Una nueva arista del caso de las farmacias populares parece abrirse, luego de que el entramado judicial terminara con la destitución del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) quien hace pocos días cumplió dos meses en prisión preventiva.

De acuerdo a un reportaje de Mega, el año 2021 Best Quality presentó una querella por estafa contra la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), mientras que César Ramírez, vendedor de la empresa, presentó una autodenuncia donde aseguró que se solicitó un bono adicional para mantener a la compañía como proveedora prioritaria del municipio entonces liderado por la exautoridad ahora privada de libertad.

El bono se materializó a través de insumos médicos que, según la acusación, se entregaron en la sede de Recoleta del Partido Comunista (PC).

De acuerdo al medio citado, una declaración reservada de un testigo clave para la Fiscalía, Marco Fernández Neira, exjefe de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Recoleta, quien fungió como encargado (por solicitud de Jadue) de implementar las farmacias populares, entregó nuevos y reveladores antecedentes que vincularían al alcalde de Valparaíso a este entramado judicial.

En abril, al comparecer ante la fiscal a cargo de la indagatoria, Giovanna Herrera, Fernández apuntó al jefe comunal de la ciudad puerto, Jorge Sharp, como su tesorero, en el contexto del manejo de recursos de Achifarp que redundó en el actual proceso de liquidación judicial, además de llevar a una millonaria deuda al municipio que lidera.

Apuntó a complicidad y encubrimiento de Sharp

Incluso, la declaración de Fernández va un poco más allá. “Si se comprobaran algunos de los cargos de fraude, lavado de activos, cohecho en el caso Achifarp, estos no hubieran sido posibles sin la complicidad y el encubrimiento realizado por el tesorero Sharp", quien según el reportaje citado, el 2015 asumió el cargo.

Fernández, quien actualmente es funcionario de Salud de la Municipalidad de Valparaíso, también asegura en su declaración que es justamente Sharp el principal responsable de la caída y judicialización de la asociación.

Según su relato, el año 2016 Sharp lo invitó a participar en su administración, en el cargo de subdirector de economía en salud, dependiente de la dirección de salud comunal. No pasaría mucho tiempo, asegura el denunciante, antes de que se encendieran las primeras alertas.

“En mi calidad de creador técnico de las farmacias populares, se me invitaba a participar ocasionalmente como apoyo técnico a reuniones de directorio. Ahí comencé a notar una despreocupación negligente del alcalde –tesorero Sharp– con el trabajo y los recursos de la asociación”, aseveró en su testimonio.

Adicionalmente, recalcó que sus advertencias nunca se tomaron en cuenta, contexto en que empezó a tener “dudas de las reales intenciones de Sharp, ya que no podía comprender que semejante irresponsabilidad no era casual o involuntaria”.

Considerando que el propósito de Achifarp era comprar fármacos a bajo costo, se hizo necesario crear una droguería para intermediar entre laboratorios y farmacias. Pese a la contribución de los integrantes de la asociación, formada e integrada por 91 municipios el 2016, cuando se estipuló que desde los gobiernos locales se debían pagar cuotas de inscripción y aportes anuales, finalmente este modelo no se consolidó.

De hecho, llegado el año 2021 las municipalidades dejaron de pagar el aporte anual, incluida la de Valparaíso.

Sharp deja de pagar la cuota siendo tesorero de Achifarp

“El alcalde Sharp dio la instrucción de que la municipalidad dejara de pagar la cuota por desconfianza sobre el correcto uso de los recursos. Los cuales debían ser resguardados y supervigilados de manera obligatoria por el tesorero Sharp. O sea, el alcalde Sharp deja de pagar la cuota por desconfianza sobre la administración de los recursos por parte del (mismo) tesorero Sharp”, se lee en la mencionda declaración.

Según Fernández, ese es el momento en que configura el delito de “omisión de denuncia por parte del alcalde tesorero, ya que cuenta con los antecedentes para dejar de pagar y no realiza ninguna denuncia, ni auditoría, ni siquiera pide los balances”.

“Manifesté que teníamos que, junto con dejar de pagar, debería renunciar al cargo de tesorero y renunciar a la asociación. Lo cual se negó categóricamente, ya que quería seguir siendo el tesorero de la Achifarp aun cuando no pagara”, aseguró Fernández.

Paralelamente, luego de que destapara el primer caso contra Achifarp, Sharp renunció al directorio. Y según lo que detalló Mega, el alcalde manejaba dos cartas para mandarle al presidente de la asociación, Daniel Jadue. Una en la que se detallaban las irregularidades en la información financiera, y otra de tipo “genérica”, siendo esta última la que finalmente envió.

Hacia el final de su declaración, Fernández fue categórico en asegurar que Sharp estaba políticamente movilizado para no denunciar las irregularidades en la interna de Achifarp.

Respecto de la Municipalidad de Valparaíso, finalmente esta no renunció a la asociación y actualmente es uno de los 42 municipios demandados por la deuda que tendrían con Achifarp.

“Para renunciar se debía informar al concejo municipal sobre los motivos, y eso significaría denunciar públicamente los motivos de la decisión y no estuvo dispuesto hacerlo, por motivos políticos”, dijo el testigo.

Sharp se defiende

El aludido fue citado a declarar en julio de 2023 en calidad de testigo. Desde Fiscalía Centro Norte aclaran que, de momento, Sharp permanece bajo esta calificación, sin que existan aristas asociadas al rol que desempeñó como tesorero de Achifarp.

En tanto, en la audiencia de formalización de Jadue, la fiscal Herrera entregó algunas señales de la declaración que ofreció Sharp en el contexto de la indagatoria.

“En mi calidad de tesorero, yo no tenía acceso a las cuentas bancarias (...) El que contrataba a los asesores y secretarios ejecutivos era, tengo entendido, el alcalde Jadue”, aseguró.

Contactado por el canal citado para que entregara su versión de los hechos, el jefe comunal aseguró haber sido “invitado a ocupar el cargo de tesorero, el cual en la práctica no ejercí y renuncié el año 2021 en el mes de septiembre”.

“Durante todo este tiempo, no tomé parte directa ni indirectamente de una compra, contrato o decisión vinculada a los hechos que investiga la Fiscalía. No tuve acceso a cuentas corrientes, ni tampoco giré cheques ni fui parte de la contratación de funcionarios”, se defendió el extesorero.

Crédito foto: Agencia Uno