Una mujer que era administradora pública y funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, fue detenida brutalmente el 13 de septiembre de 1973, días después del golpe militar en Chile.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante su trabajo en el Edificio del MOP en Santiago, soldados irrumpieron y, tras allanar violentamente el lugar, llevaron a la mujer y a otros veinte compañeros en un bus al Estadio Nacional.

Allí, la funcionaria del MOP, embarazada de seis semanas, fue sometida a horribles torturas y vejaciones, incluyendo interrogatorios.

En el Estadio Nacional, convertido en un centro de detención y tortura, la mujer fue confinada en los camarines junto con cientos de otras mujeres.

Las detenidas vivían en condiciones inhumanas, sin derecho a comunicación, durmiendo en el suelo y siendo constantemente interrogadas y torturadas.

La funcionaria del MOP y otros detenidos enfrentaron simulacros de fusilamiento y ejecuciones sumarias, aumentando el terror y la inseguridad entre los prisioneros.

Tras más de un mes de detención, la mujer fue liberada gracias a la intervención de un conocido, pero las secuelas físicas y psicológicas de su cautiverio fueron devastadoras.

La funcionaria del MOP desarrolló una enfermedad ocular degenerativa poco después, que la dejó ciega años más tarde, probablemente acelerada por el estrés y el trauma sufrido.

Además, en el fallo se agrega que Su hijo, gestado durante su detención, heredó las cicatrices emocionales de este período, sufriendo de inseguridad y miedo extremo a la autoridad durante su infancia.

El Tercer Juzgado Civil de Santiago ha reconocido estos hechos como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

La jueza Soledad Oyanedel Rodríguez ha ordenado al Estado pagar $40.000.000 a la mujer y $10.000.000 a su hijo por daño moral.

El monto será ajustado según la inflación y acumulará intereses desde la fecha en que la decisión sea final.