Transcurrido más de 20 días desde la implementación de la “Ley Karin”, hemos visto que la cantidad de prejuicios hacia la normativa, tales como el “no se podrá decir ninguna cosa ahora” eran tan solo eso: un prejuicio.

No se puede olvidar al respecto el trasfondo, las historias de Karin Salgado o de Katherine Yoma, que hicieron que diversas personas respaldaran la promulgación de esta ley. Ellas fueron dos trabajadoras que, por un hostil ambiente laboral, terminaron sus vidas en un suicidio.

Las prácticas de acoso laboral, ya sea entre pares o con superiores jerárquicos, alude a un maltrato objetivo en la denominada “Ley Karin”, en el sentido de hacerse cargo del sentir y de la acción en un ambiente o relación laboral, cuando se comparte ya sea espacio físico o virtual y en el se generan vínculos contractuales donde hoy, en la ley, solo se exige respeto por la dignidad de quienes comparten laboralmente, es decir, en palabras de Maturana: “Reconocer al otro como legítimo otro”.

Ahora bien, aunque de manera incipiente, o inicial, esta ley también presenta ciertos factores de preocupación sobre la salud mental -tópico hoy desatendido en lo sustancial más que en lo comunicacional-, la realidad es mucho más cruda que lo que se promueve en los diferentes espacios de lo público.

Muchos profesionales como el psiquiatra Alberto Larraín lo vienen mencionando desde antes de la pandemia, y hasta hoy, mostrando lo crítico en cuanto a la disponibilidad de profesionales que atiendan salud mental en regiones o ciertas comunas, además del impacto económico, que en ocasiones termina siendo un factor para desestimar la atención por falta de recursos.

Por eso es necesario insistir que una de las cualidades preventivas de esta ley es enfrentar la sensación de desprotección que podía llevar a trabajadoras y trabajadores a tal punto de consumar un acto suicida. Por eso es que, tangencialmente, una ley de resguardo laboral impacta directamente en la temática de salud mental por el daño presunto en la vida íntima que sostiene un mal trato laboral.

Todo esto no significa que seamos trabajadores de cristal y que cualquier elemento nos sea perjudicial, o que “no se podrá llamar la atención a nadie sin que se sienta”, porque si esa es la línea de argumentación en el imaginario colectivo, la pregunta es ¿por qué es necesario mal tratar a alguien para corregir o solicitar rectificar una situación laboral? Es como convivir con el “síndrome de Estocolmo” de justificar a mi captor.

Es decir, ¿qué tanto vale la vida de una persona en relación con el trabajo, que la única manera de construir vínculo laboral es con la denostación?

No es que se “le ponga mucho”, es que se instalan mínimos éticos a una situación contractual que no tiene porque oprimir a tal punto de provocar la muerte. Antes de cualquier prejuicio de valor sobre esto, lo primero tendría que ser revisar mis propias prácticas como jefatura, par y compañero laboral pues, lo que la ley pide, es solo ponderar donde está ubicada la persona en su dignidad dentro del marco laboral.

Es necesario igualmente revisar con especial atención la situación en educación, espacio laboral donde se hacen más complejas diversas dinámicas, como la sensación de vulnerabilidad de profesores que, en silencio, viven un padecimiento similar al de la profesora Katherine Yoma o el profesor de Molina Albano Muñoz, donde el sistema no alcanzó a llegar.

En esa linea, existiendo protocolos o procedimientos, estos no se ejecutaron por incapacidad, o de plano indolencia, hacia un otro/a que pagó con su vida la escasa humanidad de quienes les dañaron.

Es importante no ridiculizar esta ley, pues en ella se llama a cautelar y evitar que más trabajadores y trabajadoras padezcan en silencio situaciones de dolor, que culminen en que -como sociedad- volvamos a lamentar la pérdida de una vida.

Podemos llegar a tiempo, entendiendo que el tema no está en el fondo, en esta oportunidad está absolutamente en la forma, es decir, ir desde la Ley Karin a la consciencia personal.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno