En un mundo donde la demanda de recursos estratégicos como el litio continúa escalando, la transparencia en las actuaciones públicas no es solo una expectativa ética, sino una necesidad estratégica. El caso del acuerdo entre SQM y CODELCO ilustra vívidamente las complejidades y los desafíos que enfrentan las entidades estatales al navegar en las aguas turbulentas de las grandes corporaciones y sus intereses estratégicos.

[Te puede interesar] Codelco y SQM logran acuerdo definitivo para explotar litio hasta el año 2060

La saga de SQM y CODELCO, más que una mera disputa corporativa, destaca una preocupante falta de transparencia en un sector crucial para el futuro económico de Chile. Este acuerdo, que extiende la operación de SQM en el Salar de Atacama y promete importantes ingresos futuros, ha sido manchado por maniobras que oscurecen la claridad y la equidad del proceso.

En diciembre de 2023, ambas compañías firmaron un Memorando de Entendimiento para explotar conjuntamente una de las reservas de litio más grandes del mundo. Sin embargo, la implementación de este acuerdo ha sido cuestionada no solo por la falta de transparencia sino también por la aparente elusión de los procesos legales establecidos.

La propuesta de articulación de la asociación entre ambas empresas mediante la fusión por absorción de Minera Tarar por parte de SQM Salar, ha sido señalada por accionistas minoritarios de la misma SQM, como un ardid jurídico destinado a eludir la Junta de Accionistas como el espacio natural para la aprobación de este acuerdo. Un mecanismo que existe para proteger a los accionistas minoritarios y establece certezas indispensables para los inversionistas que nuestro país ha intentado instalar por décadas como una característica indiscutida de la institucionalidad nacional.

Estos actos no solo pueden socavar la confianza en las instituciones encargadas de gestionar recursos de importancia nacional, sino que también plantean serias preguntas sobre la legitimidad y la legalidad de los acuerdos que podrían definir la economía de una nación.

La transparencia no es solo un deber legal, sino un imperativo ético que garantiza que todas las partes interesadas, incluyendo ciudadanos comunes y accionistas minoritarios, tengan acceso a información completa y veraz. La pasividad con que el gobierno observa este proceso y la proactividad con que Codelco respalda las actuaciones de los controladores de SQM, no dejan de llamar la atención.

[Te puede interesar] Los 34 delitos que convierten a Trump en el primer expresidente convicto de EE.UU.

El camino hacia un manejo sostenible y ético del litio, un recurso estratégico para Chile, debe ser pavimentado con acciones transparentes que reflejen un compromiso genuino con los principios de gobernanza corporativa y responsabilidad pública. El hecho de que estas negociaciones se lleven a cabo sin un escrutinio adecuado y sin la participación necesaria de todas las partes interesadas no solo es preocupante, sino también contraproducente.

Parece claro que de mantenerse la decisión de los controladores históricos de SQM de no convocar a Junta de Accionistas escudados en una consulta dirigida a la CMF, cuya redacción pareciera haber tenido por objeto obtener una respuesta específica, tendrá como único destino, la objeción del acuerdo por parte de algunos de los accionistas de SQM, transformando el gran anuncio del gobierno, en un espectáculo judicial que termine echando por tierra una estrategia sobre la que el país ha depositado grandes expectativas. En esta oportunidad nadie podrá decir que esto no se vio venir.

Por lo tanto, es indispensable que el gobierno tome una actitud responsable en esta negociación y exija a SQM, con quien espera ser socio por los próximos 35 años, pasar por todas las instancias internas necesarias que aseguren la impecabilidad del acuerdo y garantice la transparencia del proceso.

Este acto no solo fortalecería la posición de CODELCO y SQM en el mercado, sino que también aseguraría que el desarrollo del sector del litio chileno se realice de manera beneficiosa y sostenible para todas las partes involucradas, resguardando el futuro económico de Chile.

[Te puede interesar] Fiscalizaciones al comercio ambulante en Estación Central: Justicia confirma que es legal

La integridad de las actuaciones públicas, especialmente cuando están en juego los intereses estratégicos de un país, no es negociable. Es tiempo de demandar y practicar una transparencia a prueba de interpretaciones que ensombrezcan el interés público del acuerdo. Solo así se puede garantizar un desarrollo justo y equitativo, no solo para los actores corporativos sino para toda la sociedad.