Sustituyen pena de 541 días de cárcel por expulsión a motochorro venezolano de Providencia
En una tarde de agosto de 2023, Joaquín Benítez caminaba por avenida Ricardo Lyon en Providencia, con su iPhone 11 morado en la mano. Al llegar a la intersección con Diego de Almagro, Engerberth Díaz Jaspe, montado en una motocicleta, le quitó el teléfono y huyó del lugar.
Este incidente llevó a Díaz Jaspe ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, donde fue condenado por el delito de robo por sorpresa. El tribunal dictó una sentencia de 541 días de presidio.
Sin embargo, en una decisión unánime, el tribunal optó por sustituir la pena de cárcel por la expulsión del territorio nacional. Esta medida se basó en el artículo 34 de la Ley 18.216, aplicable a extranjeros que no residen legalmente en Chile y cuya condena es inferior a cinco años.
A pesar de los argumentos de la defensa sobre un supuesto arraigo familiar y posibilidades de integración laboral, el tribunal consideró que no se presentaron pruebas suficientes para respaldar estas afirmaciones. Por lo tanto, se decidió proceder con la expulsión.
Expulsado a Venezuela
El fallo establece que Díaz Jaspe deberá ser expulsado a Venezuela, su país de origen, en un plazo de 60 días una vez que la sentencia quede firme. Durante este período, permanecerá bajo custodia de Gendarmería de Chile en un recinto designado para tal fin.
Además de la expulsión, se impuso una prohibición de reingreso a Chile por un período de diez años. Si Díaz Jaspe regresara al país durante este tiempo, se le exigiría cumplir el resto de la pena de prisión originalmente impuesta.
Es importante destacar que, en la determinación de la sentencia, el tribunal consideró dos circunstancias atenuantes: la irreprochable conducta anterior del acusado y su colaboración sustancial en el proceso. Además, se tuvo en cuenta que el teléfono robado fue recuperado rápidamente y sin daños aparentes.
Mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) será la encargada de ejecutar la expulsión, para lo cual se le otorgó un plazo de 60 días a partir de que la sentencia quede ejecutoriada. Por otro lado, el tribunal rechazó la solicitud del Ministerio del Interior de un plazo mayor, considerándolo excesivo dada la situación de internación del condenado.
Fotografía: Agencia Uno/ Imagen referencial