En 1973, pocos días después del golpe militar en Chile, un grupo de ocho jóvenes, compuesto por trabajadores y estudiantes, fue detenido en Villarrica, una ciudad ubicada en el sur del país.

Todos ellos eran militantes del Partido Socialista y simpatizantes del gobierno de Salvador Allende. Estos jóvenes fueron arrestados por fuerzas de seguridad, que los trasladaron primero a la Subcomisaría de Pucón y luego al Regimiento Tucapel en Temuco.

Este lugar, como muchos otros en esa época, se convirtió en un centro de detención y tortura para quienes eran considerados opositores al nuevo régimen militar.

Los testigos que vivieron esos días oscuros relataron con detalle los horrores a los que fueron sometidos los detenidos.

Después de su arresto, los jóvenes fueron llevados al regimiento, donde fueron interrogados de manera violenta y torturados por oficiales del Ejército.

Las torturas incluían golpizas, descargas eléctricas y otros tormentos que causaron un sufrimiento inimaginable.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, uno de los conscriptos presentes en el lugar declaró que vio cómo estos jóvenes, después de ser torturados, fueron cargados en un camión militar y trasladados al río, donde sus cuerpos fueron arrojados, probablemente con la intención de hacer desaparecer toda evidencia de lo ocurrido.

Este caso ha sido parte de un largo proceso judicial que buscó justicia para las víctimas y sus familias. Finalmente, el ministro Álvaro Claudio Mesa Latorre, quien estaba a cargo de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, dictó una sentencia histórica.

En su fallo, condenó a cuatro personas responsables de estos crímenes: el exfiscal militar ad hoc Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud y los oficiales en retiro del Ejército Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz.

Cada uno de estos individuos fue condenado a cumplir 15 años de prisión efectiva por su participación como cómplices en los delitos de lesa humanidad cometidos contra los ocho jóvenes.

El fallo también incluye penas accesorias, como la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos, y profesiones titulares mientras duren las condenas.

Además de las condenas penales, el fallo del ministro Mesa Latorre ordenó al Estado pagar una indemnización total de 2.700 millones de pesos a los familiares de las víctimas, en concepto de daño moral.

Esta indemnización es un reconocimiento al sufrimiento que han soportado durante décadas, buscando justicia para sus seres queridos desaparecidos.