Luego de que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, asegurara el fin de semana que el proyecto de aborto legal anunciado por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del 1 de junio, se enviará en diciembre al Congreso, desde la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), su directora ejecutiva, Débora Solís, abordó el tema en diálogo con El Desconcierto.

Consultada respecto de qué le parece la decisión del Ejecutivo de avanzar en la consolidación del aborto libre, más allá de la normativa vigente (IVE), que permite la interrupción del embarazo en tres causales específicas, desde la entidad destacan la decisión emanada de La Moneda.

“Desde un principio hemos celebrado el anuncio del Presidente Boric respecto a un proyecto de ley de aborto legal, el cual la ministra Orellana adelantó que será presentado en diciembre. Es relevante que desde las organizaciones nos mantengamos alertas al proceso durante el cual se llevará a cabo la creación, presentación y respectiva votación de la legislación”, asegura Solís.

Sin embargo, comenta, “si bien es una noticia positiva para el ejercicio y visibilización de los derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre todo de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ello no puede significar un retroceso ni volver a discutir compromisos que ya fueron aprobados, como lo es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE).

“Derecho debiera estar garantizado”

Posteriormente, cuando le preguntamos acerca de qué tan relevante es avanzar en esta materia, tanto para las mujeres como para el país, la representante de Aprofa recalca que “el derecho a interrumpir un embarazo es un derecho humano que debiera estar garantizado, tanto en Chile como en todo el mundo”.

“Las mujeres y las personas gestantes tienen otras razones por las cuales llevar a cabo un aborto, más allá de las causales que actualmente están presentes en la Ley IVE”, argumenta.

Es por esto, dice, “que nuestra legislación debe seguir avanzando en los derechos sexuales y reproductivos con la aprobación de una ley de aborto legal”.

¿Le parece razonable que, como mencionó la ministra Orellana, se esté pensando en 14 semanas como límite para la interrupción del embarazo?, le consultamos a renglón seguido.

“Según lo planteado por la ministra Orellana y lo que dice la evidencia internacional, para una propuesta de plazos para la interrupción voluntaria sin causales, creemos que es razonable 14 semanas", sostiene.

Deben considerarse otras necesidades

Sin embargo, recalca, desde Aprofa se suscribe esta alternativa, "en la medida de que se realice un proceso de diálogo y se incluyan otras necesidades de las personas gestantes, y así abarcar la mayor cantidad de situaciones”.

Considerando que esta iniciativa tiene una seria oposición de un sector específico de nuestra sociedad, conformado por la derecha, la ultraderecha y la Iglesia Católica, Solís se refiere a esta embestida aludiendo lo sucedido durante su anuncio, en junio último.

“Cuando se presentó la iniciativa en la última Cuenta Pública, recordemos que se desató una eufórica ovación en la sala, sin embargo, también muchos parlamentarios y grupos opositores al gobierno dieron a conocer su molestia a través de comunicado, e incluso hicieron abandono de la ceremonia haciendo gestos de negatividad”, contextualiza.

A todas luces, releva, “esto es un anticipo sobre cómo será el escenario de discusión de este importante avance para los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestro país, pero también quiero hacer hincapié en que en una democracia es necesario que conversemos y dialoguemos sobre proyectos como este”.

Crédito foto: Agencia Uno