Una víctima de crímenes de lesa humanidad, recibió una indemnización de $40.000.000 como compensación por el sufrimiento y las consecuencias que tuvo por ser detenido político en la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, cuando fue a cobrar el dinero, descubrió que la Tesorería General de la República había descontado parte de esos fondos, aproximadamente $10.000.000, para pagar deudas que él tenía, como impuestos impagos y cuotas del crédito universitario (CAE). Este acto dejó al hombre con solo $30.000.000 de los $40.000.000 que le correspondían.

Preocupado por esta situación, el hombre decidió llevar su caso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Él sostenía que la indemnización debía entregársele completa, sin que se le descontara nada, porque estaba destinada a reparar un daño muy específico y no debía usarse para pagar otras deudas.

La Corte de Apelaciones revisó el caso y le dio la razón al hombre. En un fallo unánime, la Corte decidió que la Tesorería actuó de manera incorrecta al descontar esos fondos de la indemnización.

La Corte explicó que, aunque la Tesorería tiene la facultad de usar dinero de los contribuyentes para saldar sus deudas, esta regla no aplica en casos como el de este hombre, donde el dinero proviene de una indemnización por violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la Corte ordenó a la Tesorería que devolviera a Román Carrasco los $10.000.000 que le habían descontado, asegurando que recibiera la indemnización completa de $40.000.000 que se le había otorgado.