Chile tramita actualmente una nueva ley de pesca luego de que, a fines de 2023, el gobierno de Gabriel Boric presentara el proyecto a trámite legislativo. La nueva ley busca principalmente restablecer la confianza en la normativa que rige al sector pesquero, puesto que la actual fue tramitada en el contexto de uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia del país. “El objetivo es que la nueva ley se fundamente en estándares éticos que no pongan en duda su legitimidad”, sostuvo la Subsecretaría de Pesca.

Pero el debate del nuevo proyecto de ley lleva siete meses en el Congreso y ya hay muestras de que, nuevamente, habrá que seguir con atención la eventual influencia del sector privado en la discusión parlamentaria.

De hecho, una investigación de Ciper reveló, en junio de este año, que el 76% del paquete de recomendaciones a la ley realizado por los diputados Sergio Bobadilla, Cristhian Moreira y Bernardo Berger —de los partidos de derecha Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional—, fueron copiados de un informe de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA), el gremio que reúne a las asociaciones de la industria pesquera en el país.

Pero, ¿qué implicancias ambientales tienen las propuestas de los diputados Bobadilla, Berger y Moreira? ¿Cuáles son señaladas como una copia de las sugerencias planteadas desde la industria? Mongabay Latam conversó con científicos, expertos en asuntos pesqueros y representantes de organizaciones ambientales para responder a esa pregunta. De todas las recomendaciones, hay una en particular que preocupa. Se trata de la eliminación del artículo 19 del nuevo proyecto de Ley, que busca entregar atribuciones a la Subsecretaría de Pesca para limitar la pesca de arrastre.

Las recomendaciones de los diputados, que fueron extraídas de aquellas realizadas por la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (Fipes), integrantes a su vez de Sonapesca, buscan dar atribuciones vinculantes a los Comités de Manejo —instancia integrada por los diferentes sectores de la pesca en Chile— para que tengan la última palabra al momento de prohibir, restringir o limitar el uso de ciertas artes de pesca.

Lo preocupante, dicen los expertos, es que dichos Comités han sido fuertemente cuestionados en la última década por impulsar el aumento de cuotas en pesquerías sobreexplotadas, contraviniendo las recomendaciones científicas.

Las recomendaciones de la industria

El proyecto para elaborar una nueva ley de pesca empezó hace siete meses. En su redacción, el documento propone en el artículo 19 el congelamiento de la huella de arrastre, fijando la atribución de limitar y restringir este arte de pesca a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca). Esta disposición es clave, pues lo que se busca con ello es que los buques arrastreros no entren a pescar a zonas nuevas y, por lo tanto, se protejan ecosistemas marinos no intervenidos.

La pesca de arrastre de fondo es catalogada, globalmente, como una de las más perjudiciales para los ecosistemas marinos. Esta forma de explotación pesquera consiste en capturar especies, especialmente peces y crustáceos, arrastrando enormes redes por el fondo marino. Al hacerlo, remueven el sustrato y “aplastan a diversos organismos incluyendo algas, plantas y animales antiquísimos de lento crecimiento que son extremadamente sensibles a los disturbios de su hábitat, como las anémonas, las esponjas y los corales de profundidad”, asegura un informe de Oceana publicado en 2004.

El artículo 19 no es el único que apunta a proteger los océanos chilenos de la pesca de arrastre. La disposición 22 de la propuesta de ley plantea que la Subpesca sea el órgano encargado de limitar total o parcialmente el uso de artes de pesca de alto impacto ecosistémico en áreas adyacentes a Áreas Marinas Protegidas, Ecosistemas Marinos Vulnerables o sitios de anidamiento de especies protegidas.

En esta misma lógica, el artículo 21 del proyecto propone la prohibición especial del uso de explosivos, sustancias nocivas o tóxicas y medios electrónicos para extraer recursos marinos, así como todas las que determine la Subsecretaría y causen daño al medioambiente marino.

Frente a esta normativa propuesta desde el Ejecutivo, la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (FIPES)—que reúne a las empresas pesqueras del sur del país que pescan principalmente merluza austral con redes de arrastre—no tardó en exponer sus reparos ante la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la cámara de diputados.

El 31 de mayo último, expusieron ante dicha comisión representantes de las empresas Pesca Chile S.A., Pesquera Friosur SpA, Emdepes S.A, Pesca Cisne S.A y Globalpesca SpA, todas asociadas a la FIPES.

Los pesqueros del sur austral sostuvieron que “las medidas que prohíban, restrinjan o limiten el uso de artes de pesca no pueden quedar sujetas a una facultad discrecional de la autoridad” y propusieron que para establecer dichas medidas, se solicite un informe técnico a los Comité de Manejo.

Frente a la presión de la de la industria, los diputados Sergio Bobadilla, Cristhian Moreira y Bernardo Berger propusieron simplemente, la eliminación del artículo 19 del proyecto de ley, así como poner como intermediario al Comité de Manejo ante cualquier decisión limitadora que pudiera ejercer la Subsecretaría de Pesca, en los casos de los artículos 21 y 22.

¿Pero por qué estas modificaciones causan preocupación entre los expertos?

Antecedentes de los Comité de Manejo que preocupan

En Chile, cada pesquería tiene un Comité de Manejo que está conformado por representantes de la institucionalidad, es decir, de la Subpesca y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)—, así como del sector artesanal, del industrial y de las plantas de procesamiento. Estos fueron creados para incorporar el concepto de gobernanza pesquera en la toma de decisiones y elaborar planes para cada pesquería, pero solo con un rol de asesor, ya que las decisiones son tomadas por la Subsecretaría de Pesca, así se explica en el portal de Subpesca.

Los Comités de Manejo, sin embargo, y en particular el de Merluza Austral, han sido fuertemente cuestionados por expertos pesqueros y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación marina.

Y es que la ley vigente establece que cuando una pesquería se encuentra en estado de sobreexplotación, se deben elaborar programas de recuperación. Sin embargo, hasta ahora, aún cuando en Chile hay 16 pesquerías sobreexplotadas y agotadas, datos de la Subpesca muestran que solo existe un programa de recuperación.

Pero eso no es todo. De acuerdo con expertos consultados, los Comité de Manejo han impulsado el aumento de las cuotas de pesca de algunas pesquerías sobreexplotadas contraviniendo las recomendaciones de los Comités Científicos.

Así pasó en 2019 con la merluza austral cuando, por solicitud del Comité de Manejo, la Subsecretaría de Pesca aumentó el porcentaje de riesgo de esa pesquería. La decisión implicó un aumento en la cuota anual de pesca de esa especie pasando de 14 800 a 19 537 toneladas, contraviniendo las recomendaciones del Comité Científico, en un momento en que la merluza austral ya se encontraba en un estado de sobreexplotación.

“Utilizando un mecanismo arbitrario, el Comité de Manejo, integrado por partes que se ven beneficiadas con este aumento, modificó el porcentaje de riesgo para así obtener más cuota de pesca”, explica Elisabeth Soto, bióloga marina y encargada del área de océanos de la fundación de conservación, Terram.

La ONG Oceana denunció entonces a la Subpesca ante el Segundo Tribunal Ambiental, que falló a favor de la organización, declarando ilegal el aumento de la cuota.

“La sentencia del Tribunal Ambiental fue clara y estableció que la cuota fue decretada de forma ilegal, pues no se contaba con toda la información científica necesaria”, afirmó Javiera Calisto, Directora Legal de Oceana Chile, a través de su portal. “Cualquier modificación de cuota está a cargo del Comité Científico y no del Comité de Manejo. En eso, la actual ley es clara y esperamos que la autoridad tome cartas inmediatas en el asunto”, aclaró.

Oceana, paralelamente presentó además una denuncia ante la Contraloría General de la República, para que se revise la ilegalidad en la que incurrió el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca, al aumentar las cuotas de la merluza del sur (Merluccius australis), la merluza común (Merluccius gayi gayi) y del congrio dorado (Genypterus blacodes). Todas pesquerías sobreexplotadas, sin signos de recuperación y en peligro, dado el aumento del porcentaje de riesgo en los planes de manejo presentados por los Comités de Manejo.

“Al estudiar los antecedentes de estas pesquerías detectamos que se estaban pasando por alto las recomendaciones de los científicos independientes, cuestión que es preocupante, sobre todo por el estado frágil en que se encuentran estas especies”, explicó Calisto.

Frente a esto, la subsecretaría de Pesca dijo a Mongabay Latam que el fallo que declaró ilegal el aumento de la cuota de la merluza, dejó sin efecto el alza en el porcentaje de riesgo, bajandolo de 42% a 36%, corrigiendo así dicho acto administrativo.

Sin embargo, en la misma respuesta, la Subsecretaría plantea que posterior a esta reparación, por medio de un decreto, se volvió a aumentar el porcentaje de riesgo a 50%, lo que hoy mantiene a la pesquería de la merluza austral en un cuota de captura de 19.253 toneladas para 2024.

Según explica la subsecretaría, esto está acorde a la normativa vigente, dado que se exige que los riesgos sean inferiores o iguales al 50%.

El papel de la industria en los Comités de Manejo

“Dado los antecedentes y atribuciones que tienen los comités de manejo, es preocupante que propuestas de la industria fueran acogidas por parlamentarios y presentadas como indicaciones que tienden a atribuir poder, a una instancia meramente consultiva, sobre temáticas relacionadas con la determinación de métodos de pesca que son atribuciones específicas y exclusivas de la subpesca la cual, mediante informes técnicos realizados por especialistas es la mandatada para ello.”, explica Manuel Martínez, asesor científico en temas pesqueros.

Además, según Martínez, en el caso de la merluza austral, que es pescada por la industria con redes de arrastre, el Comité de Manejo “está cooptado por FrioSur”, la principal empresa dedicada a la explotación de este recurso.

Según el experto, “todos los representantes de los diferentes sectores presentes en el Comité de Manejo dependen de alguna forma de esta empresa”.

Por un lado, los dos representantes de la industria son de FrioSur, dado que todas las pequeñas pesqueras que funcionan en las regiones de Aysén y Magallanes dependen de esta compañía, asegura el experto. “En cuanto al representante de las plantas de procesamiento, también es de FrioSur, dado que este rol le corresponde al área de la producción que más toneladas procese”, agrega Martínez.

Por último, respecto de los representantes de la pesca artesanal, hoy la ley autoriza a este sector a transferir el 100% de su cuota, por lo que los dos representantes de Aysén y los dos de Magallanes, asegura el especialista, “también dependen de FrioSur, dado que en ambos casos le transfieren toda su pesca a la gran industria. Esto significa que, en la pesquería de la Merluza Austral, la industria dirige el Comité de Manejo”, insiste Martínez.

Con este contexto, asegura, es más fácil comprender el porqué de las recomendaciones de FIPES en la comisión de pesca.

Valeria Carvajal, gerenta general de la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral (FIPES), quien fue parte del equipo que presentó las propuestas de la industria ante la Comisión de Pesca el pasado 31 de mayo, accedió a conversar con Mongabay Latam, para abordar las recomendaciones que hoy son indicaciones al proyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputados.

Respecto de las recomendaciones de la industria sobre entregar mayores atribuciones a los Comité de Manejo y anteponer dicho organismo a la autoridad de la Subsecretaría de Pesca, la gerenta de FIPES, declaró que”no se trata de anteponer el comité de manejo a la autoridad, lo que se busca es evitar la discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones, introduciendo siempre mecanismos de consulta en el proceso. El comité de manejo, al ser parte de la institucionalidad para el co-manejo y definido como un organismo colaborador de la Subsecretaría en el proyecto de ley, es la entidad pertinente a ser consultada respecto de las medidas contempladas en los artículos 19, 21 y 22 del proyecto de ley”.

Ahora, sobre lo expuesto por Manuel Martinez, en lo referente a  la cooptación del Comité de la merluza austral por parte de la industria, Carvajal desconoció que esto sucediera diciendo que: “creo que los que hacen esas declaraciones desconocen la normativa que rige la conformación de los Comités de Manejo y que establece que sus miembros son justamente representantes del sector pesquero industrial que cuentan con algún título regulado en la ley sobre la pesquería en cuestión y por representantes de los pescadores artesanales inscritos en la pesquería involucrada”.

Mientras que para la Gerenta General de FIPES, congelar la huella de arrastre en la patagonia chilena le “parece que no es una buena medida en la forma que está planteada en el proyecto de ley”.

Mongabay Latam contactó a la empresa FrioSur, pero hasta la publicación de este artículo no enviaron respuestas.

Diputados denuncian obstrucción

La Comisión de pesca sigue sesionando. La diputada de la misma instancia, Daniella Cicardini, del partido socialista, aseguró a Mongabay Latam que “ninguna de las indicaciones (de Bobadilla, Moreira y Berger) ha sido aprobada por la Comisión de Pesca hasta el momento, de hecho estas indicaciones que ingresa Bobadilla no han tenido ningún apoyo dentro de la Comisión”.

Por otro lado, diputados de la comisión de pesca han denunciado obstrucción por parte de Bobadilla, pues aseguran que ingresó una censura en contra de Jorge Brito, el presidente de la Comisión de Pesca, por considerar que el parlamentario no estaría apto para ejercer su cargo en una instancia donde se discute una “ley de suma importancia para la industria”, dijo ante sus pares en el Congreso.

Cicardini aseguró que “el diputado Bobadilla, a través de distintas artimañas, ha intentado dilatar la discusión. Cuando estamos en votaciones interviene con el mayor tiempo posible, ha pedido votación separada de todos los artículos y numeral. Este tipo de medidas que ha levantado el diputado Bobadilla, solo da cuenta de que existe un interés particular de que este proyecto de ley no salga”.

Respecto de la decisión de basar las indicaciones al proyecto de ley en los informes de Sonapesca, Sergio Bobadilla dijo a CIPER que “los parlamentarios no hacemos más que recoger, luego de hacer un acabado análisis del informe, las indicaciones con las que se sienten representados”.

Sonapesca, por su parte, planteó que les parece obvio que a parlamentarios de la comisión les haga sentido observaciones de un estudio ingresado a la Comisión y hayan patrocinado esas propuestas como indicaciones, ya que la propuesta de ley sufre de importantes falencias de forma y técnica legislativa, y severos defectos estructurales”.

Sin embargo, para Matías Ramírez, diputado del Partido Comunista y parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, “la acción de estos parlamentarios indica que hay sectores que tienen acceso privilegiado a superponer sus intereses en las comisiones del Congreso. Esto es complejo cuando se busca terminar con la corrupción que ya ha sido incluso juzgada en este ámbito”.

En la misma línea, Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), dijo a Mongabay Latam que “ hay actores que están repitiendo el proceso legislativo que creó la ley vigente en la que  trabajaron como sastres para para hacer un traje a su medida y hoy defienden estos intereses que consolidaron antes”. La diferencia, agregó el dirigente, es que hoy “hay posibilidades de ver cómo se está discutiendo, lo que permite evidenciar los vicios que hay en defensa del sector industrial y que hemos podido detectar a tiempo”.

Con todo, para Elizabeth Soto, bióloga marina, encargada del área de océanos de la fundación Terram y quien ha expuesto una visión científica en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, el proyecto aún tiene importantes frentes en los que mejorar.

Si bien la experta valora que el nuevo proyecto de Ley incorpore principios como el género y la emergencia producto del cambio climático, considera que uno de los problemas es que el Instituto de Fomento Pesquero —el organismo científico encargado de generar información biológica para la Subsecretaría de Pesca—, “sigue siendo subalterno de la Subsecretaría de Pesca, lo que atenta contra la independencia de los organismos técnicos/científicos que hoy son subordinados a la decisión política”.

Además, lo que en su opinión es más preocupante, es que la propuesta incorpora un Comité de Pares Científicos, que podrían “filtrar” los acuerdos producidos por los organismos científicos que hoy tiene incidencia directa en la toma de decisiones.

Foto: Oceana-Mauricio Altamirano

Esta es una nota original del medio Mongabay Latam, publicada en alianza con El Desconcierto.