El presente texto es la continuación de una columna de opinión publicada en CIPER Chile, bajo el título “¿Cuánto cuesta abandonar a un niño en la calle?”

Recientemente al Proyecto Red Calle Niños, le fue comunicado que su financiamiento tendrá fin en diciembre de este año. Las razones por las cuales el proyecto finalizará han sido espurias y sin ninguna fundamentación técnica.

El obstáculo principal se ha radicado en la Dipres. Un organismo dirigido principalmente por tecnócratas de la coalición de gobierno, dirigido por funcionarios del Frente Amplio, particularmente por profesionales formados en la racionalidad de las ingenierías, así como por abogados o jurisconsultos. Si se presta atención, toda una composición de profesionales de Revolución Democrática, provenientes del Think Tank Rumbo Colectivo.

Bajo la dirección política del piñerismo, el gobierno de la época a través del Ministerio de Desarrollo Social, diseñó e implementó el año 2020 el Proyecto Red Calle Niños. Un programa que desde su implementación mostró ventajas comparativas en términos de política pública. Su principal virtud es que dependía directamente de la Subsecretaría de Servicios Sociales y de la Subsecretaría de la Niñez.

Al no depender burocrática, financiera y jurídicamente del Servicio de Protección Especializada, -también conocido como “Mejor Niñez o Sename 2.0”-, su quehacer nunca estuvo instrumentalizado por la racionalidad institucionalizante del dispositivo anterior (ver aquí).

Los adolescentes en situación de calle que han adherido al proyecto lo han hecho por voluntad propia y no por órdenes judiciales. He aquí una diferencia radical en la perspectiva conceptual con la que se gestiona la vida de la infancia pobre. Se trata de un proyecto que contempla transversalmente la voluntariedad, al fortalecer la participación en detrimento de las prácticas de institucionalización y tutelaje de la niñez.

Luego de su implementación, ha quedado demostrado que los jóvenes no solo han adherido al programa sin la necesidad de ser sometidos por el poder judicial, sino que también han disminuido su consumo de drogas, al desarrollar aprendizajes y actividades ocupacionales, además de interrumpir trayectorias delictuales asociadas a la vida en la calle.

Pese a tener un alto nivel de daño en su desarrollo, los adolescentes que han participado del programa manifiestan un alto nivel de satisfacción respecto de su trayectoria por el proyecto. Permítannos subrayar este aspecto, pues no ocurre lo mismo con el servicio estatal que monopoliza la coerción legal de la infancia pobre, a saber, el Servicio de Protección Especializada (ver aquí).

La decisión de la Dipres en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024, no incluyó ni autorizó los recursos para atender a la niñez en situación de calle. Recientemente, la Subsecretaría de Servicios Sociales informó a todas las organizaciones que ejecutan el programa, que deberán terminar de atender a toda la infancia pobre en diciembre del presente año.

En el contexto de una coalición de gobierno que prometió fortalecer la salud mental de su niñez habría que preguntarse a qué infancia se refirió, y ante la ausencia de presupuesto viable para la atención de la niñez en situación de calle, ¿cuál es la infancia que le interesa apoyar a la dirección de presupuesto? ¿acaso el discurso público de la salud mental nunca estuvo centrado en la infancia pobre? ¿habrá para el Frente Amplio, un componente de clase en el diseño de políticas sociales de la infancia?

Son legítimas estas preguntas debido a que la niñez en situación de calle se asemeja mucho más al concepto historiográfico de bajo pueblo que a representaciones de infancias liberales y clases medias (Juan Carlos Rauld, 2021, Desprotección de la infancia: Dominación, Biopolítica y Gobierno. Editorial Hammurabi).

La decisión de la Dipres no es tan solo una cuestión de racionalidad económica de gobierno. Terminar con el financiamiento de la infancia en situación de calle representa una regresividad en la defensa de los derechos humanos de uno de los grupos más dañados en la sociedad contemporánea.

He aquí que nos preguntamos si la decisión de la dirección de presupuesto debe entenderse como una regresión de la política elaborada por el Piñerismo. Si ello es así, la infancia pobre solo es comprendida como objeto de gobierno, pues es perfectamente posible entender que el gobierno anterior avanzó en la propuesta de una política pública de mayor garantía para derechos de la niñez.

La Dipres cuestiona que se realice un doble pago por la atención de los niños en la calle, al atribuir la responsabilidad legal de la atención al Servicio de Protección Especializada. Empero, basta prestar atención a las extensas cifras de adolescentes que se escapan de las residencias para advertir que la infancia institucionalizada profundiza la vida de la niñez en la calle.

En lo que respecta a la objeción atribuible al “doble pago”, es necesario señalarle a la Dipres que no existe una atención paralela o un doble costo. Permítannos explicarles a los tecnócratas una cuestión que no es solo de naturaleza semántica, sino que también de política pública. No se trata aquí de una atención paralela, sino que de una atención complementaria.

A nivel de políticas públicas en Chile, no existe un programa con mayor evidencia científica que el Programa Red Calle Niños. Potenciar o no un proyecto que gestiona la vida de la infancia pobre y sin familias, no solo es una cuestión de tecnócratas interesados en el costo y en el impacto que tienen las políticas públicas basadas en evidencias, sino que ante todo, dichas políticas son también una decisión política.

Para terminar, permítannos preguntarle en clave biopolítica a los altos funcionarios de gobierno, -conozcan o no los tecnócratas de turno la categoría que empleamos-, ¿qué infancia es la que pretenden hacer vivir o dejar morir?

Autor de la columna: Juan Carlos Rauld, Trabajador social de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Magíster en Pensamiento Contemporáneo en Filosofía y Pensamiento Político del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Investigador independiente y jefe del Programa Red Calle Niños de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas.

Crédito de la foto: Agencia Uno