La Segunda Sala de la Corte Suprema decretó que la investigación de la fatídica marcha en Putre, que acabó con la vida de un joven conscripto y dejó a una decenas dañados, quedará a cargo finalmente de la justicia civil, y no de la justicia militar.
Será el Juzgado de Garantía de Arica el tribunal que tomará la investigación, por lo que recibirá todos los antecedentes que se han recopilado durante el proceso.
La decisión de los ministros del máximo tribunal se basó en lo que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre delitos de violaciones a los derechos humanos.
"La jurisdicción militar no es fuero competente para investigar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria".
Lo propuesto por la CIDH busca "evitar la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y a la protección judicial".
Si bien, los hechos se están investigando, el máximo tribunal destacó que los apremios ilegítimos que declaran las víctimas "de ser comprobados, podrían también ser considerados como constitutivos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ilícitos que forman parte del catálogo de delitos contra los Derechos Humanos".
Por lo tanto, en la resolución de la Corte Suprema (rol 17.281-2024) atribuyen que la naturaleza jurídica de los hechos ocurridos el 27 de abril son excluyentes de la justicia militar, y más bien son "con ocasión" de ellos.
Los delitos que quedan a cargo de la justicia militar son "sólo para aquellos casos de comisión de delitos comunes de militares en contra de militares vinculados estrictamente a la función militar y en protección de los bienes jurídicos que le son propios".
Finalmente, se resolvió que la ministra en vista de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, no podrá seguir investigando los hechos.
*Fuente de la imagen: Agencia Uno.
