La trágica muerte de Franco Vargas y los malos tratos sufridos por sus compañeros conscriptos en Putre no pueden quedar en el olvido. Frente a esta dolorosa realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, creamos una Comisión Especial Investigadora para indagar a fondo lo sucedido aquel 27 de abril y las semanas posteriores.

La información proporcionada por los conscriptos que participaron en esa marcha de instrucción y las revelaciones del director del Cesfam donde llegó Franco ya fallecido, contradicen directamente las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército.

Esta situación deja en evidencia que no se cumplieron los deberes fundamentales de cuidado y protección hacia nuestros jóvenes y que hubo un evidente ocultamiento de los hechos y acciones realizadas por el mando en la fatídica marcha de instrucción.

Las familias trabajadoras de Chile confían en que el Ejército y el Estado cuidarán de sus hijos e hijas, quienes ingresan al servicio militar. Lamentablemente, en este caso, esa confianza fue traicionada. Franco Vargas, un joven de 19 años, perdió la vida mientras obedecía instrucciones en el contexto del Servicio Militar, servicio que realizaba en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, en Putre.

Una investigación necesaria y urgente

La Comisión Especial Investigadora que impulsé ya tuvo su primera sesión. En la instancia recopilaremos toda la información necesaria para esclarecer los hechos respecto a la marcha militar donde falleció Franco Vargas. Además, abordaremos la formación actual de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, en vista de las numerosas denuncias por maltratos y vejaciones.

Lo que escuchamos del Ejército hasta ahora es que prácticamente hicieron todo bien. Sin embargo, su presentación de más de una hora dejó más dudas que certezas y se limitó a generalidades. Es imperativo que esta comisión revele la verdad y que los responsables directos e indirectos rindan cuentas por sus acciones u omisiones.

Justicia civil para casos de conscriptos

Este caso nos recuerda la necesidad urgente de reformar la justicia militar en Chile. Por eso, junto a la diputada Lorena Pizarro, presentamos un proyecto de ley que busca excluir de la justicia castrense el conocimiento de casos que involucren a soldados conscriptos.

Proponemos que estos hechos sean conocidos y juzgados por tribunales ordinarios, cumpliendo así con las recomendaciones de entidades internacionales y de nuestra propia Corte Suprema. Es más, esperamos que el Gobierno de urgencia al proyecto y que, incluso, avancemos a establecer el accionar de la justicia militar sólo en tiempos de guerra, como sucede en países desarrollados.

Creemos que es fundamental que sean organismos independientes, con autonomía, quienes lleven adelante las investigaciones y sancionen estos hechos. En este caso, el Ministerio Público y los tribunales ordinarios deben ser los encargados de impartir justicia.

Un llamado a la acción

Hemos escuchado testimonios que describen situaciones que bien podrían caracterizarse como tortura, y como sociedad democrática debemos condenar y evitar que estas prácticas se repitan. Esperamos que el Ministerio avance en la modificación de la instrucción militar para que las vejaciones, tratos indignos y humillaciones dejen de ser parte de la formación de quienes ingresan al Servicio Militar.

Este caso no solo debe ser un llamado a la reflexión, sino también a la acción. Las vidas de nuestros conscriptos no pueden ser puestas en riesgo por negligencias o abusos. El Estado chileno debe cumplir con las condenas internacionales y reformar la justicia militar para garantizar la protección y los derechos de nuestros jóvenes.

Franco Vargas no debe ser una estadística más. Su muerte debe ser el impulso para generar los cambios necesarios que aseguren un servicio militar digno, seguro y respetuoso con los derechos humanos.

Autor de la columna:

Diputado Matías Ramírez, por el 2° Distrito, Región de Tarapacá