Durante el mes de junio distintos medios de comunicación informaron que camiones con cerca de 80 toneladas de alimentos fueron impedidos de cruzar a Argentina por el paso Cardenal Samoré (Osorno) en dirección a Magallanes, debido a la implementación de una antigua ley sobre el tamaño de los camiones chilenos que pueden cruzar por Argentina.

Esta situación casi anecdótica en un paso fronterizo revela el problema estructural que viven los habitantes de las zonas extremas del sur de Chile, mostrando la dependencia de Argentina para acceder a bienes y servicios básicos como alimentos y otros artículos esenciales, la ausencia de conectividad con el norte del país, la falta de acceso a atenciones médicas de alta complejidad, entre otros problemas.

Avanzar en la solución de estos problemas, requiere terminar la Ruta 7 (conocida popularmente como carretera austral) y los caminos de conexión de diversas localidades rurales a aquella vía, junto con mejorar la conectividad multimodal de la zona austral de Chile.

Así mismo, es de vital importancia para mejorar la calidad de vida en estos territorios que, por ejemplo, se transforme el aeródromo de Chaitén en un aeropuerto; se aumenten los subsidios estatales al transporte aéreo de los habitantes australes; y que se mejore la frecuencia y calidad de los ferrys, transportes marítimos e infraestructura portuaria para conectar la amplia zona costera de fiordos y archipiélagos que se extiende desde Puerto Montt a Punta Arenas.

El Gobierno del Presidente Boric avanzó en esta materia, promulgando en 2023 la Política Nacional de Zonas Extremas, la que -entre otros cambios importantes-, determina una acción permanente, a diferencia de los Planes de Desarrollo de Zonas Extremas, que comprendían un horizonte de tiempo acotado. Además, la Política establece la incorporación de una perspectiva de derechos en miras de reducir las desigualdades territoriales.

Junto con esto, permite que los grandes proyectos de inversión pública sean evaluados de forma alternativa con la metodología costo eficiencia, permitiendo que proyectos que no son viables por la cantidad de población beneficiaria -la que es muy baja en estas zonas- sean realizables bajo esta metodología de evaluación.

Dicho lo anterior, si bien la promulgación de esta política aporta a posicionar la realidad de las zonas extremas como un elemento clave a abordar por parte del gobierno, este tema no se encuentra presente en la agenda pública.

En este marco, Rimisp (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) apoyó a la Subdere y al Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos a diseñar el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas de la Patagonia Verde, que comprende las comunas de Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena.

Este plan implementa el mandato de la nueva política de zonas extremas mediante una cartera de proyectos a implementar en los próximos 10 años, construida a través de un proceso participativo con los habitantes del territorio, los gobiernos locales, los servicios del Estado y el GORE, así como un estudio de caracterización de su infraestructura y equipamiento público, potencialidades económicas, y características socioculturales y ambientales.

En este proceso se identifica la problemática de la conectividad, exposición permanente a catástrofes socioambientales y altos tiempos de traslado a centros de salud, entre otros problemas.

A partir de la experiencia en el territorio, consideramos que, para avanzar en la solución de estas problemáticas, hace falta algo más que la promulgación de la Ley y la elaboración de un plan.

Es necesario generar esfuerzos a nivel institucional para generar una fuerte coordinación intersectorial donde también se incluya a los municipios, para implementar una cartera de proyectos que catalice soluciones habilitantes y transversales a las problemáticas presentes en el territorio y se transformen en cambios reales para la calidad de vida de la población, la que debe ser facilitada y apoyada desde el nivel central.

Llevar a cabo proyectos de inversión pública que permitan asegurar que los alimentos u otro tipo de recursos lleguen a toda la población, independiente que vivan o no en zonas extremas, es necesario para gatillar el desarrollo territorial.

La promulgación de la Política y la elaboración de los planes permiten avanzar en el abordaje de las diferentes barreras para que estos proyectos sean viables, ahora bien, el desafío está en la última milla, en el ejercicio de coordinación de las distintas instituciones que participan en el diseño y ejecución de estas políticas y planes.

Sería muy importante situar este desafío en el marco del proceso de descentralización, donde la redistribución del poder tiene que estar orientada a facilitar este proceso de coordinación entre los actores a nivel local y nacional.

Autores de la columna: Constanza Christian y José Navea, investigadores de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Crédito foto: Agencia Uno