La UNICEF define que el abuso sexual infantil “está mediado por una relación desigual de poder, que implica a un niño, niña o adolescente como víctima y a una persona adulta o coetánea como agresora".

A raíz del caso de Eduardo Macaya, el proteccionismo, las llamadas y mensajes que salen a la luz pública son entendidos simplemente como “la punta del iceberg” de esta problemática, que nos lleva a recordar sobre casos de abuso sexual que se mantienen en silencio.

Frente a esto reaparece el gran problema que existe y que apunta a la responsabilidad de las instituciones a nivel nacional y la necesidad de legislación en materia de salud por los impactos que dañan la salud física y mental de las víctimas, tanto a corto como a largo plazo.

Según el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), en el año 2022 la cifra mayor de casos de abuso sexual corresponde al tramo de las menores de 14 años, siendo un 31% del total de los casos denunciados. Por otro lado, datos de la PDI indican que el 50% de los abusos sexuales en niñeces, se reproducen dentro de un contexto familiar, en el que el agresor manipula el vínculo a través de la utilización del poder que le confiere la cercanía, lo que perpetuándose en el tiempo de manera reiterada e impúdica.

Así, la familia como “núcleo fundamental de la sociedad” pasa a ser un espacio de vulnerabilidad, cuando el Estado no se hace responsable del cuidado y protección de las niñeces

Según la Organización Mundial de la Salud una Educación Sexual Integral ayuda a tomar decisiones responsables, prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero también a detectar posibles abusos sexuales. No pueden ser sólo las madres y padres, o las familias, quienes deban hacerse responsables de esta educación, cuando ya sabemos que el abuso sexual infantil en la actualidad es entendido como uno de los problemas de salud pública más grave a nivel mundial”.

Por tanto, debe haber un sistema político, social y sanitario que de sustento y protección, sobre todo si sabemos que existe omisión de estos delitos, los cuales ponen en riesgo la salud y la vida de las niñeces y adolescencias.

En Chile, en el año 2019, se presentó la propuesta de ley por la diputada Camila Rojas que buscaba legislar sobre una ley de Educación Sexual Integral (ESI), que establecía las bases generales para que la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes fuera impartida desde la enseñanza parvularia, materia que hoy se entrega a los adolescentes a partir de 1° Medio.

Cabe destacar que la ESI fue declarada un derecho humano por las Naciones Unidas, lo cual exige a los Estados garantizarla. Sin embargo, el proyecto se encuentra archivado desde el año 2020 en el Congreso, debido a diferentes trabas y cuestionamientos. Desde el inicio de la propuesta de la ley surgieron organizaciones con el lema “Con mis hijos no te metas”, frase que solo perpetúa el desconocimiento en materia de educación sexual, poniendo limitaciones y argumentos que finalmente atentan contra los derechos de las niñeces y también contra la salud pública.

Considerando que a nivel mundial existe el fundamento teórico respecto a los beneficios de tener una Educación Sexual Integral y que, por otra parte, los hechos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes no dejan de ocurrir ¿Qué pasa entonces que no es posible avanzar en esta materia?

Las personas que toman decisiones, tanto familiares, como en el ámbito educativo, sanitario y, por supuesto, político, al parecer aún no han llegado a desarrollar una comprensión genuina acerca del ejercicio de poder que somos, como adultos, capaces de ejercer sobre niñeces y adolescencias.

Es fundamental poner el foco en la prevención del abuso sexual infantil y para eso debemos actuar ya, si queremos que este país avance, hay que empezar por respetar a quienes, hasta ahora, no han tenido voz ni participación en los espacios sociales. El sistema debe consolidarse en este sentido, no solo enfocarse en un objetivo reparatorio y curativo, sino preventivo, y para ello la ESI se ha convertido a nivel mundial en una herramienta que permite distinguir secretos, identificar violencias y obtener ayuda.

La comunidad exige un sistema que ya no deje a las niñeces y adolescencias en un espacio del “no-ser” para pasar a una comunidad con conciencia que respete a cada una de las personas que la construyen.

Como enfermeras y académicas creemos que una ley de Educación Sexual Integral que se aplique desde la primera infancia, con un enfoque en la prevención de abusos sexuales, que aporte en la capacidad de reconocer y comunicar, generando desde los primeros años de vida el cuidado del propio cuerpo y la salud es sumamente necesaria.

La ley ESI, por tanto, se transforma en uno de los medios que permitiría garantizar, a través del Estado, la protección, promoción y el respeto a los derechos humanos, lo cual incluye, por supuesto la vida y la salud de las personas. Que el proyecto continúe archivado sólo perpetúa el daño a quienes están en estos espacios de abuso y violencia, y bajo ese contexto ¿Cuánto más vamos a esperar?

Crédito de la foto: Agencia Uno