La inclusión escolar en Chile es un proyecto inconcluso, incompleto y muy incoherente hasta el momento. Sólo intentos aislados, poco trascendentes y frágiles de aceptación y trabajo pedagógico dirigido hacia todos los estudiantes de colegios subvencionados por el Estado.

Hace más de 10 años que he estudiado este tema, y desde mi perspectiva como profesor de aula, investigador y como apoderado de escuela, he escuchado las voces de profesores/as, educadores diferenciales y directores/as de escuela, y todos coinciden en que la inclusión escolar en Chile son sólo "declaraciones políticas" más que realidades concretas.

De hecho, la mayoría de las políticas de inclusión vigentes consideran a los educandos solo como grupos separados, sin relación, diseccionados, a los que hay que otorgarles subsidios y apoyos especiales de acuerdo a su condición: socioeconómicamente vulnerables (Ley Sep, Ley de Inclusión Escolar), con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Permanentes (decreto 170), con Trastorno o Condición de Espectro Autista (TEA, Ley 21.545) y aquellas circulares para compensar la discriminación de género y el uso del nombre social.

Hasta el momento la inclusión no es la prioridad para las comunidades educativas, ya que la calidad y el accountability han monopolizado la atención de los agentes escolares en vías de mejorar en las evaluaciones estandarizadas (Simce, Paes, Pisa, etc.).

En este sentido, la Inclusión Escolar es un discurso bienintencionado que busca aceptar las "diferencias y diversidad" del alumnado dentro de las escuelas y liceos a lo largo de Chile. Sin embargo, a la hora de implementar (o poner en acto) estas políticas, es cuando se generan las mayores dificultades: directores, profesores, asistentes y familias, que no están preparados o que no tienen recursos tanto para aceptar o implementar esta inclusión.

También una cultura escolar que hace muchas décadas ha promovido la homogeneización y estandarización hasta tal punto, que lo "diferente" es raro o rechazado o resistido por escuelas entrenadas para la conservación y transmisión de un currículum del siglo XIX.

La buena noticia es que la disposición y la actitud de todos los agentes escolares en la actualidad está a favor de la inclusión, al menos en el discurso, el problema es que a la hora de implementar esta inclusión se les hace más difícil de lo que estimaron.

En primer lugar, las políticas de inclusión escolar -paradójicamente- representan una barrera potente para poder incluir, ya que siguen los mismos principios de mercado y de asistencialismo que siguen casi todas las políticas educativas en Chile, es decir, funcionan en base a "subsidios" y conllevan una tremenda carga de burocracia asociada a la demostración de evidencias y diagnósticos para recibir recursos económicos y humanos para que la inclusión sea una realidad.

Algunos ejemplos básicos: Los siete cupos de niños con NEE por curso, que establece el decreto 170 (2009), la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la Ley SEP (2007), los diagnósticos médicos establecidos por el decreto 170 (2009), la demostración por medio de informes psicopedagógicos de las educadoras diferenciales y los cupos de los colegios particulares subvencionados para que los educandos ingresen a las escuelas, exigidos por la Ley de Inclusión Escolar (2015).

Por tanto, hasta el momento, todos los técnicos/as o expertos/as han hecho lo posible para aumentar las cuotas de inclusión en las escuelas, pero no han cambiado las lógicas de mercado y asistencialistas para atender a la diversidad del alumnado y sólo han dispuesto recursos dependientes de "vouchers o subsidios" para que los estudiantes considerados como "diversos" tengan derecho a algunos servicios especiales para nivelarlos con sus compañeros "normales".

En este escenario existen dos buenas noticias:

1. Las escuelas y sus actores, a pesar del infatigable y tremendo trabajo que asumen cotidianamente, tienen la disponibilidad y la intención de trabajar a favor de la inclusión.

2. Se pueden generar otras alternativas para implementar una inclusión de verdad, y no de cartón, por medio de la creación de fondos basales dirigidos hacia una educación integral y holística, garantizando el derecho para todos los estudiantes de participar de una educación de calidad equivalente, sin importar su condición.

Por otra parte, existe evidencia abundante de sistemas educativos que aplican estos esquemas de financiamiento y de trabajo pedagógico y social para favorecer la inclusión, los que podemos emular, ya que han sido exitosos en esta verdadera cruzada.

Hasta el momento los fatigados y menospreciados actores educativos han implementado esta "inclusión de cartón", pero es necesario dar un paso más allá y defender el derecho a la educación para todos, sin depender de los recursos propios de las escuelas, de la "buena voluntad" de directores/as y profesores/as de escuela, o de la "inteligencia" del gobierno de turno.

Es hora de cambiar las prioridades, y aumentar los recursos para la educación, para pasar de pagar $800.000 mensual por un preso (aprox.) y $200.000 (aprox.) por estudiante a $800.000 por el futuro de cada niño y niña y $200.000 o menos por mantener a un infractor de la ley. En ese momento, seremos un país que va por el camino del desarrollo.

Autor de la columna: Fabián Inostroza, Doctor en Educación e Investigador Independiente.

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