El abogado Juan Pablo González y los consejeros del Ñuble, Lorena Jardua (UDI) y Cristián Quilodrán (Ind.), decidieron interponer una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Chillán por los eventuales delitos que habrían cometido funcionarios de los gobiernos regional y central y que afectarían el patrimonio público, entre ellos la máxima autoridad de la región del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), y el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD), en su calidad de ex Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

Se trata de una acción judicial por delitos asociados a la probidad pública como fraude al fisco, tráfico de influencias, desfalco, apropiación indebida y evasión de impuestos, todo esto en el marco del Caso Fundaciones en la arista ProCultura.

Según consigna el documento, son dos querellantes contra seis querellados: Óscar Crisóstomo, Alicia Contreras, Osvaldo Alcayaga, María Gómez, Miguel Crispi y Fundación ProCultura, con el propósito de solicitar diligencias investigativas y una demanda civil por medio de documentos que acreditarían personería, patrocinio y poder.

Procultura

"Uno de estos contratos suscritos por la querellada FUNDACION PROCULTURA fue con el GORE de la Región del Biobío, por el cual consiguió un convenio por $2.553 millones de pesos, algo que lograron en poco más de 27 días. En abril de 2022, la fundación se contactó con el gobernador RODRIGO DÍAZ para optar a los fondos, con su propuesta logrando aprobación técnica en tan sólo 7 días", describe el escrito.

Asimismo, "dos días después elaboraron un reporte, el cual fue revisado y aprobado el día 3 de mayo en la Comisión de Presupuesto. Un día después, este se aprobó en el Consejo Regional, y para el día 5 de mayo se firmó la aprobación. Seis días después, la Subsecretaría de Desarrollo Regional resolvió visar los fondos".

"Este convenio terminó en noviembre de 2023, un poco antes que PROCULTURA cerrara sus operaciones, con esta misma habiendo recibido $2.500 millones de pesos, aunque la organización solo regresó $1.500 millones y solo se rindieron $515 millones", detalla.

Consultada al respecto, la consejera regional, precandidata de la UDI a la Gobernación del Ñuble y una de las querellantes, Lorena Jardua, dijo que "tal como ocurre a nivel nacional, también el Gobierno Regional (del Ñuble) firmó contrato con Procultura para hacer un encuentro binacional que fue analizado y supervisado por la Contraloría General de la República de la región... El informe final determinó que habían varias irregularidades que podían constituir delitos".

"Nosotros nos contactamos con un abogado que analizó este informe final, y como consejeros nuestra labor es tomar acciones que tienen que ver con nuestra labor fiscalizadora, ya que tomando conocimiento se tiene que poner ante la Justicia (...) Se tiene que esclarecer en la Justicia, donde corresponde, y yo creo que un funcionario público tiene que actuar buscando siempre la claridad de los hechos", aseguró la precandidata.

Empresa de turismo

Jardua, además, habló de situaciones fraudulentas en el manejo de los dineros asignados por la Dirección de Presupuesto, cuya directora, Javiera Martínez de RD, declaró como imputada en febrero de este año por el Caso Convenios en la arista Democracia Viva).

"Una de las cosas que nos llama harto la atención es que, por ejemplo, hay una empresa de turismo que presenta cotización, pero de todas maneras se le entrega la licitación a otra empresa que luego subcontrata a la que presentó cotización... Entonces todo es extraño por decirlo menos", sugiere la consejera del Ñuble.

De acuerdo a la querella, Procultura “procedió a subcontratar los servicios de Consultora y Productora Esquerré Limitada y Servicios Turísticos Esquerré Limitada, respecto de las cuales pagó sobreprecios por los servicios y bienes respecto de los cuales contrató, no estando autorizada para ello”.

Con estos antecedentes, el libelo plantea que los querellados actuaron bajo una “falsa legalidad en el otorgamiento de los fondos públicos”, y que además hubo inconsistencias en los pagos.

Estos fueron detectados por la Contraloría, que también cuestionó el proyecto de "Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble", por 268.100.000 pesos que fueron asignado de forma directa a ProCultura.

Respecto de los sobreprecios, precisamente para realizar este encuentro Chile-Argentina, la querella destaca la adquisición de cuadernos, lápices, señaléticas, poleras, bolsas, lienzos, impresiones, credenciales, lanyards y regalos corporativos por 10 millones de pesos gestionados por Empresa Esquerré.

Esta es la misma empresa que este año fue allanada por la PDI, junto con el Gobierno Regional del Ñuble, en el marco de las investigaciones por este caso y las diligencias solicitadas por el fiscal de Aysén, Carlos Palma. Empresas Esquerré, además, trabajó para el también cuestionado gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), en otra de las aristas de ProCultura en esa región.

PS se defiende

Por medio de un comunicado, el Partido Socialista de la región del Ñuble se defendió y aseguró que “ante esta ofensiva, ya existe una investigación en curso por parte de Fiscalía en relación con el caso ProCultura, y el gobernador Crisóstomo ha actuado de buena fe, poniendo a disposición toda la información requerida por el ente persecutor para aclarar los hechos".

"Tenemos la convicción que esta acción judicial llega a destiempo, y tiene por objetivo dañar la imagen de nuestro compañero gobernador Óscar Crisóstomo, y por consiguiente, afectar los resultados electorales del mes de octubre, considerando que los querellantes tienen pretensiones electorales”, apuntaron.

"La querella presentada por la UDI y el consejero regional Quilodrán, y patrocinada además por Juan Pablo González, conocido abogado y conocido operador político de la UDI, responde a una acción desesperada por obtener el sillón del gobierno regional", declara la misiva.