El 01 de agosto entró en vigor la Ley Karin, la cual nace en memoria de Karin Salgado, funcionaria pública y Técnica en Nivel Superior en Enfermería quien, tras sufrir sistemáticamente acoso laboral, decidió quitarse la vida.

La ausencia de un canal de denuncia, protección y apoyo psicológico adecuado deja desamparas a cientos de trabajadores y trabajadoras que viven violencia en sus lugares de trabajo.

Desde la aprobación de la Ley Karin en el Congreso Nacional se marca un hito significativo en las políticas públicas para avanzar en materia de Trabajo Decente con perspectiva de género, buscando garantizar espacios laborales seguros y libres de acoso, y estableciendo la obligación de prevenir los actos que vayan en contra de este objetivo.

El 15 enero de 2024, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.643, que: “Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo” conocida como Ley Karin. La que entra en vigor desde agosto 2024.

De acuerdo con los últimos datos de la Dirección del Trabajo, entre 01 enero 2022 y 30 de abril 2024, se han recibido 4.645 denuncias por acoso laboral (3.804 denuncias hechas directamente por trabajadores y de estos 67,8% son mujeres) y se han registrado 2.248 denuncias por temáticas relacionadas con acoso sexual, de las cuales 1.238 afectan directamente a personas trabajadoras, siendo mujeres el 93,1% de las víctimas.

Cabe recordar que esta ley se ajusta a la reciente ratificación del Convenio 190 de la OIT, que busca erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales. También es parte de una batería de medidas que se han aprobado o se están tramitando con perspectiva de género en materia laboral, como la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, el robustecimiento de la Ley “SANNA” y la Ley que Concilia la vida laboral, familiar y personal.

La Ley Karin, diseñada para promover el Trabajo Decente con una perspectiva de género, representa un avance significativo en la lucha por espacios laborales más equitativos y seguros. Esta ley se enfoca en garantizar ambientes de trabajo libres de acoso, estableciendo obligaciones claras para empleadores y empleadoras en la prevención de conductas inapropiadas.

El Trabajo Decente, como concepto, abarca no solo la creación de empleo, sino también la calidad del mismo, incluyendo la igualdad de oportunidades y trato, condiciones laborales seguras, y la garantía de derechos fundamentales en el trabajo. La inclusión de una perspectiva de género es crucial, ya que las mujeres y personas de género diverso enfrentan desafíos específicos y sistemáticos en el ámbito laboral, incluyendo desigualdades salariales, acoso sexual y discriminación.

La Ley Karin busca ser la punta de lanza para establecer medidas preventivas que van desde la educación y sensibilización hasta la implementación de protocolos claros para la denuncia y el manejo de casos de acoso y discriminación. La obligación de prevenir no se debe quedar en una mera formalidad; requiere una acción proactiva de parte de las organizaciones, que deben promover una cultura laboral respetuosa e inclusiva.

Además, la ley subraya la importancia de la participación de todos los actores involucrados: empleadores, empleados, sindicatos y organismos de control, para crear un entorno de trabajo más seguro y justo. Esto no solo es beneficioso para los individuos, sino que, también contribuye a un ambiente laboral más productivo y saludable, que es esencial para el crecimiento económico y el bienestar social.

En la práctica, la implementación de la Ley Karin enfrentará desafíos, especialmente en cuanto a cambiar culturas organizacionales arraigadas y superar resistencias al cambio. Sin embargo, la ley proporciona una hoja de ruta clara para el progreso, y su éxito dependerá de las acciones concretas que cada empresa, institución pública y/o privada incorpore en el ejercicio de sus funciones.

Igualmente, es esencial que la implementación sea monitoreada de cerca para asegurar que sus disposiciones se apliquen de manera efectiva y justa. La creación de un observatorio independiente para evaluar el impacto de la ley, podría ser una herramienta valiosa en este sentido.

Este observatorio debería incluir a representantes de organizaciones de derechos humanos, expertas en género y sobrevivientes de violencia de género, garantizando así una perspectiva amplia y diversa en el monitoreo y evaluación de la ley.

La Ley Karin también debe ser vista como un llamado a la sociedad en su conjunto para tomar una postura activa contra la violencia de género. Las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen la responsabilidad de promover la igualdad de género y prevenir la violencia mediante la implementación de políticas y programas específicos. Las campañas de concienciación y educación son cruciales para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia de género.

En conclusión, la Ley Karin representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género en nuestro país. Aunque su aprobación es un motivo de celebración, no debemos olvidar que es solo el comienzo de un largo camino hacia la justicia y la igualdad.

Es responsabilidad de todos y todas, desde el gobierno hasta la ciudadanía, asegurar que esta ley se implemente de manera efectiva y se complemente con acciones concretas que promuevan una sociedad libre de violencia y discriminación.

Crédito foto: Agencia Uno