No es la primera vez que se amenaza con ingresar una acusación constitucional en su contra. En el oficialismo afirman que posiblemente tampoco será la última. Pero lo cierto es que, a pesar de las distintas crisis de seguridad que ha atravesado Carolina Tohá como ministra del Interior, su cargo nunca ha estado en peligro, ni por presión de la oposición ni por requerimiento presidencial. 

De hecho, desde que asumió el cargo en septiembre de 2022 luego de la bullada salida de la exministra Izkia Siches, la ex alcaldesa de Santiago se ha posicionado como una pieza clave del gobierno, no solo en materia de seguridad, sino que también en la política del gobierno. 

Como titular de la cartera de Interior, Tohá —admiten en el oficialismo— se ha posicionado como la figura más influyente en el Comité Político, con la capacidad de tomar decisiones de importancia y se le reconoce como consejera del Presidente Gabriel Boric. 

Por lo mismo, no es fácil emprenderlas en su contra. Con ese muro, se golpeó una vez más la oposición que, durante esta semana pidió descabezar el Ministerio de Interior en plena crisis y anunció una acusación constitucional en contra de Tohá. 

El rol de Tohá y la arremetida de la derecha

En medio de la ola de homicidios registrados en la Región Metropolitana durante el pasado fin de semana y principios de esta, la ministra se vio en la obligación de suspender sus vacaciones. Y aunque el descanso de la ministra iba a ser lo suficientemente corto para retomar esta misma semana sus deberes, la contingencia la obligó regresar casi de inmediato a La Moneda para liderar el comité pro seguridad que convocó al equipo de Interior, el fiscal nacional, Ángel Valencia, los directores de la PDI y carabineros, Eduardo Cerna y Ricardo Yáñez, y el delegado de la RM, Gonzalo Duran. 

También, dicen voces de Palacio, la ministra estuvo abocada entre la jornada del martes y ayer a delinear junto al mismo Presidente Gabriel Boric y su equipo el anuncio del paquete de medidas para hacer frente a la crisis de seguridad el cual incluye creación de una cárcel de máxima seguridad y una unidad especial de gendarmería. 

Aún así, la oposición ha elevado el tono contra el gobierno y sobre todo con la ministra del Interior y los dos subsecretario de la cartera.

“Exhortamos a la ministra y a los subsecretarios (de Interior y Prevención del Delito) a que, en el más breve plazo, presenten su renuncia al cargo y den paso a autoridades que estén debidamente calificadas y comprometidas con la seguridad de los chilenos, toda vez que resulta indiscutible que, al menos los encargados del Ministerio del Interior, se encuentran mucho más preocupados de sus futuros electorales que de combatir al crimen organizado”, decía la declaración compartida a principios de esta semana por la UDI. 

La arremetida, sin embargo, resultó en un nuevo respaldo del presidente a Tohá. De hecho, las palabras del presidente, aseguran socios del gremialismo, dejó en mal pie a la UDI: “No le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pide la UDI”, afirmó el mandatario. 

No obstante, el Partido Social Cristiano (PSC) prosiguió en la ofensiva contra la ministra subiendo la apuesta: una acusación constitucional en su contra. 

División al interior de la oposición

“La crisis de seguridad en nuestro país es insostenible y el gobierno tiene una venda en los ojos. No se dan cuenta de que Chile no resiste más esta ola de violencia. 15 homicidios en cuatro días son más que suficientes para confirmar que la agenda de seguridad en nuestro país no está funcionando y que las reuniones de la ministra Tohá no están dando las soluciones a la crisis que estamos enfrentando”, dijo la diputada y presidenta del PSC, Sara Concha, al momento de anunciar la AC.

Desde el resto de la oposición, las reacciones fueron diversas. Por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dejó entrever que es posible que se apoye el libelo acusatorio ya que en la actual crisis existen “responsabilidades políticas” y que el Congreso “las puede hacer valer”. 

Respecto a la acusación constitucional, Macaya dijo: “No la descarto, porque son cosas que desde las bancadas de la oposición sabemos que esto no da para más”. 

Pero la idea no ha generado adhesión en las bancadas de oposición, especialmente en la de Chile Vamos donde existe temor de fracasar nuevamente en una acusación constitucional como ha pasado en las cinco ocasiones que lo hicieron durante este gobierno. 

Al respecto, la jefa de bancada de diputados RN, Ximena Ossandón, afirmó que “aquí no se trata de qué partido o sector es el que hace la apuesta más alta para quedarse con el punto comunicacional y político. Se trata de trabajar en conjunto para entregar soluciones legislativas y políticas frente a la crisis de seguridad en que nos tienen sumidos el crimen organizado. A las familias no les importa si un ministro se va por ineficiente o no, les importa que les aseguren que si ellos o sus hijos salen de su casa, regresarán con vida a sus hogares. Los 15 homicidios de la última semana son un llamado urgente a la acción y a la unidad para devolver la tranquilidad a nuestros vecinos”. 

En esa línea, la diputada afirmó que “si bien la acusación constitucional es una herramienta legal que nos otorga la Constitución, hay que ser lo suficientemente responsables y realistas para proponer algo como eso. Al parecer, los colegas del Partido Social Cristiano no han aprendido nada de los errores anteriores y siguen impulsando acusaciones antes de tener los votos en la mesa”. 

En tanto, el jefe de bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que “creemos que no es tiempo para pensar en acusaciones constitucionales, no obstante es una medida que está presente en la Constitución y que por cierto, no descartamos”.