El proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 21.325 de migración y extranjería, incluyendo la tipificación del ingreso clandestino al territorio nacional, fue objeto de análisis por el pleno de la Corte Suprema.

El proyecto, originado en la Cámara de Diputadas y Diputados el 5 de agosto de 2022, propone sancionar el ingreso no autorizado al país como un delito.

La iniciativa también incluye modificaciones al Código Procesal Penal, abordando la detención, la prisión preventiva, y las condiciones para la expulsión de extranjeros que incumplan la normativa migratoria.

Durante la sesión del tribunal, presidida por Ricardo Blanco H. y con la participación de los ministros Chevesich, Muñoz S., Valderrama, Prado, Silva, Llanos, Ravanales, Matus, Gajardo, Simpértigue, Melo, y los suplentes Muñoz P. y Zepeda, se debatieron varios puntos críticos del proyecto.

Entre ellos, la conveniencia de las normas propuestas que pudieran superponerse a regulaciones existentes y su conformidad con los principios de la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En particular, la Corte expresó preocupaciones sobre la ampliación del plazo de detención a cinco días para los delitos migratorios propuestos, lo que contrasta con la aplicación actual de dicho plazo exclusivamente para delitos terroristas.

Además, se cuestionó la adecuación de las nuevas definiciones de "peligro para la seguridad de la sociedad" y "peligro de fuga" que la ley propondría.

Asimismo, se discutió la necesidad de clarificar las obligaciones de los tribunales de informar al Servicio de Registro Civil e Identificación sobre casos donde no se pueda determinar la identidad del imputado, especialmente en contextos de prisión preventiva.

Tras la revisión por parte de la Corte Suprema, el proyecto de ley será ahora debatido en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

En esta etapa, los senadores examinarán los detalles del proyecto, considerando las observaciones realizadas por la Corte, para ajustar o modificar aspectos legales y asegurar que la propuesta cumpla con los estándares constitucionales y de derechos humanos antes de proceder a su discusión en el pleno del Senado.