En agosto de 2020, un hombre y su pareja fueron detenidos por dos carabineros mientras se encontraban en la comuna de San Miguel, en Santiago.

Todo comenzó cuando la pareja fue llevada a la 12° Comisaría de San Miguel tras un control policial.

Una vez en la comisaría, el hombre preguntó por un dinero que esperaba que le devolvieran al ser liberado, pero lo que siguió fue otro tipo de experiencia.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, uno de los carabineros, el sargento primero Rigoberto García Olivares, lo llevó a los baños de detenidos y sin motivo alguno, lo golpeó repetidamente, utilizando incluso un bastón retráctil.

El hombre terminó con una herida en la cabeza, aunque afortunadamente, la lesión fue leve.

Un año y medio después, en diciembre de 2021, dos mujeres llegaron a la misma comisaría para hacer una denuncia.

Estaban preocupadas por la situación de una niña de 13 años, quien era nieta de una de las mujeres y sobrina de la otra, y querían que la policía investigara un posible caso de maltrato por parte de la madre de la menor.

Sin embargo, lo que empezó como un intento de proteger a la niña, rápidamente se convirtió en una pesadilla.

El mismo sargento, García Olivares, se negó a tomar la denuncia y, cuando las mujeres insistieron, reaccionó con violencia.

García Olivares tomó a una de las mujeres de los brazos, la llevó a un pasillo, y la sujetó por el cuello.

La otra mujer intentó grabar lo que sucedía con su celular, pero el carabinero le arrebató el teléfono, lo lanzó al suelo y luego agredió a ambas mujeres.

Una de las mujeres terminó con rasguños y la otra con dolor en varias partes de su cuerpo, además de sufrir un gran susto que las dejó afectadas psicológicamente.

Frente a estos hechos, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago tomó cartas en el asunto.

Tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, el tribunal decidió condenar a Rigoberto García Olivares.

El exsargento fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel, aunque podrá cumplir su condena bajo un régimen de libertad vigilada intensiva, lo que significa que estará bajo supervisión, pero no necesariamente en prisión.

Además, no podrá ocupar cargos públicos ni ejercer ciertas profesiones mientras dure su condena, y deberá entregar una muestra de su ADN para que quede registrada en la base de datos nacional de condenados.