El 4 de enero de 1974, una familia vivió un episodio que cambiaría sus vidas para siempre.

Según se puede consignar en el fallo judicial, ese día, una mujer, a punto de cumplir 40 años, junto con su hija de 12 años, su medio hermano de 8 años, una sobrina de 7 meses y un niño de 8 meses que había adoptado sin papeles, fueron detenidos por agentes de la DINA mientras pasaban por la plaza de la Constitución.

Los llevaron al regimiento de la FACH en El Bosque y, tras algunos días, liberaron a los niños dejándolos solos en su casa vacía. Esta fue la última vez que la hija vio a su madre.

Los menores se vieron obligados a separarse; uno fue llevado a un hogar de menores, y la hija comenzó a moverse entre familiares paternos, siendo eventualmente internada, ya que su familia paterna temía represalias y la materna nunca ofreció ayuda.

Además, en el fallo se señala que la familia se reunió de nuevo cuando la hija cumplió 18 años y pudo hacerse cargo de su hermano. Sin noticias de su madre por décadas, fue hasta el 2002 cuando, a través del programa PRAIS, se enteró de los horrores que su madre sufrió: torturas en Tejas Verdes y su muerte al ser lanzada al mar encadenada dentro de un saco.

Esta trágica historia, que afectó profundamente la vida de la hija causándole una depresión duradera, llevó a la justicia a reconocer los hechos.

La Sexta Sala del tribunal de alzada en Santiago ha determinado que el Estado de Chile debe pagar $80.000.000 como compensación por el daño emocional a la hija de la ciudadana detenida desaparecida.

Los jueces afirmaron que las graves violaciones a los derechos humanos deben ser reparadas integralmente, respetando los tratados internacionales y la normativa que protege los derechos fundamentales, más allá de las leyes internas del país.