El martes 11 de junio, a través de las redes sociales de la secretaría regional ministerial de Minería de Aysén, fuimos notificados sobre una reunión liderasma.gob.clda por el titular de la cartera Juan Vásquez Alarcón (irónicamente, militante de la Federación Regionalista Verde Social) con el gerente general de Minera Pacífico del Sur (actual propietaria de Minera El Toqui).

La cita, desarrollada en Alto Mañihuales, donde la empresa tiene sus faenas, tuvo por objeto discutir “acciones tendientes a fortalecer la minería a través de alianzas público-privadas”, contando también con la presencia del seremi del Trabajo, Rodrigo Díaz Cordaro, y representantes de la dirección regional de SENCE, ChileValora, la Dirección de Administración y Finanzas de INACAP y un representante del Comité Paritario de la empresa.

Reunirse con todos los sectores de la región claramente es lo que se espera de toda autoridad política. Se gobierna para todos, no sólo para algunos, es lo que desde siempre hemos creído.

Sin embargo aquello, resulta ineludible poner atención en el discurso del “fortalecer la minería a través de alianzas público-privadas”, cuando esto implicaría un respaldo sin cuestionamiento alguno a la operación del yacimiento minero El Toqui, que obvia su historial de daño socio-ambiental en la zona. Antecedentes que tiene desde hace muchos meses el así llamado gobierno ecologista.

No podemos dejar de advertir que instancias y declaración de intenciones de estas características -así como las que se promueven desde un cuestionable “Gabinete Pro Crecimiento y Empleo en Aysén” o los anuncios y acciones del seremi de Energía Tomás Laibe Sáez a favor de una industria salmonera contaminante- nunca, pero nunca, deben dejar fuera a los habitantes del territorio y principales afectados por los impactos socio-ambientales de estos proyectos. Porque tal fue el tenor de esta reunión y agenda en particular.

Es preciso recordar al seremi que en el mes de junio de 2019 la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de $1.131.613.173 a la entonces propietaria del yacimiento minero El Toqui (Laguna Gold), por el daño ambiental ocasionado con la ilegal operación de su tranque de relaves Confluencia. 

En esta resolución, le obligó, además, a someter la ampliación de dicha instalación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el objeto de disponer medidas de mitigación, reparación y/o compensación de sus constatados impactos ambientales.

Esto, dado que durante el procedimiento sustanciado por la SMA se constató la contaminación del agua y suelo de la zona con arsénico, plomo y otros metales (desde Alto Mañihuales hasta lago Norte, al menos), la contaminación y muerte de ganado de los habitantes de la zona e, inclusive, la presencia de altas concentraciones de plomo en los pobladores de dichos sectores.

La australiana Laguna Gold, se recordará, luego de pagar la multa comenzó los trámites que derivaron en la declaratoria de su quiebra. Esto se tradujo no sólo en el incumplimiento de sus deberes económicos y contractuales (sobre todo con sus trabajadores), sino en que nunca se hiciera cargo del daño ambiental constatado por la SMA, circunstancia que se ha mantenido invariable a la fecha, pese a que desde el año 2020 el yacimiento minero es operado por su actual propietaria, Minera Pacífico del Sur SpA. 

Esta empresa se ha limitado a sostener que adquirió todos los permisos ambientales de El Toqui menos, casualmente, el tranque de relaves Confluencia.

Bajo este argumento plantea que dicho pasivo ambiental no le pertenece, por lo cual insiste en que no sería su responsabilidad hacerse cargo del daño ambiental que afecta a los habitantes de Alto Mañihuales. Escenario actual que, recordemos, fue impulsado y permitido por el gobierno anterior, particularmente por el ex seremi de Minería Julio Zúñiga Morales.

El discurso del “fortalecimiento de la minería a través de alianzas público-privadas” también olvida que por Resolución dictada el 14 de diciembre de 2023, la SMA inició un nuevo procedimiento sancionatorio en contra de la titular del yacimiento Minero El Toqui, esta vez, por los incumplimientos constatados en la operación de su tranque de relaves Doña Rosa.

Aquí se puede incluir la contaminación del estero San Antonio con aguas provenientes del relave minero; saturación de la cubeta de almacenamiento de relaves e, incluso, el desborde del relave hacia un humedal aledaño, entre otras graves infracciones.

Ciertamente no es ése el desarrollo al que aspiramos muchos habitantes de la región ni, mucho menos, el que como ciudadanos nos gustaría que se “fortalezca” con “alianzas público-privadas”.

Como lo hemos planteado en otras instancias desde la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, en Alto Mañihuales y Villa Mañihuales existe la oportunidad y la urgencia de promover un real proceso de transición socio-ecológica justa (uno de los objetivos declarados de este gobierno), que robustezca otras formas de desarrollo y empleo; que promuevan verdadero desarrollo económico rural, local y sustentable.

Es lamentable que aquello, pese a ser uno de los pilares del Programa del “Gobierno Ecologista”, hoy se esté desmoronando en los hechos.

 

Autor de la columna: Erwin Sandoval Gallardo, Presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA)

Crédito de la foto: sma.gob.cl