La OIT identifica dos tipos de violencia laboral: interna (entre trabajadores, incluyendo directores y supervisores) y externa (entre trabajadores y cualquier persona en el lugar de trabajo).

La violencia laboral externa es especialmente preocupante en el sector servicios, como el transporte público, por ejemplo, para las y los trabajadores del metro, un tema que, aunque no aparezca en medios de comunicación todos los días, es bastante recurrente y, por sobre todo, alarmante.

En el transcurso de estos meses hemos sido testigos de un caso desgarrador que ha sacudido la contingencia y que demuestra la creciente violencia que enfrentan las y los trabajadores, especialmente en el ámbito del transporte público.

Las agresiones externas, muchas veces ligadas a incidentes relacionados con el transporte, han alcanzado niveles alarmantes, como lo demuestra el trágico caso de Adonis Miranda, un conductor que tuvo un ACV mientras manejaba y, debido a esto, sufrió una brutal agresión que lo dejó en estado de coma, que resultó posteriormente en su fallecimiento.

Es frente a esta realidad que hace seis años presenté un proyecto de ley (boletín 12256-13), actualmente en discusión en el Senado, que busca abordar la violencia laboral externa. Inicialmente lo impulsamos junto a trabajadores del metro y en la actualidad, este proyecto se ha ampliado para abarcar a diversos sectores, incluyendo el transporte público. Este es un avance hacia la protección de la integridad y salud de los trabajadores y trabajadoras que enfrentan violencia laboral externa.

El objetivo principal de esta propuesta legislativa es garantizar que los empleadores proporcionen ambientes de trabajo libres de violencia. Esto implica no solo la adopción de políticas y programas de prevención, sino también la responsabilidad de interponer denuncias penales en caso de delitos que afecten la vida o integridad de los trabajadores. Además, se establece la obligación de brindar defensa jurídica a los trabajadores afectados, especialmente en empresas de mayor tamaño.

Es esencial el reconocimiento de que todas y todos los trabajadores tienen derecho a un ambiente laboral seguro y libre de violencia. Es inaceptable que, bajo la legislación actual, las empresas no asuman ninguna responsabilidad por la protección de sus empleados en estas situaciones, esto dificulta su abordaje y la protección adecuada de las y los trabajadores afectados.

Este vacío legal se hace aún más evidente en sectores como el del transporte público, donde los trabajadores se encuentran especialmente expuestos a situaciones de riesgo, esta es una deuda frente a las recomendaciones internacionales de la OIT y la OMS, que han señalado que la violencia en el lugar de trabajo es un problema global, que afecta a diversos contextos laborales y profesionales.

Este proyecto de ley representa un paso clave hacia la protección de los derechos y la seguridad de los trabajadores en nuestro país. Actuar en favor de aquellos y aquellas que contribuyen día a día al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad, es una responsabilidad que no podemos pasar por alto.

Por eso esperamos el pronto avance del proyecto de ley de protección de trabajadores por violencia externa, que presenté en noviembre de 2018 y aún no es despachado por el Senado para que avance hacia su promulgación.

Autor de la columna: Boris Barrera Moreno. Diputado por el Distrito 9

Crédito foto: Agencia Uno