Chile cuenta con al menos 28 plantas desaladoras operando, cinco en construcción y otras 17 en evaluación, según datos de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades). Se trata de una solución que ha crecido en el país con críticas desde el ambientalismo por el impacto ambiental que genera en el mar, y la falta de regulación para normar su instalación.

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Ahora, el Ejecutivo puso urgencia a un proyecto de ley que lleva seis años en el Congreso, y que busca un ordenamiento territorial para las desaladoras, así como introducir requisitos y normas claras para esta actividad.

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El texto obliga al Ministerio de Obras Públicas a elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización, donde se podrán establecer objetivos, mecanismos, indicadores y parámetros para la instalación de estas plantas, ajustándolas a los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en cada región y comuna.

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Según las palabras del proyecto, la estrategia “priorizará la disponibilidad para consumo humano y saneamiento, con una extracción, tratamiento y disposición final que cautele los ecosistemas y el uso armónico y sustentable del borde costero”.

Consumo humano y evaluación ambiental

Los titulares de los proyectos deberán solicitar una concesión marítima a la DGA para poder usar el borde costero y extraer el agua. Entre otras disposiciones, el MOP considerará una cantidad máxima de extracción de agua establecida según criterios técnicos, científicos y ambientales establecidos en el futuro reglamento de la ley.

Además, si un proyecto no tiene como prioridad la entrega de agua para consumo humano, la DGA podrá obligar a la planta a entregar 5% de su capacidad de agua para este fin, como condición para entregar la concesión. Esto previa consulta a organismos competentes para conocer si hay interés público en ello, por falta de agua en la zona.

Se considerará que un proyecto tiene como prioridad el consumo humano, cuando pretenda entregar 50% del agua desalada o más para este fin.

Además, el proyecto de ley establece que las desaladoras deberán ingresar a evaluación ambiental. Un reglamento elaborado por el MOP y firmado por otros ministerios como el de Medio Ambiente, detallarán los requisitos, metas e indicadores para cada proceso. Este reglamento será elaborado por la DGA dentro de 180 días desde publicada la norma.

Conflictos e impactos

La falta de una norma que regule la instalación de desaladoras ha sido criticada desde el ambientalismo, ya que acusan que esta falta de regulación ha dejado impactos ambientales sin evaluar y conflictos con otras actividades productivas.

El impacto ambiental que más preocupa al mundo científico tiene que ver con el “agua de rechazo”, que es agua con químicos y salmuera resultante del proceso de desalinización, y que es devuelta al mar sin que se conozca a ciencia cierta el impacto que esto tiene en las aguas y la biodiversidad marina.

En los últimos años, estudios científicos de distintas partes del mundo han constatado como el aumento de la salmuera por esta actividad afecta por ejemplo a las larvas de loco chileno, a las praderas de plantas acuáticas o incluso a la temperatura local y a la cantidad de oxígeno en el agua.

En cuanto a conflictos socioambientales, se destaca el ocurrido en 2023 en que representantes de seis sindicatos de pescadores artesanales de la bahía de Quintero se tomaron durante meses en 2023 las instalaciones donde se construye una desaladora de Aguas Pacífico que abastecerá de agua potable a viviendas y también a la gran minería.