Marianela Cifuentes, ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, condenó a cuatro exoficiales del Ejército a una pena de 10 años de cárcel por sus responsabilidades en la desaparición de un hombre miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en dictadura. 

En tanto, otro exoficial fue condenado a 540 días de cárcel por su rol de encubridor. Todos los demás condenados ya cumplían pena en Punta Peuco. 

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Los hechos datan del 15 de octubre de 1977, cuando en horas de la madrugada, José Miguel Tobar Quezada, el único sobreviviente, caminaba por una calle en la comuna de Pudahuel.

En ese momento, fue detenido por agentes de seguridad, "quienes lo privaron del sentido de la vista, poniendo cinta adhesiva sobre sus párpados, impidiendo de esa manera que observara la ubicación del lugar al que fue trasladado, el centro de detención clandestino denominado ‘Villa Grimaldi’", según se indica en el fallo (Rol 6-2002).

En el recinto, Tobar fue sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos "con el fin de obtener información acerca de otros militantes del MIR". 

Ante la presión, Tobar entregó el nombre de Jenny del Carmen Barra Rosales, de nombre político "Hilda", quien además era estudiante de enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Al indagar en sus antecedentes, los agentes de seguridad se dirigieron al domicilio de la joven en San Bernardo para solicitar más información a su vecino de las actividades de "Hilda".

El día 17 de octubre de 1977, al dirigirse Jenny a su domicilio tras pasar la tarde en casa de su amiga, "fue detenida, sin derecho, por agentes de seguridad, quienes, acto seguido, la trasladaron al mismo recinto en que permanecía privado de libertad Tobar Quezada".

Al ser interrogada y sometida a torturas, entregó el nombre de otro miembro del MIR, el fotógrafo Hernán Santos Pérez Álvarez, quien también fue secuestrado el día 19 de octubre de 1977 al salir de un jardín infantil en la comuna de Pudahuel, y trasladado en un auto en el que iba Jenny con tres de los exoficiales condenados, a Villa Grimaldi, según declaraciones de testigos.

Tanto Jenny Barra como Hernán Santos colaboraban activamente para El Rebelde, periódico que difundía ideas anarquistas a través de la poesía.

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Ambos fueron nuevamente trasladados al centro de detención Simón Bolivar, en donde los asesinaron "en fecha no determinada, de manera violenta, a consecuencia de eventos traumáticos provocados por terceros".

Sus cuerpos "fueron arrojados a un socavón de la mina ‘Los Bronces’ en la cuesta Barriga, lugar en que el año 2001 se encontraron solo algunos pequeños fragmentos esqueletizados", porque en 1979 la Central Nacional de Informaciones (CNI) realizó un operativo en el lugar para "extraer los restos de los prisioneros ejecutados, los que fueron removidos y trasladados a un lugar no determinado".

En cuanto a los responsables de estos delitos, se apunta a Miguel Krassnoff Martchenko, quien era el capitán del Ejército a cargo de Villa Grimaldi, y además, "ejercía el mando de los equipos operativos encargados de perseguir y exterminar a los militantes del MIR".

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El otro oficial condenado es Juan Hernán Morales Salgado, que para ese entonces, tenía a cargo el centro de detención Simón Bolivar, según los antecedentes contenidos en el fallo.

En tanto,  "el coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y el teniente coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo se desempeñaron como director, director de Operaciones y subdirector de Inteligencia Interior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), respectivamente".

Quienes, además, continuaron sus operaciones en la CNI tras la disolución de la DINA.

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