Un ciudadano de la tercera edad ha enfrentado obstáculos continuos que le han impedido recibir la cirugía necesaria para aliviar los intensos dolores causados por la gonartrosis bilateral (artrosis de rodilla), una condición degenerativa de las rodillas que severamente limita la movilidad.

Diagnosticado a fines de 2019, el paciente ha sido incapaz de trabajar y llevar una vida normal, dependiendo de cuidados constantes y enfrentando una creciente discapacidad.

Después de años de promesas no cumplidas y retrasos que incluyeron desafíos administrativos y eventos imprevistos como el estallido social y la pandemia, el adulto mayor tomó la determinación de buscar justicia legal.

Interpuso una acción de protección contra el Hospital Clínico San Borja Arriarán y la Superintendencia de Salud, denunciando la falta de una fecha para su cirugía y catalogando la situación como una omisión ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos constitucionales.

El tratamiento recomendado por sus médicos, una artroplastia total bilateral, sólo podía ofrecerse a través de la cirugía, para la cual ha estado en lista de espera desde 2019.

A pesar de múltiples solicitudes y la evidente urgencia de su condición, confirmada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en 2021 como una discapacidad física, el hospital postergó repetidamente la programación de la operación.

Su recurso de protección también incluía un llamado a la Superintendencia de Salud para que asignara otro prestador que pudiera realizar la cirugía, dada la inacción del hospital.

Las respuestas insatisfactorias de la Superintendencia sólo añadieron frustración al proceso, sugiriendo que presentara nuevos reclamos sin ofrecer soluciones concretas.

La Corte de Santiago inicialmente rechazó su recurso, pero la Corte Suprema tomó un rumbo diferente al revisar el caso.

Los jueces de la Corte Suprema dictaminaron que, como adulto mayor, el paciente merecía una atención prioritaria que el hospital no había proporcionado.

Argumentaron que la demora no sólo incumplía con las expectativas de atención médica prioritaria sino que también amenazaba su integridad física y emocional.

Por ello, la Corte Suprema ordenó al Hospital Clínico San Borja Arriarán programar la operación dentro de los próximos tres meses.