A propósito del reciente proceso participativo que se dio con motivo de la cuenta pública ambiental 2024, comparto nuestra opinión respecto a los alcances de la ley N°21.600 (ley SBAP).

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Como Fundación Justicia Interespecie, organización de la sociedad civil enfocada en el reconocimiento de los derechos de los animales y los intereses de la naturaleza, entendemos que la ley SBAP constituye un avance en materia de institucionalidad ambiental, en cuanto a superar la brecha existente en la administración de áreas protegidas a través de la creación de un servicio público único.

Sin embargo, hacemos notar que con la eliminación del artículo que proponía prohibir el establecimiento de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas, el texto final de la mencionada ley omitió el resolver un conflicto presente desde hace años.

La continuidad en el desarrollo de la industria salmonera al interior de áreas protegidas constituye la expansión de una actividad de alto impacto ambiental, que amenaza constantemente la salud del medioambiente marino y las poblaciones de diferentes especies que habitan y se desplazan dentro de ellas.

Se ha visto que esta industria se ha desarrollado de manera muy invasiva, ya que actualmente el 30% del total de concesiones acuícolas de salmones se ubican dentro de áreas protegidas. Diferentes organismos públicos han reconocido que la contaminación marina asociada a la disminución de los niveles de oxígeno en el mar se vincula a las operaciones salmoneras, ello por la descarga excesiva de nutrientes al medio marino, así como las autorizaciones de producción sin límites que superan las capacidades de carga del agua.

Además, se han constatado en diferentes oportunidades las malas prácticas e incumplimientos por parte de las empresas involucradas, todo lo cual ha llevado a declarar en este último tiempo la generación de graves daños ambientales, como es el caso de Nova Austral, por sus operaciones ilegales dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini.

Sumado a lo anterior, diferentes mamíferos marinos se han visto afectados por la instalación y operaciones de la industria salmonera. Eventos como los enmalles ocurren con una frecuencia preocupante, y finalizan muchas veces con resultados fatales. Por ejemplo, durante el año 2022 y primer semestre de 2023, se reportaron 133 individuos afectados por enmalle o ingreso a centros salmoneros, con 33 casos de muerte (32 lobos marinos y 1 marsopa espinosa).

Integrantes de la comunidad científica han comprobado cómo las rutas migratorias de los cetáceos han sido intervenidas por el tráfico marítimo acuicultor, y cuyas colisiones finalizan resultados mortales. Por ejemplo, en 2021 se reportó el varamiento de una ballena azul en Chaitén, y los resultados de la necropsia arrojaron como causa de muerte una fuerte colisión con una embarcación, a tal punto que el corazón del cetáceo estaba fuera de la cavidad torácica.

Y en 2023 se reportó el varamiento de un ejemplar de cría de ballena Franca Austral en Melinka, con indicios de colisión con embarcación. Esta situación es particularmente grave, toda vez que se estima una población de ballenas francas australes aproximada de 50 ejemplares, y al igual que la ballena azul, se encuentra en peligro de extinción, por lo que cualquier situación de colisión con resultado de muerte, afecta significativamente su conservación.

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Se ha reconocido a los cetáceos como seres sociales, sintientes, conscientes y muy inteligentes, quienes han iniciado un proceso de extender su longevidad para contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones y así detener su extinción. Por tanto, los constantes impactos que enfrentan dentro de sus rutas migratorias innegablemente conllevan al deterioro del océano que es su hogar, entorpece su desarrollo libre y pleno, comprometiendo en definitiva su supervivencia.

Si cada área protegida fue creada para garantizar determinados objetivos de protección, muchos de los cuales atienden a la conservación de las diferentes poblaciones de animales marinos, es contradictorio mantener las operaciones salmoneras dentro de estas, ya que implica innegablemente maximizar sus impactos.

Entonces nos preguntamos ¿Qué nivel de efectividad tiene un área protegida como medida para la protección del océano y la biodiversidad marina, si las diferentes poblaciones de animales que transitan dentro de ella se encuentran constantemente amenazadas por la salmonicultura establecida en su interior?

Nos parece que el haber permitido la continuidad de las operaciones salmoneras al interior de áreas protegidas, en primer lugar, impide cumplir con uno de los objetivos establecidos en la misma ley SBAP, relativo a la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país.

En segundo lugar, esta situación atenta contra el principio precautorio, el cual está reconocido como una base para la regulación pesquera y acuícola en la actual Ley General de Pesca y Acuicultura. Lo anterior además tiene mucha relevancia para los frecuentes eventos de varamientos de cetáceos, y si bien existen casos aislados en que se han determinado sus causas de ocurrencia, aún existe incerteza científica frente a sus causas y respuestas.

Lamentablemente, los registros de varamientos de cetáceos han ido en aumento. Solo entre 2009 y 2022 estos aumentaron en un 600%, y se ha reconocido que Chile aún no cuenta con programas efectivos para darles respuestas.

De haberse excluido a la industria salmonera en dichas áreas, se hubiese consagrado una medida de mitigación más efectiva frente a los eventos de varamientos de cetáceos y otros impactos que los amenazan, lo cual resultaría muy útil en sitios como la Reserva Nacional Kawésqar, donde transitan un importante número de cetáceos.

Consideramos que el Estado cedió ante a las presiones económicas y sociales llevadas a cabo por parte de la misma industria, logrando así en virtud de la ley SBAP, la continuidad de sus operaciones dentro de áreas protegidas, situación que no ocurre en ningún otro lugar del planeta.

Con la publicación de la ley SBAP esperábamos que el Estado otorgara preferencia a las políticas de protección de las poblaciones de animales marinos y sus hábitats, saldando así una deuda con nuestra biodiversidad marina en el respeto y reconocimiento de sus espacios para su libre y pleno desarrollo.

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Sin embargo, Chile perdió la oportunidad de limitar y detener la expansión de una industria que ha provocado daños ambientales en uno de los ecosistemas marinos más prístinos reconocidos a nivel mundial, afectando los hábitats que constituyen el hogar de un sinfín de seres acuáticos.