“Nuevos contextos migratorios desde la pandemia: una mirada estadística de América Latina y el Caribe”, lleva por nombre el estudio que presentó esta semana la Universidad Alberto Hurtado.

Específicamente, se trata de un trabajo conjunto entre esta entidad académica y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), que recoge reveladores antecedentes de este fenómeno de impacto internacional, escenario en el que se abordaron diferentes dimensiones de esta compleja contingencia de larga data.

Producto de la emergencia sanitaria derivada del Covid, y las medidas de cierre de fronteras, revela el análisis, se confirma y mantiene la tendencia observada sobre el aumento de los ingresos irregulares.

“En este contexto las rutas no se modificaron, sino más bien los puntos de ingreso a los distintos territorios se diversificaron. Con las medidas restrictivas, las fronteras se hicieron más porosas y peligrosas, proliferando el oportunismo criminal y los abusos contra las personas migrantes”, asegura el reporte.

Si bien hay tendencias comunes en el continente, complementa "en cada eje la realidad migratoria evidencia particularidades". De hecho, "a nivel geopolítico, en Sudamérica se observa desarticulación respecto a los protocolos y medidas migratorias".

“Nuevas fronteras, altos niveles de incertidumbre”

Así, en esta misma zona, “las crisis humanitarias derivadas del nuevo control y cierre fronterizo, se ven agudizadas por esta desarticulación y falta de sincronía en los protocolos”. Incluso, “estas nuevas fronteras plantean altos niveles de incertidumbre para quienes intentan cruzarlas”, detalla la investigación.

Respecto de los ejes que aborda este trabajo, se observa con preocupación la realidad que representa el Eje Andino, integrado por Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, dado que en esta zona, el “Índice de Riesgo Socioeconómico para Población Migrante (IRM)”, elaborado para cada uno de sus territorios, “reveló que la mayoría de los países serían los destinos más críticos para la población migrante”.

“Esto afectaría significativamente a la población venezolana, pues estos países son sus principales destinos en Sudamérica”, detalla el estudio al tiempo que advierte que, “cuando se cruzan los resultados del” IRM, “con indicadores de seguridad y violencia, destacan México, Colombia, Brasil y Chile, como los destinos más riesgosos”.

Desafortunadamente, agrega el análisis, “se observa un aumento generalizado de la xenofobia en el continente”.

“Las encuestas confirman los datos cualitativos del estudio anterior, destacando el Eje Atlántico sudamericano por concentrar las actitudes más favorables hacia la migración, mientras que el Eje Andino resalta por percepciones asociadas principalmente a la xenofobia y discriminación”, releva el informe.

Por otra parte, este, apunta a “la necesidad de implementar políticas de inclusión y bienestar, reconociendo los riesgos y vulnerabilidades específicas que enfrenta la población migrante en cada territorio”.

Se debe enfatizar inteligencia policial sobre la represión

Adicionalmente, este destaca que “el combate contra el crimen organizado debiese ser regional y transfronterizo, apostando, por un lado, a enfatizar la inteligencia policial por sobre el control y la represión indiscriminada”.

Y, por otro, “a desincentivar el mercado de la migración y el crimen organizado, con métodos efectivos como los visados humanitarios y el fomento de los ingresos regulares”.

Asumiendo además el incremento “de la xenofobia de la mano con la instrumentalización política y mediática de la migración, se enfatiza la necesidad de un compromiso férreo de los Estados y la sociedad civil en la condena y prevención de los discursos de odio y discriminación”.

Lo que resulta “particularmente necesario en tiempos donde las democracias y sus instituciones se erosionan con caudillismos, e incluso con gobiernos progresistas que comienzan a abrazar discursos populistas y anti migrantes”.

Riesgo socioeconómico alto para el migrante

Paralelamente, el estudio revela que “tres de los países de este eje, se encuentran en un grupo de riesgo socioeconómico alto para la población migrante: Ecuador, Perú y Chile·.

Y entre ellos, “el caso de Chile es el más riesgoso, pues conjuga un aumento pronunciado de las deudas sociales en la medición pandémica”, de hecho aumentó el IDSAL (Índice sobre las Deudas Sociales en América Latina (IDSAL), “de 0,11 a 0,39 en la última medición, lo que coexiste “con el mayor porcentaje de migración entre los otros países de este eje”.

“Chile es el país que presenta un mayor porcentaje de población migrante lo que, sumado al drástico aumento en pandemia de su puntaje IDSAL, lo posiciona en un país de riesgo socioeconómico alto para población migrante, siendo el más crítico de este eje”, asegura el trabajo recopilatorio.

El caso de nuestro país, complementa, “presenta particularidades frente a los otros países de este eje. Chile se encuentra categorizado con un riesgo socioeconómico alto según puntaje IDSAL y alto porcentaje de migración, siendo el más crítico dentro de los países analizados”.

“Para el año 2022, el Servicio Nacional de Migraciones (...) cifraba en 1.635.074 personas extranjeras residentes en Chile. Esto ha significado un aumento de 3,9% desde el año 2021. Lo interesante es que el número de personas migrantes ha aumentado considerablemente desde el 2018 en adelante, principalmente, por la llegada de personas venezolanas y haitianas”, reporta el estudio.

Continuidad educativa, otra limitante

Las dimensiones de accesos educativos y trabajo decente, además de protección social, son las más críticas, siendo ámbitos relevantes especialmente para el caso de las personas migrantes, destaca el análisis.

Y, “en términos de accesos educativos, si bien el acceso a la educación se encontraría garantizado para la población migrante en Chile, existe una falta de cupos en las instituciones educativas por la sobrepoblación de ciertas zonas (como la macrozona norte y la ciudad de Antofagasta, en particular), donde existe una oferta insuficiente de servicios educativos para la población”.

Adicionalmente, el reporte destaca que “la permanencia y continuidad de las trayectorias educativas es una limitante para la población migrante, pues el acceso no implica una regularización de los niños, niñas y adolescentes y sus padres, situación que se arrastra, muchas veces, hasta la educación superior”.

Una situación similar ocurre se da en el ámbito laboral, donde “si bien existe oferta de trabajo para la población migrante, existen dificultades de regularización asociadas, porque para obtener la regulación del estatus migratorio se requiere un contrato de trabajo que no siempre es otorgado a las personas migrantes en situación irregular”.

En consecuencia, “las dificultades de regularización atraviesan y determinan la situación de las personas extranjeras en Chile en estas dos dimensiones particularmente”.

Y en cuanto a la seguridad, “si bien en Chile” la situación “es mejor, la percepción de la migración como causante del crimen y la inseguridad ha generado importantes obstáculos para la integración y recepción de personas extranjeras en el país, lo que se refleja en xenofobia y racismo desde la sociedad de recepción”.

Crédito foto: Agencia Uno