Este miércoles 3 de junio se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares reales del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con el propósito de discutir si el militante comunista debiera estar imposibilitado de celebrar contratos respecto de los bienes materiales a su nombre o realizar movimientos con ellos, para incautarlos si resultase culpable de los delitos que se le imputan, entre ellos, cinco inmuebles y un vehículo.

La cita, solicitada por la empresa de insumos médicos Best Quality, se desarrolló en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en donde querellantes y defensa expusieron sus argumentos sobre los límites de la administración patrimonial del edil para una eventual reparación o indemnización, y para evitar que el imputado pueda dilapidar o traspasar las propiedades a su disposición en ese contexto.

Uno de los abogados querellantes, Diana Venegas por parte de Best Quality, acusa que el jefe comunal de Recoleta estafó a su representado, cuya alegación se sustentaría en el no pago de más de $ 1.000 millones de pesos en insumos médicos. Por su parte, la defensa de Jadue (esta vez encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez) dice que no existen antecedentes suficientes como para probar dicho ilícito e insiste en su inocencia

Defensa de Jadue

La abogada de la Universidad de Chile y académica de derecho penal de la UDLA, Ximena Aguirre, asegura que de demostrarse su rol resolutivo con amplias facultades en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la defensa tendría un gran desafío a la hora de demostrar su inocencia.

"En su calidad de autoridad edilicia tiene un rol, pero aquí él estaba actuando como juez y parte. En el rol que él desempeña, debe tomar estas decisiones. Pero si comete un abuso o traspasa los límites que le da su cargo, ahí entramos en la configuración del delito de administración desleal", comenta.

Asimismo, sugiere que se da por todos lados una figura que no es muy transparente: "Él visaba todas las operaciones de la asociación (Achifarp), por lo tanto la mayor responsabilidad va a recaer sobre él. Tendría que demostrar desconocimiento, error o que fue engañado para tomar esas decisiones. Pero si está a cargo de la administración de una organización como esa, la verdad es que más que jugarle a favor, le va a jugar en contra"

"Lo único que le queda es demostrar una causal que lo exculpe de la mala administración que se ejecutó y que no sea atribuible a dolo sino que a culpa o negligencia. O que la investigación de la Fiscalía sea deficiente y no llegue con buena prueba, cosa que les impediría demostrar la culpabilidad de Jadue. No lo podrían condenar", afirma.

La necesidad de prisión preventiva

La aplicación de la medida cautelar más gravosa ha motivado las críticas de sus compañeros de militancia y otros participantes, quienes la tildan de injusta y acusan "persecución política".

Incluso, la diputada Carmen Hertz ya confirmó que los abogados Gonzalo Boye, Carlos Margota, Rodolfo Yanzón y Hugo Gutiérrez (este último también del PC), presentaron una solicitud de revisión de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) para apelar a su derecho a la libertad personal y a la participación política.

No obstante, Aguirre sostiene que, a la luz de las resoluciones emitidas por los tribunales, la carpeta de antecedentes del Ministerio Público debe estar lo suficientemente fundada como para plantear una medidas cautelar como la prisión preventiva.

Respecto de los sobreprecios, la experta afirma que podrían representar efectivamente fraude al fisco en tanto "los movimientos que existieron en torno a esta situación de los insumos médicos, por ser actuaciones de un órgano municipal, deben cumplir distintos trámites y gestiones. No es llegar y hacer negociaciones directas. Hay que justificar por qué se opta por una determinada empresa. Para eso están todos los procedimientos de licitaciones tanto públicas y privadas, y una vez agotadas esas instancias recién se puede recurrir a lo que se conoce como un trato directo".

"Primero hay que agotar la posibilidad de una licitación pública, es decir, en donde puedan ir todos en igualdad de condiciones. Luego, si no hay nadie, si las licitaciones quedan fallidas, se puede recurrir al segundo paso, que es una licitación privada. Ahí se maneja con ciertos proveedores nomás, pero también en igualdad de condiciones", confirma.

Insumos en bodegas

La abogada explica que, en situaciones especiales como lo fue la pandemia, "lo más probable es que se haya utilizado la urgencia para actuar en un trato directo (...) Probablemente en este caso, por ser insumos médicos, se pueda justificar una acción como esa. Pero si ese es el fundamento, de que los insumos lleguen a la población, no se condice con que existan insumos en bodegas".

"Todos estos son antecedentes que toma en cuenta el juez para decidir si en este caso aplica una prisión preventiva o no, porque como sabemos la prisión preventiva es la excepción. La regla general es que las personas estén en libertad cuando están en un juicio. Solamente en los casos que establece la ley se puede dejar a una persona en prisión preventiva, y ese estándar es alto", asegura.

"Por eso la gente, en el caso de la delincuencia común, reclaman que los delincuentes salen por la puerta giratoria, porque es difícil lograr limitar la libertad de una persona mientras está en juicio. Tiene que ser algo muy grave y tiene que haber muchos antecedentes por parte de la Fiscalía para que el juez decida dejar a una persona en prisión preventiva", informa la académica.

Sobre los argumentos de los tribunales, la penalista advierte que "los delitos de los que se está hablando tienen penas altas, y además se trata de una autoridad que está en ejercicio, y ese es el mayor argumento que dio el juez para decretar la prisión por el riesgo que significa. Que siga en su cargo, que pueda fugarse. En vista de todo lo que se puede arriesgar, el juez decide la medida cautelar más gravosa".

"Se tienen que cumplir determinados requisitos: que sea un peligro para la sociedad, que sea un peligro para la víctima, que sea un peligro para la investigación o que tenga peligro de fuga. Y todos esos aspectos se dan en este caso. En el caso de él (Daniel Jadue) parece que es más grave la situación, porque la otra persona (José Muñoz) le dieron arresto domiciliario. Me da la impresión que existen antecedentes de peso", cierra.

El futuro del alcalde

De acuerdo a la abogada, la Fiscalía está armando todo para ver con qué pruebas cuenta para acusarlo con el propósito de llevarlo a un juicio oral. "Si la prueba del fiscal es buena, va a tener cómo demostrar la culpabilidad. Los antecedentes del fiscal podrían ser débiles, o la defensa podría botarlos, podrían pasar muchas cosas", plantea.

"Todavía falta mucho para la sentencia, estamos en una etapa investigativa. El plazo máximo que tiene la Fiscalía para investigar son dos años (...) son delitos medios complejos, de mucha información. Si el fiscal considera que ya cuenta con los antecedentes suficientes como para emitir una acusación, lo hará. Daniel Jadue podría tener participación como autor, cómplice o encubridor", agrega.

Se espera que los próximos días se fije una fecha para la revisión de su actual medida cautelar para cambiarla por una de menor intensidad, aún cuando esta fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

45 días pasa salir del cargo

La justificación de la defensa apela a que, de acuerdo a la Ley de Orgánica de Municipalidades, si un alcalde se ausenta de sus funciones durante 45 días, el Concejo Municipal se verá obligado a elegir un reemplazo, el cual ha recaído todo este tiempo sobre el también militante del PC, Fares Jadue.

En tanto, este jueves se conoce la resolución definitiva respecto de la administración de las propiedades del -aún- alcalde de Recoleta de la mano de la jueza de garantía Katherinne Román.