Un auxiliar de aseo comenzó a trabajar el 1 de marzo de 2022 en un edificio donde, tras la llegada de una nueva administración en junio de ese año, comenzaron a surgir múltiples problemas laborales.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la nueva administración no respetaba las condiciones de trabajo previamente acordadas, había retrasos en el pago de salarios y de las cotizaciones de seguridad social, no se pagaban las horas extras, y además, los trabajadores recibían malos tratos.
Ante esta situación, el auxiliar, de nacionalidad haitiana, decidió denunciar a la empresa ante la Inspección del Trabajo. La fiscalización resultante confirmó las irregularidades y la empresa fue sancionada administrativamente.
Sin embargo, el trabajador empezó a recibir hostigamientos con el objetivo de que renunciara. Persistió en sus reclamaciones y tras una nueva fiscalización en noviembre de 2022, fue despedido el 14 de diciembre de 2022, bajo un pretexto legal pero sin cumplir con las formalidades requeridas.
El auxiliar de aseo sostiene que su despido fue una represalia directa por haber buscado la intervención de la Inspección del Trabajo.
Llevó su caso a la justicia, solicitando no solo su reintegración sino también compensaciones por el aviso previo no dado, las vacaciones y los días festivos no pagados, las horas extras adeudadas y el salario pendiente, amparándose en las garantías de indemnidad que protegen a los trabajadores de represalias por ejercer sus derechos.
El caso llegó hasta la Cuarta Sala de la Corte Suprema, compuesta por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Eliana Quezada, y las abogadas integrantes Fabiola Lathrop e Irene Rojas.
La Corte tuvo que decidir sobre un recurso que buscaba unificar criterios legales específicos, relacionados con cómo se deben calcular las compensaciones económicas que se le deben a un trabajador al ser despedido.
En una decisión unánime, la Corte Suprema declaró que este recurso no era aplicable en este caso particular.
Argumentaron que no había discrepancias legales relevantes que requirieran una unificación de criterios, ya que los hechos presentados por el auxiliar de aseo y los hechos considerados en la sentencia no coincidían.
Esto significaba que las reglas legales citadas para modificar la decisión anterior no eran pertinentes aquí.
Con este fallo, la Corte confirmó la decisión previa que apoyaba al trabajador, reconociendo que había sido despedido injustamente.
