Hace algunos días Servel liberó información respecto a las candidaturas rechazadas por deuda de pensión alimentos: una abrumadora cifra de 196 “papitos corazón”, liderada por 27 militantes del Partido Republicano y otros 27 de Renovación Nacional, no podrán estar en la papeleta.

Resulta paradójico que quienes durante los últimos años han levantado campañas políticas a punta de la irrestricta “defensa a la familia tradicional” no sostengan el mismo estándar ético al momento de escoger a sus candidatos para postular a cargos públicos ¿O acaso este dato solo deja al descubierto la incoherencia de la derecha chilena?

Recordemos que hace apenas un par de semanas, el senador Javier Macaya, ex presidente de la UDI, declaraba “en lo personal, estar del lado de su padre”, tras este haber sido condenado por delitos de abuso sexual contra menores de edad. Y aunque el hecho suscitó reacciones encontradas dentro de su mismo partido, el debate es producto de un supuesto irrenunciable para los sectores conservadores: lo privado no toca lo público.

Según esta visión, asuntos como la familia, la crianza de los hijos, la sexualidad o las labores de cuidado deben permanecer invisibles a ojos del Estado e inatendidos por la legislación. Esa premisa sostiene hasta el día de hoy, por ejemplo, posturas contra la despenalización del aborto, ya que no sería materia de derechos y salud pública, sino que algo netamente valórico.

A lo largo de las últimas décadas, los movimientos feministas han puesto en tensión los límites entre lo público y lo privado, pues a menudo las labores y conductas que ocurren dentro de las paredes del hogar tienen profundas repercusiones políticas y económicas en la sociedad.

Por ejemplo, el resguardo y protección a las infancias no es una cuestión que se sostenga exclusivamente por la promoción de ciertos valores y la abnegación de las madres, sino que requiere, de forma indispensable, sustento económico: una infancia protegida es aquella que tiene acceso a una buena educación, a la salud de calidad y al desarrollo en un ambiente libre de violencia.

Evidentemente, todo esto requiere de inversión social y de ajustes normativos, es decir, de la necesaria convergencia entre lo público y lo privado en favor del bienestar del niño. En cambio, para los sectores conservadores, lo que es privado debe permanecer privado; aunque el costo sea ocultar bajo la alfombra la vulneración de jóvenes y niñeces.

Así, no es extraño que un candidato sea un “papito corazón” en su vida privada, mientras que públicamente adhiere a consignas como “los niños primero” o “con mis hijos no te metas”. No es extraño para la derecha, pero sí es tremendamente peligroso para un país que se ha propuesto superar esas incoherencias y pasar de la performance a la acción en materia de derechos de infancias.

Por eso el pronunciamiento de Servel ha sido celebrado transversalmente y es que tardamos demasiado tiempo en llegar a una conclusión obvia: un político que abandona a sus hijos no puede cuidar de las infancias de Chile.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno