En octubre de 1973, tres personas fueron detenidas y llevadas a una comisaría en la comuna de La Granja. Allí, fueron ejecutadas por disparos.

El responsable de la comisaría, un oficial de Carabineros, jugó un papel clave en estos trágicos sucesos.

Recientemente, la Corte Suprema confirmó la decisión de que este exoficial debe cumplir una pena de quince años y un día de cárcel por su rol en los secuestros y ejecuciones de estas personas.

Este caso fue revisado por la ministra Marianela Cifuentes, quien determinó que el oficial fue un autor mediato, es decir, que él, desde su posición de mando, fue responsable de las órdenes que llevaron a estos crímenes.

El exoficial intentó apelar esta condena, argumentando que no se demostró claramente su responsabilidad y que deberían considerarse ciertas reducciones de pena.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó su recurso, enfatizando que los crímenes de esta naturaleza, por su gravedad, no prescriben, es decir, no pierden la posibilidad de ser juzgados con el tiempo, y que su posición como jefe implicaba una responsabilidad directa en los actos cometidos bajo su comando.

Además de la condena al exoficial, la Corte también determinó que el Estado debe compensar a las familias de las víctimas, otorgando $50.000.000 por el daño moral causado.