Chile tiene una histórica deuda con las personas que cuidan. Este punto de partida es un hecho indesmentible; una urgencia de carácter político, que debe movernos como sociedad, con el afán de otorgar mejores condiciones de vida y apoyos concretos a todas aquellas personas que cuidan de otras en nuestro país.

Pero, ¿cuidar qué? Comprendamos el término de cuidados como un trabajo del tipo social, y que es totalmente necesario de cara a la primera infancia, pero también de aquellas personas que padecen afecciones, imposibilidades o sufrimientos físicos y/o mentales.

El cuidado, entonces, es un amplio conjunto de actividades, cotidianas del hogar o del lugar donde la persona cuidada se encuentre, y cuyo ejercicio permite que la vida de estas personas se sostenga y que, al mismo tiempo, el sistema familiar y social que las rodea siga funcionando con normalidad.

Nos encontramos así con que el cuidado no es sólo una labor que permite la vida y el bienestar de la persona cuidada; también es un trabajo de vital importancia para el funcionamiento de la familia y la sociedad completa, cuyos miembros deben seguir trabajando y, con el fruto de su trabajo, empujando el desarrollo conjunto del país.

Sin labores de cuidado, parte importante del motor económico de desarrollo y progreso del país, que es su fuerza laboral, se vería limitada. Pero, ¿por qué se dice que tenemos una deuda?

Históricamente, la labor de cuidados no sólo no ha sido retribuida como un trabajo, sino que además ha sido invisibilizada y subestimada. Al tratarse de un trabajo usualmente no profesional, y que ha recaído sobre todo en las mujeres que habitan el hogar, han sido los cuidadores, y usualmente las cuidadoras, quienes han asumido la responsabilidad, el trabajo pesado y la carga psicológica y simbólica de tener que realizar estas tareas, a veces por periodos sumamente extensos.

Además, a menudo lo han hecho con poca ayuda o sin ayuda, y como mencionábamos, sin retribución alguna a este conjunto de tareas, que bien serían equiparables, en concentración e intensidad, a un trabajo formal remunerado como el de un enfermero, por poner algún ejemplo.

Junto con lo anterior, cabe la reflexión: ¿Por qué, después de toda una vida en que distintas personas o grupos –donde encontramos, además de la familia, el rol histórico de la iglesia y otras instituciones– han cumplido estas funciones, ahora, en 2024, sí se hace necesario plantear esta problemática como una urgencia que requiere toda la atención del Estado?

La respuesta no es muy alentadora: actualmente nos encontramos frente a una crisis de los cuidados, porque dada la evolución demográfica del país y el envejecimiento de nuestra población, cada vez hay más personas que cuidar y menos personas disponibles para cuidar.

Este punto es especialmente relevante. Datos de la Cepal indican que entre los quinquenios 2000-2005 y 2020-2025, la esperanza de vida de los chilenos ha aumentado en tres años, pasando de 77 años a 80,7 años; y se calcula que en el año 2050 –una fecha no tan lejana– al menos el 30% de la población en Chile tendrá 65 años o más.

Es allí donde se hace necesario el aporte del Estado, quien debe concurrir a organizar, y liderar, los esfuerzos para que esta noble labor se siga articulando en el país de manera adecuada, en atención a un escenario que será cada vez más demandante, y en un espacio donde lo privado no ha existido, o no ha resultado suficiente.

Este senador rescata y destaca como positiva la iniciativa del Ejecutivo, que ingresó un proyecto de ley para reconocer el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que se espera venga a formalizar, completar, reglamentar y profesionalizar la labor de ChileCuida, red compuesta por iniciativas públicas, privadas y comunitarias que prestan servicios y prestaciones en este ámbito.

Respecto de lo público, el actual sistema ChileCuida aglutina a iniciativas y programas de desarrollo infantil, de cuidado y alivio para personas cuidadoras, otras para personas mayores, y para personas con discapacidad, o iniciativas como los condominios de viviendas tuteladas y los programas de cuidado domiciliario, entre varias otras. En general, estas iniciativas son administradas por Mideso, pero forman parte instituciones como los ELEAM del Senama. Las personas que necesitan de ellos pueden postular teniendo al día su Registro Social de Hogares, aunque los cupos son muy limitados.

A través de este sistema, el Estado invita también a empresas públicas y privadas a participar: éstas pueden otorgar atención preferente a las personas cuidadoras en su área de servicio, o bien ayudarlas con beneficios que permitan reducir las brechas en pobreza económica que los cuidadores enfrentan, con aportes en alimentos, medicamentos, productos de aseo, herramientas o calefacción, entre otros.

Sin embargo, el proyecto de ley busca estandarizar y mejorar una serie de aspectos de lo que ya existe, con ideas como: la creación de una Ventanilla Única de Gestión Social Local, que facilite el acceso de las personas a las distintas prestaciones del Estado en la materia; la creación de un Programa para el Acompañamiento a las Personas con Dependencia Severa y sus Personas Cuidadoras, que buscará avanzar en universalidad progresiva y contará con un Plan de Cuidados en el ámbito psicosocial, servicio de atención domiciliaria y prestaciones como podología, peluquería o kinesiología.

Esto es algo que actualmente existe, pero sólo en 90 comunas, y con cupos limitados; con la nueva ley existirá en todo el territorio nacional, y estará disponible para toda persona con dependencia severa que lo requiera.

Se plantean también en el proyecto otras iniciativas, como la creación del Programa “4 a 7” para el cuidado de niños y niñas, que permita el ingreso y permanencia de las mujeres cuidadoras al mercado laboral; fortalecer el presupuesto de iniciativas de Senama y Senadis, o el establecimiento del derecho de las personas cuidadoras a acceder a programas que reducirán su carga de horas dedicadas al cuidado, en beneficio de su propia persona, accediendo a oportunidades de trabajo y horas de descanso.

Esto, entre varias otras propuestas que involucran a los ministerios del Trabajo (inserción y permanencia de los cuidadores en el mercado laboral); Salud (programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia), o Vivienda (nuevas infraestructuras para los cuidados).

En suma, apoyar este proyecto de ley, y comprometer nuestro respaldo al mismo en el Congreso, es un primer y significativo paso para empezar a ponernos al día en esta histórica deuda con las personas que cuidan. Este será, de aquí en adelante, el camino que nos permita tener un Sistema Nacional de Cuidados al nivel de los países que cuentan con un Estado de Bienestar robusto.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno