y que requieren atención urgente.

La justicia territorial nos recuerda que no podemos permitir que las desigualdades persistan; para ello es esencial no solo desconcentrar, sino también descentralizar el poder de decisión y los recursos, empoderando a las comunas para que gestionen sus propias necesidades con autonomía.

No sirve de nada que algunas cifras mejoren si otras comunidades, como las de Calera de Tango, con más del 20% de hogares afectados por violencia intrafamiliar, siguen desatendidas.

La desconcentración lleva los recursos a los territorios, mientras que la descentralización otorga a las comunidades el verdadero poder de decidir cómo utilizarlos. No basta con trasladar oficinas y personal; necesitamos una descentralización efectiva que ponga las decisiones en manos locales, permitiendo abordar los desafíos específicos y mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas de manera concreta.

En este proceso, el Consejo Regional (CORE) tiene un rol clave, utilizando su capacidad para financiar mejoras en infraestructura a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), apoyando la gestión autónoma de las comunas en seguridad y otros servicios.

Aunque la seguridad es competencia del Ministerio del Interior y de Carabineros, el CORE puede impulsar medidas como la instalación de cámaras de vigilancia en San Bernardo, con más de 1.500 robos con violencia al año, y la construcción de comisarías en Buin y Paine. Estas acciones buscan reducir la criminalidad y fortalecer la cohesión social, creando entornos más seguros y confiables para sus habitantes.

La historia de Yuri y la casa en calle Las Pircas es un recordatorio de cómo la inseguridad nos toca a todos, incluso en los momentos más inesperados. Pero también es un llamado a la acción.

Si queremos un futuro más seguro y justo, debemos trabajar juntos para construir comunidades resilientes, donde todos tengamos las mismas oportunidades de vivir en paz y tranquilidad. La justicia territorial, al descentralizar recursos y decisiones, es el camino para lograrlo.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno