El nudo crítico de los fiscales: Peritajes de las policías tardan de seis meses a un año
En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, los cuestionamientos hacia la labor del sistema se han intensificado, más todavía en el contexto de la ausencia de prisión preventiva en casos de alta connotación pública, como ha sucedido en los vinculados, por ejemplo, al Tren de Aragua.
¿Cómo es el trabajo que hacen los fiscales? Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público comenta la labor que tienen a su cargo, además de ilustrar de qué manera esta responsabilidad se ha visto impactada por la crisis que vive Chile.
Enfrentada a la comisión de un ilícito en etapa de investigación, detalla, “la Fiscalía obviamente reúne la mayor cantidad de antecedentes que den cuenta de la acreditación del hecho delictivo, como de la participación de las personas en estos hechos”.
“Nosotros, cuando pedimos alguna medida cautelar, evidentemente tenemos que acreditar que se dan los supuestos que establece el Código Procesal Penal, en su artículo 140, es decir que hay elementos de juicio suficiente para dar por establecido un hecho delictivo y, luego, que tenemos elementos suficientes que den cuenta de presunciones fundadas de la participación de tal o cual persona en ese hecho”, explica Bravo.
Y luego, comenta, “evidentemente, por qué consideramos que es necesario que esa persona se mantenga privada de libertad o con una medida cautelar intensa”.
Lo anterior, dice, “a fin de asegurar los actos del procedimiento, o sea que la persona o la libertad de ella, sea un peligro para la seguridad social, seguridad de la víctima, o pueda obstruir de alguna manera la investigación”.
“Esas son las razones por las cuales se piden medidas cautelares, en especial prisión preventiva, que es una medida cautelar evidentemente más extrema en aquellos casos evidentemente más graves”, complementa.
Peritos demandan demasiado tiempo
Ahora, respecto de los peritos, releva, hay una dificultad de envergadura. “Aquí tenemos un grave problema, los laboratorios de Carabineros, Labocar y de la Policía de Investigaciones (Lacrim), están hoy día sobredemandados, hay muchos peritajes que están pendientes, se demoran porque la cantidad de trabajo que están teniendo los laboratorios es muy grande”, explica.
Lo que ocurre, comenta, “especialmente en los peritajes balísticos, ya sea propiamente el análisis de las municiones, de vainillas que se encuentran en los sitios del suceso para determinar si son disparadas por tal o cual arma de fuego, si tienen vinculación a través del sistema Ibis, de identificación balística, si tienen relación con alguna otra arma que haya actuado en otro lugar”.
“Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los funcionarios asesinados en el sur, que se pudo determinar que esas armas, o las vainillas que provienen de determinadas armas, habían sido utilizadas en otros eventos en otros lugares”, complementa.
Pero eso requiere tiempo, recalca al tiempo que detalla que “los peritajes balísticos en Santiago se están demorando entre seis a ocho meses en el caso de Carabineros, y en el caso de la Lacrim de Investigaciones, se están demorando entre ocho meses… incluso hasta un año”.
Avance de los procesos, ralentizado
Y eso naturalmente, releva Bravo, “va a retardando el avance de los procesos y va retardando, obviamente, la toma de decisiones, si se acusa una persona”.
“Y eso a veces es tomado en consideración por los tribunales, porque evidentemente la prisión preventiva es una medida cautelar que no es indefinida, es una medida cautelar esencialmente provisoria que en cualquier momento se puede revisar y, eventualmente, revocar”, agrega.
Por lo tanto, “esto también redunda, evidentemente, en el trabajo que nosotros hacemos y en la sobrecarga que existe hoy día por el Ministerio Público, lo hemos dicho ya reiteradas oportunidades”.
Siguiendo con su análisis del trabajo que hacen los fiscales, Bravo recuerda que “las proyecciones iniciales de la Reforma Procesal Penal, suponían que cada fiscal iba a tener como promedio, no más de 1.000 causas” al año.
“Y hoy estamos, en promedio, en las 1.800 causas, es decir por sobre las proyecciones iniciales”.
Proyecto de fortalecimiento, insuficiente
Incluso, en su desglose del trabajo que demanda ser fiscal en el contexto que atraviesa el país, Bravo alude a una iniciativa legal que ya se está trabajando y que busca reforzar el trabajo de quienes desempeñan este cargo.
“Hoy hay un proyecto de fortalecimiento que se está discutiendo en el Senado, que ha avanzado ya en un primer trámite, se ha acelerado el trabajo, pero no es una cosa tan simple, no es simplemente un aumento de dotación de 200 fiscales y cerca de 600 funcionarios”, aclara.
De hecho, agrega, “implica otras cuestiones de carácter cualitativo en cuanto a la facultad del Fiscal Nacional, también en cuanto a los modelos de gestión, en cuanto a las evaluaciones, a los mecanismos de incentivo”.
“Es decir, este proyecto de fortalecimiento, requiere bastante más que una simple mirada de aumento de personas que, obviamente, se necesitan urgente, pero hay que considerar, además, que este, en nuestra opinión, es insuficiente, no solamente porque la cantidad es insuficiente, sino que además tiene un problema, porque esto es un proyecto gradual, es decir recién al cuarto año de aprobado, se va a lograr llegar a estos 200 fiscales y a estos 600 funcionarios”
Por lo tanto, agrega, “tenemos evidentemente una fuerte presión, especialmente respecto a aquellos delitos más graves. Nosotros tenemos conciencia de eso, estamos tratando de hacer nuestro trabajo de la manera más profesional posible, pero es evidente que tenemos un problema de recursos”.
“No solamente internos, sino que también respecto de los equipos policiales, especialmente los especializados (de) la Brigada homicidios, cuando ocurren cinco o seis homicidios un fin de semana en Santiago, evidentemente los equipos de la Brigada de Homicidios, o del departamento OS9 de Carabineros, no dan abasto”.
Porque “van equipos constituidos por cinco o seis personas, más tres, cuatro peritos a un sitio del suceso, pero cuando hay seis, siete sitios del suceso, evidentemente las posibilidades de responder adecuadamente a ese tipo de demandas, se van debilitando”, concluye.
Crédito foto: Agencia Uno