Tal como fue anunciado el viernes recién pasado, este martes se convocó una nueva jornada de seguridad liderada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para los 52 alcaldes del Gran Santiago y de los cuales asistieron 44.

A la instancia, llevada a cabo en el Centro Cultural de San Joaquín, llegaron también el gobernador Claudio Orrego y las autoridades de Carabineros y la PDI con el objeto de definir aún más los lineamientos de la estrategia de seguridad del Gobierno para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia en este segundo tiempo.

De acuerdo al mismo delegado presidencial, Gonzalo Durán, el propósito principal fue coordinar las acciones que seguirán a nivel metropolitano y levantar información relevante respecto de los puntos críticos de la capital para abordarlo de manera conjunta entre todos los municipios.

Durán detalló que "con estos instrumentos vamos a desplegar toda la capacidad del Estado para llegar a cada uno de los territorios, sean estos urbanos o rurales y sus distintas particularidades, con el propósito de brindar más seguridad a los ciudadanos de cada una de esas comunas".

Entre las medidas destacan una nueva dotación de 1.669 carabineros para las calles de la región, pero lo más importante son las tres bajadas concretas para ampliar las competencias de la Nación en la prevención y combate del delito: la unidad de acción, la conformación de la mesa jurídico-policial a nivel local y el Comité Preventivo de Interior.

Mesa jurídico-policial y Comité Preventivo

La mesa jurídico-policial, integrada por las policías, Fiscalía y municipalidades, ya fue concretada en al menos quince comunas de la RM, en donde se establecieron prioridades para monitorear el orden y la seguridad pública de manera centralizada pero desde todas las perspectivas existentes en el sistema chileno.

En el caso del Comité Preventivo, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, trabajarán equipos de seguridad comunales y otros funcionarios municipales vinculados a las labores que pueden anticipar la comisión de hechos violentos y así evitarlos.

En dicho espacio se analizará la oferta programática del Estado en materia de seguridad para ver qué ámbitos del despliegue funcionan, reforzar los que presentan falencias y ajustar los proyectos que requieren de asistencia técnica en miras a incluir en esta estrategia a los municipios rurales.

Unidad de acción entre todos los actores

Respecto de la unidad de acción y seguridad, que le corresponde coordinar al delegado presidencial, Durán explicó que se fijó un mecanismo que permite incorporar la información cualitativa que manejan las municipalidades.

"Hemos entregado con detalle los anuncios que se han formulado en materia de reformulación del trabajo de las policías, que se va a traducir en más policías y en labores operativas en los territorios en cada una de las comunas. Adicionalmente, hemos establecido una metodología de trabajo con todos los municipios de la región", agregó.

Para este miércoles se espera una reunión de la Delegación Presidencial con la Asociación de Municipios Rurales con el propósito de generar una estrategia específica de seguridad para esos territorios del país.