En mayo de este año el Gobierno acordó con el Congreso un “fast track” para apurar 21 proyectos de ley que incentiven la inversión y reduzcan los tiempos de trámite y permisos. Entre las leyes, hay una sobre concesiones marítimas propuesta en el Gobierno de Sebastián Piñera en 2012, apuntada por incentivar la privatización de la costa utilizando un concepto obsoleto.

Se trata del proyecto de ley sobre Concesiones Marítimas y Borde Costero (Boletín 8467-12), que fortalece el modelo de uso y explotación de áreas costeras bajo el régimen de concesión marítima, y traspasa competencias desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales.

Al conocer que este proyecto era parte del fast track legislativo, organizaciones ambientales que se dedican a la protección costera levantaron la alerta, argumentando que el proyecto coloca el uso privado de la costa y los proyectos extractivistas en ella, por sobre los esfuerzos de proteger los ecosistemas costeros y también por sobre el uso y disfrute de los bienes comunes en la costa.

Borde o zona costera

A las críticas también se suma la academia, debido a que el proyecto perpetúa el concepto de borde costero, entendido como una franja estática que delimita los bienes públicos en el litoral desde la línea de playa. 

“Se trata de un concepto jurídico obsoleto que no se usa en otros lugares del mundo y que no tiene relación con el conocimiento científico que hay sobre la zona costera  como un ecosistema mucho más amplio y complejo, con interconexiones entre la playa, los campos dunares, los humedales costeros y más”, explica Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa.

Según la académica, el uso de este concepto reducido en el ordenamiento territorial de la costa chilena ha propiciado situaciones como la rápida erosión costera, la pérdida acelerada de playas, la depredación inmobiliaria sobre campos dunares, el relleno de humedales, etc.

Esta pérdida de ecosistemas, según explica Martínez, afecta directamente a las personas que viven en zonas costeras y que quedan más vulnerables a eventos de clima extremo cada vez más frecuentes por el cambio climático, como marejadas e inundaciones. Impacto en el turismo, el valor paisajístico, la contaminación en las costas y más son parte del daño generado a las comunidades costeras por la falta de ordenamiento territorial.

“La costa de nuestro país no está protegida como territorio singular. Sólo se reconoce un borde y este es objeto de uso indiscriminado. Como consecuencia, nuestras playas, humedales y campos dunares están siendo depredados sin que el Estado se haga parte”, se declara en un comunicado firmado por 19 organizaciones ambientales en zonas litorales. 

Avance o retroceso

El proyecto, tal como está redactado hasta el momento, también parece ir en contra de una actualización que se ha dado en la normativa nacional, donde se decidió abandonar el concepto de borde costero, adoptando en vez una denominación más amplia: zona costera.

Así, en la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero se decidió actualizar el concepto en la política nacional de uso de borde costero, para adoptar un “enfoque ecosistémico”, considerando no solo el borde de la playa sino los ecosistemas que hacen a la salud costera y que protegen a las comunidades litorales del cambio climático.

Esto se dio tras un trabajo de varios años junto a la academia, a través de recomendaciones del centro CIGIDEN; un centro de estudios de excelencia fundado por la Universidad Católica, la Federico Santa María, la Andrés Bello y la Católica del Norte.

Foto: Agencia UNO.