Una década llevan estos hombres y mujeres de mar buscando justicia frente al gigante petrolero ENAP Refinerías S.A., la empresa responsable del desastre, que deberá responder judicialmente frente a una demanda interpuesta por los sindicatos de ambas caletas que exigen una indemnización proporcional a los perjuicios derivados del daño ambiental ya sentenciado por la Corte Suprema.

El derrame de 2014 no solo contaminó las aguas de Quintero y Puchuncaví, sino que también dejó una marca indeleble en las comunidades costeras que dependen del mar para su subsistencia. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras: prohibiciones de pesca, pérdida de biodiversidad, y un impacto económico y psicológico incalculable para los pescadores y sus familias.

Todo esto, avalado por sendos informes de la Fiscalía Naval, del Ministerio del Medio Ambiente, peritajes psicológicos e informes de biólogos marinos que han certificado el daño producido por ENAP, dejando en la indefensión a los pescadores de la zona, casi al borde de la ruina, con aguas contaminadas y la consiguiente pérdida de su fuente de subsistencia. Todo ello, sin contar los innumerables casos de enfermedades y muertes derivadas de una zona que ha sido calificada como “Zona de Sacrifico”, frase que se ha arraigado en la conciencia colectiva, simbolizando la lucha contra la indiferencia y la negligencia empresarial.

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Supuesto acuerdo económico

No obstante, como las cosas muchas veces parecen quedar en el olvido, y según ENAP se llegó a un “acuerdo económico” con los pescadores, esta tragedia no solo queda a la sombra de la memoria, sino que además, se podría creer o pensar, que la empresa indemnizó a los pescadores afectados y que el asunto ya estaría resuelto. Es decir, borrón y cuenta nueva.

Aunque la verdadera historia, según los pescadores sindicalizados dista de ser así. ENAP habría ofrecido un pago irrisorio de 7 millones por pescador con la condición de que estos mismo limpiaran la bahía, pero nadie de los dos sindicatos aceptó ninguna propuesta de indemnización, ante lo que consideraron una verdadera burla. Si hubo gente que se prestó para la pantomima, no fueron los pescadores artesanales de Horcón y Ventana, los más agraviados en sus áreas de manejo, que llevan adelante una pelea que hoy está en manos de la Justicia.

“Los pescadores de Horcón y Ventanas, sindicalizados y con sus Registro de Pescadores Artesanales (RPA) al día, no han recibido un peso de ENAP por concepto de indemnización de perjuicios derivados del derrame. Sin embargo, a través de algunas notas periodísticas se ha buscado hacer creer que hubo un acuerdo económico. Pero eso no es así. Si se hizo algún pago, que según lo que he leído sería irrisorio frente a la magnitud de la tragedia, no es algo que se relacione con los pescadores sindicalizados de Horcón y Ventanas, los cuales tienen sus acciones judiciales en ejercicio ante Tribunales”, dice Carlos Cantuarias, el abogado litigante en este caso en donde la Corte Suprema ya dictaminó un daño ambiental significativo.

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La Larga Batalla Legal

La búsqueda de justicia ha sido una travesía ardua y llena de obstáculos. En 2014, la Fiscalía Naval condenó a ENAP a pagar 450 millones de pesos por no cumplir con las normas de seguridad en la descarga de petróleo. Sin embargo, esta sanción fue solo el comienzo de una serie de enfrentamientos legales que han durado una década.

Luego en 2019, la Corte Suprema de Chile sentó un precedente al condenar a ENAP por causar un daño ambiental significativo, lo que abrió la puerta para que los pescadores artesanales de Horcón y Ventanas presentaran sus propias demandas de indemnización de perjuicios derivadas del daño ambiental sentenciado por la Corte Suprema, cosa que hicieron en 2023 después de preparar sus pruebas. Estas acciones buscan una compensación justa por los daños patrimoniales y morales sufridos a lo largo de los años.

El abogado Carlos Cantuarias, de la especialidad del Derecho Ambiental, precisa que esta demanda se funda en los incisos primero y tercero del artículo 46 de la ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales y que expresan: (inciso primero) “Indemnización de perjuicios. Será competente para conocer de la acción de indemnización de perjuicios por la producción de daño ambiental establecida en la sentencia del Tribunal Ambiental, el juzgado de letras en lo civil con competencia en el lugar donde se produjo el daño.”. (Inciso tercero) “El tribunal civil competente, al resolver sobre la indemnización de perjuicios se basará en el daño ambiental y la relación causal entre éste y la acción del ofensor establecidas por el Tribunal Ambiental.”

Es decir, cuando existe sentencia de Tribunal Ambiental que resuelve y declara la existencia de daño ambiental significativo, y que es el presente caso, el tribunal civil debe basarse en ella por mandato de la ley. ENAP está tratando de evitar este mandato y dejar en la indefensión a los pescadores.

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Lucha por justicia económica y moral

Las repercusiones del derrame han sido profundas y duraderas. Las comunidades de Horcón y Ventanas, que dependen del mar para su sustento, han visto cómo su economía se desplomó. La prohibición de pesca durante meses, el desprestigio de sus productos marinos y la degradación del ecosistema han causado estragos, además de los informes psicológicos presentados en el juicio que documentan el daño emocional y mental sufrido por los pescadores y sus familias.

"Es crucial que estas resoluciones judiciales sienten precedentes importantes para la responsabilidad corporativa en casos de contaminación ambiental", señala Cantuarias. La lucha es por una compensación adecuada que refleje la magnitud del desastre y el sufrimiento causado. Estos desastres ambientales deben ser pagados en su totalidad y alcance. El castigo económico hará pensar dos veces el modo de operar de estas empresas y será un disuasivo para las negligencias de esta magnitud.

Los pescadores buscan una indemnización que no solo cubra los daños patrimoniales, sino también el enorme daño moral. La visión de mares contaminados, la prohibición de pesca, la impotencia de no poder sostener a sus familias y el desprestigio de sus productos son heridas que no se curan fácilmente.

Fabián Ogaz (60) es el presidente Sindicato Horcón. Un hombre con amplia experiencia, que desde los quince años es pescador y buzo, expresa con desaliento que ENAP no ha dado la cara y que espera que se haga justicia frente a esta catástrofe ecológica que parte el 2014 con el derrame que marcó la vida de él y cientos de hombres y mujeres de la zona.

“Acá lo que necesitamos es que ENAP de la cara y que nos paguen porque el daño fue y sigue siendo tremendo. Si el derrame fue impresionante, estaba toda la bahía llena de petróleo y hasta a nosotros tuvimos que sacarles la misma mierda a ellos. Antes vendíamos el loco a dos mil y tantos pesos y ahora casi ni a mil pesos. Incluso los chinos y los japoneses compraban de un año para otro. Hablamos de cantidades como 80 mil unidades de locos en un día como promedio y ahora sacamos unos 6 mil cuando hay extracción. Antes cargábamos los botes de locos en nuestra área de manejo y eso se puede verificar en Sernapesca”, dice Fabián Ogaz.

Consultados para este reportaje, ENAP se limitó a responder que: "Tal como lo hemos expresado anteriormente, en este y otros casos, seguiremos el curso legal correspondiente. Respecto de esta demanda, hemos planteado previamente la excepción de incompetencia, que fue acogida por el Juzgado de Letras y Garantías de Quintero y ahora estamos a la espera de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso se pronuncie sobre esta decisión"

Justicia ambiental

Es así que, a una década del derrame, la lucha de los pescadores de Horcón y Ventanas contra ENAP, sigue siendo una lucha entre David y Goliat, que se erige emblema de la búsqueda de justicia ambiental en Chile. Hombres y mujeres que no solo buscan una compensación justa, sino también sentar un precedente que proteja a las futuras generaciones de los estragos de la contaminación industrial.

“Nos mataron casi toda nuestra fuente de recursos. Yo soy buzo y he visto como han tirado la basura en esta bahía, ahora te vas por la costa y ves la contaminación. La playa por ejemplo cuando el mar está bueno y todo sale hacia la costa, puedes ver todo el carbón como se acumula. Porque acá con la desaladora que van a instalar van a ser 20 empresas. Imagínate lo que es eso, pero ahora la pelea es con ENAP y esperamos que estén a la altura y sean capaces de reparar nuestro sacrificio y sufrimiento”, recalca el presidente del Sindicato de Horcón que ha liderado esta batalla junto a sus compañeros de Ventana.

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