En Arica, una madre decidió no vacunar a sus dos hijas de tres años, argumentando sus propias creencias y preocupaciones.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta decisión preocupó al municipio local, que presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica, temiendo que las niñas pudieran contraer enfermedades graves que son prevenibles a través de la vacunación.

El caso despertó interés porque involucraba un conflicto entre el derecho de los padres a decidir sobre la salud de sus hijos y la necesidad de proteger a los niños de posibles riesgos para su salud.

La Corte de Apelaciones analizó la situación y, en un fallo unánime, decidió que lo más importante en este caso es la salud y el bienestar de las niñas.

Los jueces consideraron que, al no vacunarlas, las niñas quedaban expuestas a enfermedades que se pueden prevenir, lo cual ponía en peligro su vida y su integridad física.

La Corte ordenó que las niñas fueran vacunadas de acuerdo con el plan de vacunación obligatorio del Ministerio de Salud.

La decisión del tribunal fue clara: cuando la salud de los niños está en juego, la prioridad es protegerlos, incluso si eso significa intervenir en las decisiones de los padres.

La Corte también señaló que si la madre se negaba a permitir la vacunación, las autoridades de salud podrían solicitar la ayuda de la fuerza pública para asegurarse de que las niñas reciban las vacunas necesarias.